Millonarios contratos, relaciones laborales o personales, y posiciones estratégicas, son parte de lo que parece ser un bien pensado andamiaje de blindado para la administración del ex alcalde Jaime Díaz Ochoa, en la actual de Gustavo Sánchez. A ocho meses de su cuestionable gestión, no existen resultados en materia de fiscalización, al grado que uno de los casos más lamentables, el incendio del asilo de ancianos, ni siquiera cuenta con expediente para encontrar responsables
Funcionarios ligados directa o indirectamente a la administración del ex alcalde Jaime Díaz Ochoa, ahora son los encargados de investigar que los recursos y programas que se emplearon en el trienio anterior, se hayan llevado a cabo de manera eficiente y respetando la Ley. Pero a ocho meses del inicio de la gestión de Gustavo Sánchez, y a pesar que él mismo declaró al tomar posesión que había encontrado una administración en ruinas, endeudada y sin recursos, no se ha concluido investigación alguna contra la administración anterior.
Pese a que existen investigaciones contra el ex edil y su administración, lo cierto es que tanto el alcalde como la síndico sostuvieron negocios con Díaz Ochoa, el primero de ellos por medio de contratos millonarios y al entregar posiciones estratégicas a ex empleados de Díaz, evidencian un posible conflicto de intereses que representaría un “blindaje” a la gestión del polémico panista, dos veces presidente municipal de Mexicali.
En entrevista, Gustavo Sánchez indicó que hay importantes avances en las indagatorias, y afirmó que si hubo irregularidades irán por todos, incluyendo a Díaz Ochoa.
Solo durante el proceso de entrega-recepción, la Sindicatura Municipal recibió observaciones de 22 dependencias, de las cuales se emitieron 320 acuerdos, se giraron 286 oficios, 197 citatorios, 67 servidores públicos ya recibieron el citatorio y se han llevado a cabo 107 comparecencias entre el primero de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2017, informó la síndico procuradora Blanca Irene Villaseñor Pimienta.
Los despachos de Gustavo y la síndico
Desde que Gustavo Sánchez anunció sus intenciones de competir por la alcaldía de Mexicali, se dudó de su imparcialidad hacia Díaz Ochoa no solo por la militancia en el mismo partido, sino porque este último contrató al despacho Sánchez, Aguilar, Esquer y Asociados, SC, encabezado por el hoy alcalde, el ex secretario de Finanzas, Manuel Aguilar Bojórquez, y Reginaldo Esquer Félix, para la prestación de servicios profesionales en materia fiscal.
Por dichos contratos públicos, se anota en la página de internet del Ayuntamiento de Mexicali que la empresa de Sánchez Vázquez recibió 6 millones 542 mil 433 pesos con 66 centavos; además, no hubo concurso de selección y se desconocen los resultados obtenidos por el XXI Ayuntamiento con sus servicios.
La hoy síndico Blanca Irene Villaseñor Pimienta también se benefició con un contrato en la administración de Díaz Ochoa, por medio de consultoría para el Bosque de la Ciudad, a través de la empresa BV&GM Asociados.
Según la solicitud de transparencia INFOMEX 566-14-019, el despacho firmó un contrato para recibir 17 mil 400 pesos mensuales por brindar asesorías para la gestión del zoológico de la localidad.
Esta empresa de consultoría, fundada en 2011, de la que dio fe el notario Arturo López Corella -esposo de Maribel Avilez Osuna, ex oficial mayor con Jaime Díaz-, tiene como descripción “prestar servicios de asesoría y consultoría jurídica en general, y en especial en las áreas de derecho corporativo, específicamente en inversión extranjera, comercio exterior, propiedad intelectual, sociedad en general, derecho laboral, derecho fiscal, derecho ambiental, derecho financiero, dictaminación jurídica, contabilidad en general, mercadotecnia, economía, recursos humanos, servicios de auditoría para efectos contables y fiscales; y en general todo tipo de servicios, asesorías y consultorías necesarias para el desarrollo de empresas nacionales y extranjeras”.
De ese acuerdo, Villaseñor Pimienta dijo que solo estuvo un año proporcionando asesoría en materia laboral.
BV & GM Asociados recibió otros contratos durante este periodo en el Congreso del Estado, cuando su hoy jefe era diputado, y del Fideicomiso Autopista La Rumorosa (Fiarum) percibió 44 mil 400 pesos por dos meses de trabajo en el primero y 117 mil 710 pesos por año en el segundo.
Como socio tiene al contador público Gustavo Maciel Borrayo, quien fungió como representante legal de la empresa en otro contrato realizado para asesorar al Patronato del Parque Vicente Guerrero durante la gestión del priista Francisco Pérez Tejada.
