Extorsión telefónica, cobro de piso y homicidios, son delitos de alto impacto que empiezan a permear y afectar en los gremios de profesionales en Tijuana. “Así empezó en 2008”, y por eso representantes de sectores médicos y de la construcción levantan la voz y exigen a las autoridades que la situación no se recrudezca. Desde la PGJE piden no confundir el cobro de piso con la extorsión telefónica, delito que tampoco se combate. Principal línea en homicidio de cirujano plástico, relacionada con su vida personal
Con 861 ejecuciones en Tijuana y mil 109 homicidios en toda Baja California, cometidos entre el 1 de enero y el 19 de julio, el año 2017 presenta un panorama mucho más sangriento que la época más violenta de la entidad, clasificada entre los años 2008 y 2010.
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Los números son claros, de hecho con más de 800 asesinatos en menos de siete meses, la cifra mortal de Tijuana supera las 577 ejecuciones cometidas durante todo 2008, y está muy por encima de las 688 muertes violentas de 2010.
Lo mismo ocurre a nivel estatal, los más de mil 100 cadáveres contabilizados hasta el momento en el Estado están muy por encima de los 853 acumulados durante todo 2008 y los 884 acumulados en 2010.
En ese violento contexto, esta semana continuó el asesinato de doctores.
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El sábado 15 de julio a las 3:28 pm, en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), las autoridades reportaron la localización de un hombre víctima de homicidio, tres horas después, este asesinato destacó entre los cuatro ocurridos ese día, porque “…en el auto encontraron una bata blanca de doctor del Hospital Ángeles”.
Se trataba de otro médico asesinado, el tercero en menos de 13 días en Tijuana.
Jose Maria Gonzalez Martínez, Subprocurador de Investigaciones Especiales
Así, el homicidio del médico y cirujano plástico egresado de la Universidad Autónoma de México, Ricardo Antonio Romero Parra, se sumó al de Jesús Pascual de Dios Castañeda, de 28 años de edad, localizado estrangulado el domingo 2 de julio en Rosarito; y al de la doctora Alma Angélica Ciani González, a quien privaron de la vida a balazos el lunes 3 de julio en Tijuana.
El caso del doctor Romero se reportó como el incidente 1218448/2017, indicaron que en la calle Águila Quinta Sección, entre Avenida Paraíso y Arroyo Grande de la colonia Altiplano, Delegación La Presa -el cirujano vivía en la sección de Indeco Universidad en la delegación Otay-, en el interior de un vehículo Ford Focus color arena, placas AGE459A y registrado a nombre de Antonio Romero Parra, se localizó un “masculino con lesiones al parecer contusas”.
El cuerpo del médico lo encontraron dentro del carro que estaba con todas las ventanas cerradas; en posición fetal, del lado del copiloto, con la cara hacia la posición del piloto. Las piernas dobladas sobre el piso del auto, y el resto del cuerpo recargado en el asiento, el pantalón de mezclilla azul que vestía, estaba subido solo hasta cubrir sus piernas. La camisa a cuadros colores rojo, blanco y negro, metida en sus brazos, pero desabrochada, dejaba al descubierto su pecho y el 60 por ciento de su espalda. Su cara contra el pecho.
Desde afuera se podía apreciar un surco levemente amoratado en el cuello, y una serie de rasguños en la espalda.
Las primeras declaraciones de familiares y testigos en este caso, se dieron el lunes 17 de julio, día que la plana mayor de las corporaciones seguridad del Gobierno Federal, encabezadas por Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, estuvieron en Tijuana. El tema se ignoró.
ZETA preguntó en la Procuraduría General de Justicia del Estrado (PGJE) si existía alguna relación entre la muerte violenta de Rafael Antonio Romero Parra y la de Jesús Pascual de Dios Castañeda, ambos médicos, los dos con residencia en el Hospital Ángeles y abiertamente homosexuales; se cuestionó si podría tratarse de crímenes de odio, la respuesta fue negativa.
“El cuerpo de Jesús de Dios fue abandonado en Rosarito, pero también se le está dando seguimiento aquí en Tijuana, donde él tenía su actividad, y el expediente está muy avanzado, ya sé tiene un presunto responsable pero se está trabajando”, se informó, además, los ministeriales ya identificaron a las personas con las que Rafael estuvo antes de ser asesinado.
“También se está buscando la información y el perfil de las personas con las que se citó previo al ataque”, comentó José María González Martínez, subprocurador de Investigaciones Especiales.
