El Departamento de Estado estadounidense ubicó, por tercer año consecutivo, a México como un país corrupto, tanto en el sector público como en el privado, donde es muy común el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno, la falsificación de facturas y otros fraudes, como el desvío de fondos públicos a empresas de forma ilícita.
“A pesar de que la corrupción del sector público y privado se puede encontrar en muchos países, la colaboración de actores gubernamentales con organizaciones criminales (a menudo derivados de intimidación o amenazas) presenta serios retos para el Estado de Derecho en México”, indica el texto titulado Informe anual sobre el Clima de Negocios en el Mundo 2017.
EU recordó que México ocupó el lugar 123 de 176 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2016, el último de las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuando un año antes alcanzó el puesto 95 de 168 naciones.
“Representantes de negocios, incluyendo compañías de EU, creen que fondos públicos son a menudo desviados a compañías privadas e individuos debido a la corrupción, y perciben que el favoritismo está extendido entre funcionarios gubernamentales dedicados a adquisiciones”, indicó el Departamento de Estado estadounidense.
En el informe, en que incluye un análisis de prácticamente todos los países del mundo sobre las condiciones que ofrecen para hacer negocios, el Departamento de Estado de EU enfatizó en que la respuesta del Gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir la corrupción ha sido “lenta e ineficaz”.
Por otra parte, ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que durante el 2016, el costo de los actos de la corrupción en el sector privado fue de mil 600 millones de pesos, mientras que un 82.2 por ciento consideran que dichos actos son frecuentes por parte de los funcionarios públicos.
Estos fueron los resultados arrojados por la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE). En esta se conoció que 64 por ciento de las empresas consideran que los actos de corrupción a los que se enfrentan son para la agilización de trámites, mientras que los otras dos principales motivos son la evasión de multas o sanciones y la obtención de licencias.
De acuerdo con la ENCRIGE, los costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, que representan 0.56 por ciento del PIB nacional. Mientras que el costo promedio de corrupción por cada empresa en 2016, fue estimado en 12 mil 243 pesos.
Las 34 mil 681 empresas encuestadas estiman que el total anual que perdieron para pagar actos ilícitos, es de mil 600 millones de pesos, durante 2016. Según la encuesta, el Estado de México, Guerrero y Tlaxcala fueron las entidades con la mayor tasa de corrupción al realizar trámites o inspecciones.