En ese entonces, el domicilio fiscal proporcionado era Calzada de las Américas número 233, Colonia Cuauhtémoc Norte, donde según información de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), se encontraba el despacho Arroyo, Díaz, Martínez y Villaseñor, en el cual la síndico mantuvo sociedad con el panista Manuel Díaz Lerma, hermano de Ronaldo, actual subdirector de Operación y Seguimiento de la Secretaría del Ayuntamiento.
Más “ligas” Sánchez, Villaseñor y XXI Ayuntamiento
Como se precisó en el párrafo anterior, la síndico fue socia del despacho Arroyo, Díaz, Martínez y Villaseñor, donde también laboró su hermano Alfonso Villaseñor Pimienta, quien según la información establecida en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), fue secretario de una asociación civil llamada A Toda Prueba, cuyo objetivo era “La realización de todo tipo de actividades y eventos a efecto de lograr llevar a la Presidencia Municipal de Mexicali, BC al Lic. Jaime Rafael Díaz Ochoa y demás que se mencionan en la cláusula”.
En esa agrupación formada en el año 2000, destacaban nombres como el hermano de Jaime Díaz, Mario Arturo, y Alfonso Javier Cota de Anda, socio del ex alcalde en una empresa llamada Polar Freeze Cooling Systems, SA de CV.
Por otro lado, la síndico mantuvo una relación laboral cercana con Maribel Avilez Osuna, cuando fueron apoderadas legales de la Promotora Estatal para el Desarrollo de Comunidades Rurales y Populares, hoy CID. Eso fue en 1999, un año antes de la primera victoria de Díaz Ochoa y, según consta en el RPPC, compartieron labores con Gerardo Antonio Arroyo Acosta, Manuel Díaz Lerma, Bernardo Herberto Martínez Aguirre y su hermano Alfonso, con quienes posteriormente formarían los despachos mencionados. Su posición de apoderados del CID fue revocada hasta 2015 por Francisco Javier Paredes, hoy director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).
Ante ello, Villaseñor Pimienta señaló que ha trabajado en algunas ocasiones con la ex oficial mayor Avilez Osuna, pero “hace muchos años”, por lo que niega un conflicto de interés en su investigación.
Sin embargo, reconoció que pertenecen a la misma Asociación de Abogados Laboristas de Mexicali, y que trabajó con ella en la Dirección de Previsión Social y en el Tribunal de Arbitraje durante el periodo de Ernesto Ruffo como gobernador del Estado.
Referente al tema de su hermano, indicó que no pueden cargarle pesos ajenos, ya que cada quien es libre de formar parte de partidos políticos o campañas, ya sea por amistades o ideales.
Señaló que ella siempre se ha dirigido con pulcritud y que cuando pertenecía al Tribunal de Arbitraje, algunas personas la presionaron para emitir sentencias hacia un lado, incluso intentaron convencerla por medio de su hermano, pero negó haberse prestado a esas irregularidades.
Contraloría y jurídico por “ex Díaz”
Además de ello, tres puestos importantes en Sindicatura Municipal fueron ocupados por personas relacionadas con el trienio de Díaz Ochoa, y pese a tener conocimiento de sus anteriores labores, decidieron incorporarlos a la nómina encargada de la fiscalización.
Destaca entre ellos la directora de Contraloría, encargada de investigar y sancionar a los involucrados en omisiones o faltas en los diversos sectores de la administración. Dicho puesto fue ocupado por la abogada Lourdes Robles Pérez, quien solo cambió de oficina, pues durante la gestión de Jaime Díaz ocupó la Coordinación Jurídica de Oficialía Mayor.
Su labor, como consta en el currículum visible a través del portal del Ayuntamiento de Mexicali, era analizar documentación laboral de los empleados municipales, además de contratos de análisis en materia laboral, la notificación de rescisión de la relación laboral, contestación de informes dirigidos a las autoridades y el análisis y opiniones en materia laboral y administrativa. Era una pieza clave y cercana a Maribel Avilez Osuna.
También se encuentra la hoy jefa del Departamento de Capacitación Jurídica, Alma Azucena López Zazueta, quien laboró en la Subdirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento y posteriormente fue nombrada jefa del Departamento de Atención al Cabildo de Mexicali. También fue apoderada del Patronato de las Fiestas del Sol durante el mismo trienio.
Entre sus actividades estaba la “Revisión y elaboración de convenios y contratos a suscribirse por el Presidente Municipal, elaboración de Proyectos para Sesiones de Organismos Paramunicipales, opiniones jurídicas, entre otras”. Posteriormente se encargó de dar atención a temas de Cabildo.
El último puesto lo ocupa Paula Carina Borbón García, quien en 2015 fue apoderada del Patronato de las Fiestas del Sol. Hoy es directora jurídica de Sindicatura Municipal.