Jorge Alberto Àlvarez Mendoza, Subprocurador de Justicia en Tijuana
— ¿Lo mataron a golpes, como indicaba el primer reporte?
“No; lo asfixiaron”.
— ¿También lo golpearon como se mencionó en los primeros indicios?
“Presenta lo que parecen huellas de arrastre en la espalda, sí está muy lastimado, pero aún se están haciendo los trabajos pertinentes, la investigación inició el lunes. Ya platicamos con la gente cercana a él, y podemos decir que este caso se va a resolver porque al momento todo indica que es un tema personal, no hay vuelta de hoja”, describió González.
Sin amenazas doctores del Hospital Ángeles
ZETA se comunicó dos días seguidos con la secretaria del director del Hospital Ángeles, Paulo César Yberri Tirado, para solicitar una cita con la idea de obtener información del perfil médico del doctor Romero y un posicionamiento respecto a las dos muertes; en ambas ocasiones respondieron que del hospital se comunicarían, pero al cierre de esta edición, no lo hicieron.
De manera extraoficial se conversó con algunos médicos que explicaron que en la torre laboran entre 180 y 190 doctores, que tiene una asociación y se reúnen periódicamente. Detallaron que tras los asesinatos han platicado y ninguno de ellos ha recibido llamadas de amenazas, extorsión o de cobro de piso, “…no es algo que se esté dando en la torre”.
Tampoco creen que sus compañeros hayan sido víctimas de cobro de piso porque no eran doctores de alto perfil económico. Jesús de Dios apenas se acababa de comprar un carro, y en el caso del cirujano plástico Parra, no tenía mucho tiempo en la ciudad -tres o cuatro años-, hay otros con mayor arraigo que la gente los ve circular en carros del año.
“Creemos que fue coincidencia, eso no quiere decir que no exijamos que encuentren al homicida”, comentaron.
Los médicos emitirán un comunicado para manifestar cómo la violencia ha alcanzado a todos los niveles, y exigir se aclaren los casos, que se busquen responsables; invitarán a la sociedad a unirse y a denunciar cuando sean víctimas de delito, a que participen activamente para exigir que se frene la violencia.
Los que acusan cobro de piso
Efectivamente, la comisión de delitos de alto impacto ha incrementado en el Estado. Además, se ha diversificado. Esta semana, Yesenia Espinoza, presidenta del Colegio de Médicos Generales de Tijuana y Víctor Manuel Escobar Sánchez, titular de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California (Amicbc), declararon que profesionales de la salud y la construcción están siendo víctimas del cobro de piso, que criminales les cobran para permitirles trabajar sus negocios.
Enrique Schulz Robles, presidente del Colegio Medico de Tijuana A.C.
Este Semanario consultó en la PGJE, donde indicaron que salvo los tres casos ocurridos y resueltos entre marzo y abril de 2017, no tienen alguna otra denuncia por ese delito: un empresario mueblero, un proveedor de cemento y el dueño de un taller de carrocería.
Entrevistada al respecto, la doctora Espinoza planteó: “¿Y dime quién va ir a decir que tiene cobro de piso?, si cada vez que hay un cambio de gobierno se viene una revuelta, la violencia se va para arriba y la lucha de cárteles… y no lo digo yo, los sociólogos lo han publicado en libros, hay que acomodarse otra vez. Es sabido que la delincuencia está infiltrada en cuestiones de gobierno”.
— ¿Tiene denuncias en su colegio?
“En mi colegio no, nosotros como médicos generales, los ingresos son menores que los de un especialista”.
— Entonces, ¿cómo le ha llegado a Usted la información?
“Porque hay algunos compañeros que de alguna manera lo externan, pero nadie quiere decir más. Nadie me ha dicho directamente que le estén cobrando, me dicen ‘hay un doctor de tal lugar’, sobre todo de gabinetes que manejan un flojo mayor de pacientes e ingresos mayores”, sostuvo durante el encuentro con la prensa.
Espinoza agregó que su denuncia pública es para levantar una alerta:
“Le pediríamos a la autoridades que tomaran cartas en el asunto porque no nos queríamos ver como gremio golpeados nuevamente como en 2008. Y así empezaron, uno aquí, otro allá, y después llegaron hasta secuestrar al director del IMSS, una institución de nivel federal. Lo que ahorita nos preocupa es que se está dando la misma situación de manera esporádica”.
