Los cargos en contra Lucero Guadalupe Sánchez López, ex diputada panista en Sinaloa, por conspiración para tráfico de drogas dentro de la organización del Cártel de Sinaloa, fueron cambiados de jurisdicción de la Corte del Distrito Sur de California a la del Corte de Columbia.
Por ello, el jueves 27 de julio, un juez federal decidirá si la mujer detenida desde el 21 de junio en el Centro Correccional Metropolitano, una prisión federal de San Diego, California, es trasladada a Washington para que ahí enfrente los cargos por los que se aprehendió cuando intentó cruzar la frontera de Tijuana hacia Estados Unidos.
El fiscal a cargo del caso en la Fiscalía del Distrito Sur de California, Joshua Moller, explicó en entrevista con ZETA, que ayer martes 18 de julio, recibió una llamada de la Corte para que se presentara en una audiencia en la que se le informaría a Sánchez López que los cargos penales que enfrenta, serían procesados en Washington.
De acuerdo con Moller, la mujer se declaró inocente de los cargos y sus abogados se negaron nuevamente a que la declaración financiera de su representada, este documento determinará si tiene viabilidad económica para contratar un abogado privado o se le asignará un defensor público.
Este miércoles 19 de julio estaba programada la tercera aparición de la “Chapodiputada”, como se le bautizó en México después de que se difundieran vídeos de su visita a Joaquín “El Chapo” Guzmán, meses antes de que el narcotraficante escapara por un túnel del penal del Altiplano.
Sin embargo, esta audiencia se canceló, aunque queda pendiente una para este viernes 21 de julio ante la jueza Barbara Major para definir si a la ex diputada se le concederá o no el derecho a fianza.
Según la investigación de agencias federales estadounidenses, la mujer confesó a otro miembro del Cártel de Sinaloa, quien trabajaba como informante para Estados Unidos, que era la novia de “El Chapo” y que había estado con él cuando escapó por medio de una estructura de túneles que conectaba al sistema de drenaje de Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014.
Moller explicó que las agencias federales que participaron en dicha investigación iniciada en Arizona, como el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior, pidieron que la acusación penal se trasladara a Washington, D.C., según le fue notificado ayer.
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