Sobre estos tres casos, la síndico respondió y respaldó la ética y profesionalismo de sus funcionarios, quienes pese a que ocuparon puestos en la pasada administración, consideró no hay motivos para dudar de sus capacidades y su desenvolvimiento en los cargos conferidos.
En el caso específico de dos de ellas, habló claramente y les explicó sus intenciones al frente de Sindicatura: “Cuando me acerqué a Karina, no somos amigas, pero sí colegas, creo que es una persona de principios y lo primero que le pregunté es que no quiero conflicto de intereses o que revisaste algo que tú hiciste”, expuso Villaseñor.
Sin embargo, señaló que en caso que tuvieran que investigar un tema específico sobre ellas, se tendría que pasar a otras personas.
Las principales irregularidades
Villaseñor Pimienta aseveró que hay importantes avances en el tema de investigación, pero no podría informar sobre ello para no afectar el debido proceso de cada uno de los involucrados.
En la entrevista realizada en su oficina, la síndico aseveró que de las 22 observaciones de las dependencias, cuatro ya fueron absueltas. Además, ya se emitió una sanción contra un funcionario municipal, pero tampoco quiso informar nombre o por lo menos la dependencia de la que se trata.
Agregó que las principales irregularidades son en los inventarios, pues lo que se recibió no coincide con lo que se cuenta, y la adjudicación directa de proyectos y obras que debieron ser licitadas. Tampoco pudo establecer cifras, montos o dependencias, pero reconoció que ese tema es el más delicado. Sin embargo, consideró que algunas veces el recurso para obras se entregaba en diciembre y tenía que ser gastado el mismo año, por lo que la entregaban de manera directa.
Por otro lado, respecto al asilo de ancianos del Ejido Querétaro, donde 19 personas perdieron la vida, confesó que no existe una investigación al respecto, pese a que la Procuraduría General de Justicia del Estado ya informó que se investiga a funcionarios y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya emitió recomendaciones a las dependencias.
“Yo pregunté y no tenemos una carpeta sobre el asilo de ancianos, al abrir una carpeta de investigación, pero por ser un tema tan delicado debió ser prudente, no tenemos expediente. Lo estamos analizando, lo estamos valorando”, indicó Blanca Irene Villaseñor.
Referente al tema Racota, donde se inflaron facturas para reparación de patrullas en talleres ligados a militantes del partido Movimiento Ciudadano, comentó que la investigación ya terminó y esperan próxima sentencia, pero al ser cuestionada sobre si el hoy regidor Adrián Marín Cota podría tener alguna intervención para evitar sanciones, la funcionaria dijo que no puede dar detalles del proceso.
Sobre el Sistema Rápido de Transporte (BRT), argumentó que su administración abrió un expediente, aunque no necesariamente habría sanciones. Y es que resulta ilógico que durante tres años estuviera “congelada” una obra sin motivo alguno, pues representó un gasto importante.
De igual manera, la encargada de emitir sanciones a funcionarios públicos afirmó que un tema que investigan y no es tan mediático es el actuar de Sindicatura en la pasada administración, pues existen cuentas públicas de 2010 a 2016 que fueron rechazadas y no se llevó a cabo procedimiento alguno.
Agregó que son en total 42 cuentas públicas, entre rechazadas y con observaciones que no fueron atendidas correctamente y fueron archivadas sin siquiera revisarlas, lo que representa una irregularidad. Fueron halladas en cajones de oficinas y no formaban parte de la entrega-recepción, por lo que comenzaron a revisarlas para intentar proceder contra ex funcionarios y se abrieron expedientes contra exempleados de Sindicatura en el periodo del finado perredista Humberto Zúñiga.
Pese a sospechas, IP respalda a Gustavo
Pese a que existen indicios que relacionan a ambas administraciones y podría darse un “blindaje”, para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no existe un conflicto de intereses por parte de la síndico y del propio alcalde.
Entrevistado previo al análisis del Sistema Anticorrupción en el Congreso del Estado, Rodrigo Llantada aseveró que existe confianza en Blanca Villaseñor y en su equipo, descartando así que este hecho pueda generar conflicto de interés.
“Creemos en la imparcialidad de la síndico y en su integridad como persona”, reiteró el titular de Coparmex Mexicali, a la vez de aclarar que el alcalde les prometió sanciones contra ex funcionarios, solo que trabajan en robustecer las 13 carpetas que tienen activas.
“Yo creo que todos quisiéramos que ya hubiera consecuencias, hay elementos suficientes en varios casos, vamos a darle un voto de confianza al alcalde”, declaró Llantada, quien por último, indicó que uno de los temas que más preocupa al organismo empresarial es la basificación de 113 burócratas de manera irregular, entre estos la sobrina de la ex dirigente sindical Victoria Bentley, y algunos más en áreas como la Policía Municipal, donde se supone, no pueden realizarse estas acciones.
