Por corrupción, abuso de autoridad y considerarla omisa de su cargo político, el Gobierno Municipal de Tijuana presentó, ante el Congreso del Estado, una denuncia de juicio político en contra de Flora Arguilés Robert, magistrada de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California.
La suspensión concedida por la magistrada al gremio de Taxis Amarillos violenta la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, las normas de carácter municipal reguladoras de la materia en litigio, además de usurpar atribuciones constitucionales otorgadas a los Ayuntamientos; según se plantea en la denuncia presentada el miércoles 26 de julio ante el diputado presidente del Congreso local, Job Montoya Gaxiola.
El secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruíz, acompañado de Leonardo Martínez Delgado, Consejero Jurídico del XII Ayuntamiento de Tijuana, presentaron la petición de juicio político, luego de que el 11 de julio, la magistrada Arguilés concediera al Sindicato de Taxis Económicos de Baja California C.R.O.C., una suspensión por el retiro de nueve sitios que ostentaban como exclusivos en la Línea Internacional de San Ysidro.
Con el actuar de Flora Arguilés, “es obvio que se deducen actos de abierta corrupción, porque no hay otra explicación para sostener tal resolución, ya que los Taxis Amarillos ni contaban con autorización de sitios vigente y el artículo 18 de la Ley de Edificaciones establece muy claramente que los sitios no generan derechos reales, no posesorios, además de que en cualquier momento se pueden revocar”, se lee en la petición de juicio político.
Arguilés Robert emplazó a la autoridad municipal a devolver esos sitios a Taxis Amarillos, algo que para el gobierno de Tijuana excede las facultades de la magistrada y atenta gravemente contra el bien social colectivo y el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal, toda vez que trastorna el orden y la paz de los residentes de Tijuana.
Para conceder la suspensión provisional, la magistrada se basó en el hecho de que la autoridad municipal no concedió el derecho de audiencia previa a los quejosos, ni un desahogo administrativo antes de retirarles los sitios.
El razonamiento de la magistrada Arguilés “omite hacer una preponderación al impacto social que en verdad tuviese, pues se limita a beneficiar al particular y no analiza el daño que causa a la ciudadanía, pues el acto impugnado es originario a los ultrajes que sufrieron los ciudadanos, ocasionados por los demandantes”, se señala en la petición de juicio planteada a la XXII Legislatura del Estado de Baja California.
Respecto a la defensa que la magistrada expuso en la suspensión de que “con la medida otorgada no se causa perjuicio a evidente interés social…”, suposición que la basó por el hecho que los demandantes acreditaron “contar con las autorizaciones correspondientes…”, el gobierno de Tijuana dijo que “los supuestos permisos de sitios que exhibieron en el juicio ya estaban vencidos, pues fueron otorgados el 25 de junio de 2015 y tienen una vigencia de un año”.
Agregó que la medida “únicamente fue en relación al sitio de taxis el retiro de sitios a taxis, que constituye una ocupación temporal de la calle como vía pública y en ningún momento se les afectó sus permisos de operación, como concesión ni cualquier derecho para ejercer su actividad”.
Para el Gobierno Municipal, la suspensión de la magistrada pretende dar inmunidad al gremio de Óscar Morales, al ordenar al secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, “cese cualquier impedimento u operativo que perturbe la utilización de los sitios de Taxis referidos en el acto impugnado, que se lleve o se haya llevado a cabo por sí o a través de sus subalternos y oficiales a su cargo”.
En la denuncia, el municipio pondera el artículo 85 de la Constitución Política de Baja California, que a la letra dice: “Los bienes que integran el patrimonio municipal son inembargables; en consecuencia no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivas por ejecución forzada, las resoluciones dictadas en contra del patrimonio municipal”.
“No he visto ninguna prueba ni algún elemento de corrupción”: Presidente TCA
El magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, presidente del Tribunal Contencioso Administrativo -TCA- del Estado, señaló, respecto al argumento para el juicio político y la petición para la destitución inmediata de la magistrada Flora Arguilés, que hasta el momento no ha visto “ninguna prueba ni algún elemento de corrupción”.
Manifestó que el hecho de prejuzgar a la magistrada bajo el primer acuerdo de suspensión provisional, cuando apenas se está en una fase inicial del juicio, se le hace muy prematuro, sin embargo, resaltó que el Ayuntamiento está en todo su derecho de hacerlo.
Finalmente pidió “que le den la oportunidad a la magistrada”, porque lo que ella emitió solo fue una suspensión provisional y todavía falta que el Ayuntamiento conteste la demanda y que ella, al cabo de 15 días que ya están corriendo, resuelva esa suspensión, pero de manera definitiva.
