El Ayuntamiento de Tijuana presentó esta mañana ante el Congreso del Estado, una solicitud de juicio político y una petición para la destitución inmediata de la magistrada Flora Arguilés, quien hace unos días otorgó una suspensión provisional a favor de los “Taxis Amarillos”, para que estos puedan mantener los nueve sitios que tienen en la Línea Internacional.
Raúl Felipe Luévano, Secretario de Gobierno Municipal, resaltó que esta solicitud se interpuso porque con el hecho de que la magistrada haya otorgado esa suspensión en favor de “un grupo minoritario, que se maneja a base de intereses económicos y que viene a afectar la armonía, la tranquilidad, el ordenamiento y la paz de esa área (Línea), está “mal utilizando” el derecho y la aplicación de la justicia por razones de “desconocimiento, conveniencia o por corrupción”, directamente en contra de la ciudadanía.
Agregó que en todo momento (la magistrada) debe velar por los intereses de la ciudadanía y por la justicia, lo cual no ha hecho de esa manera provocando un menoscabo al Ayuntamiento y la ciudadanía, dijo, ya que la magistrada eso es lo que precisamente juró: “velar y salvaguardar los intereses generales de la ciudadanía”.
Esta mañana se presentó ante el Congreso del Estado, una solicitud de juicio político y una petición para la destitución de la magistrada Flora Arguilés
El funcionario municipal argumentó que el Ayuntamiento, como muchos de los ciudadanos, se siente primeramente “agraviado” por el actuar de un grupo de transportistas en las inmediaciones de la Línea Internacional, quienes venían poseyendo unos sitios de taxi que fueron revocados por el Ayuntamiento, y que de esa situación obtuvieron una suspensión provisional por parte de la magistrada Flora Arguilés.
Suspensión que decidieron “no acatarla”, por el simple hecho de velar por los intereses de los ciudadanos, ya que consideraron que las actuaciones de la magistrada “no son apegadas al derecho, porque no fue escuchada la parte del Ayuntamiento y únicamente se tomó en cuanta la parte de los transportistas, quienes, dijo, presentaron como medios de prueba únicamente recibos de pago del 2015.
Aun así, manifestó, la magistrada tomó esta decisión que consideró va en contra de los ciudadanos y del ordenamiento vial de esa zona, “que es muy conflictiva”, porque no permite la movilidad y la transformación de esa área, la cual es una de las más importantes de la ciudad.
Otro hecho que resaltó Luévano, fue que cuando asumieron la responsabilidad de defender los derechos de los ciudadanos y que dijeron que no cederían el espacio para que volvieran los taxistas a ocupar la vía pública, “porque realmente se sentían como dueños”, la magistrada les interpuso una sanción a los funcionarios involucrados, Marco Antonio Sotomayor, Secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), y Javier Salas Espinosa, Director de Vialidad y Transporte Municipal.
Sanción que de acuerdo al funcionario se realizó a pocos días de que se fueran de vacaciones (los magistrados), pero “lo sorprendente fue que antes de irse y sin esperar el término de si se cumplimentaba o no, que eran tres días, interpuso otra sanción en contra de los mismos funcionarios, obviamente obligando a que se les diera el beneficio de que regresarán estas personas (los taxistas amarillos)”.
Derivado de esta situación el Ayuntamiento les contestó con “un rotundo no”, y que no accederían a esas presiones, por lo tanto, dijo, asumirán la responsabilidad administrativa que pueda esto ocasionar, y ante la situación fue que presentaron la solicitud de juicio político porque la magistrada ha mal utilizado el derecho, cosa que no es la primera ocasión en que actúa en contra de los ciudadanos, dijo Luévano Ruíz.
Sobre esta situación, refirió que la magistrada reiteradamente lo ha hecho, el actuar en contra de la ciudadanía, y eso es algo que no lo van a “permitir ni tolerar, que funcionarios que estén para velar por la justicia, obviamente actuando con imparcialidad, se estén conduciendo con imparcialidad”.
Como ejemplo, el Secretario detalló que la magistrada participó ya en dos hechos que han atentado contra la ciudadanía, el primero de ellos favoreciendo a un bar que está en las inmediaciones de un centro habitacional, en Colinas de Agua Caliente, a menos de 50 metros de una primaria, el cual gozaba de ciertos beneficios como un permiso con horario amplio y además provocaba demasiado ruido y escándalos a altas horas de la madrugada.
El segundo caso fue en relación al relleno sanitario de El Jibarito, el cual estaba cancelado porque había llegado a su tiempo de vida útil, sin embargo pretendiendo sacar un provecho la magistrada les otorgó también una suspensión, con una diferencia de 10 meses para la primera audiencia, sin escuchar a los ciudadanos ni al Ayuntamiento, por lo que, dijo, entienden que lo que ahí prevalece es el poder económico, puesto que no tienen otra explicación.
Sin embargo, el propio Secretario de Gobierno aceptó que en caso de que la petición procediera y la magistrada fuera destituida, esto no garantizaría que la suspensión provisional a favor de los taxis amarillos fuera anulada, sin embargo el hecho de que ella ya no esté ahí resolviendo el mismo asunto, si les garantiza de que se puede revocar y que se establezca una persona que sí conozca sobre la materia del derecho.