El ingeniero Víctor Manuel Escobar Sánchez coincidió en la necesidad de hacer un alto y encender los focos rojos. “Es un llamado de alerta para no terminar igual, necesitamos que nuestras autoridades ya empiecen a vigilar esta situación, que nosotros como empresarios podamos tener la cultura de la denuncia, la cultura de no dejarnos, yo creo que el temor es el principal enemigo que tenemos cuando se nos viene un problema de estos, y hay que tener el carácter”.
Cesar Romero, CMIC
En cuanto a los dos casos de cobro de piso que se han dado entre sus agremiados, detalló:
En el caso de un empresario ferretero, “hace dos meses, él presentó denuncia, le estuvieron exigiendo con palabras textuales que tenía que pagar piso cada mes, por eso nosotros suponemos que es cobro de piso”.
— ¿Le siguieron pidiendo dinero?
“No que ya sepa, pero sigue con su vida muy cambiada y con miedo de que si se da más información, su familia sea afectada y a las filtraciones”.
— ¿Él pagó?
“No pagó, denunció, que es importantísima la denuncia de parte de todos, para que de verdad se tomen las medidas y las autoridades tengan en cuenta lo que está sucediendo.
“En el segundo caso, la víctima era hijo de la empleada de uno de nuestros socios, tenía un taller mecánico, para el lado Este de la ciudad, en el Guaycura, y le estuvieron pidiendo piso, fueron a requerirle el pago de piso mensual de 10 mil pesos y a lo que nos comentan, el muchacho que lo asesinó tenía entre 16 y 20 años”.
El titular de la Amicbc comentó que después de la denuncia pública donde exigió respuesta, “el día de hoy (19 de julio) a primera hora se reportó la procuradora Perla Ibarra también para ponerse a la orden y darle seguimiento a los casos, y nos pidió ser atendidos por el subprocurador José María González Martínez”.
— ¿Sus agremiados reportan cobro de piso o extorsión?
“Extorsión telefónica, sí muchas llamadas, esas de que ‘soy del Cártel de Juárez, soy del Cártel de La Línea y de Los Chapos’, de todo eso, pero se ignoran. Lo que es la realidad, el cobro de piso que teníamos en 2008-2009, que hasta los taqueros pagaban piso por tener sus negocios. Casos específicos que tengamos bien seguro de ellos, con excepción de estos dos, los demás nuestros socios no nos han dicho”.
Actualmente sin cobro de plaza a sectores: CMIC y Colegio Médico
Enrique Shulz Robles, presidente del Colegio Médico de Tijuana, Asociación Civil, expuso que sí hay mucho miedo entre los médicos, pero que tras la muerte de los doctores, él y su secretaria hicieron llamadas a alrededor de 300 de sus agremiados, desde gente que tiene consultorios modestos, hasta empresas en la Zona Río. “Lo que se ha comentado al Colegio es que nadie ha pedido cobro de piso, claro, estoy hablando de una muestra de 300 médicos en la ciudad.
Ingeniero Víctor Manuel Escobar Sánchez, titular de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California
“Dos personas que me pidieron anonimato me dijeron que recibieron llamadas, pero por teléfono, hasta a mí me han hablado, esas son comunes. Pero de que vayan y pidan piso, eso no, pero no somos ajenos a que se respira un ambiente feo, un ambiente de incertidumbre, y un ambiente de impunidad”.
Ante los hechos violentos, solicitaron y de manera inmediata tuvieron respuesta del secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Sotomayor, “a quien reconozco la disposición, y le estamos exigiendo porque la ciudadanía tiene esa facultad de exigir por lo menos qué es lo que está pasando. Y que hagan lo necesario para evitar estos delitos”, argumentó Shulz.
Por el lado de los constructores, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tijuana, César Romeo Sauceda, coincidió: “No tengo yo sinceramente ningún reporte de que alguna persona esté sujeta a cobro de piso, o que tenga amenazas, no tengo en la cámara ningún registro. Ya lo supiera, hoy (19 de julio) tuvimos una reunión de comité directivo y nadie dijo que le estén cobrando por trabajar”.
— ¿Y extorsión?
“Sí, hay algunos que dicen que han recibido llamadas de teléfono, ‘te habla tu primo, tu hermano tu tía’, que La Familia Michoacana. Digo, ya casi nadie cae, porque hemos tenido pláticas con el Ayuntamiento, con el Estado, con el tema de seguridad y, ya cuando recibimos una llamada de número desconocido no se contesta. Sigue habiendo algunas extorsiones telefónicas, pero ya es muy poco probable que un constructor caiga. Yo creo que en los últimos ocho meses, unos dos casos, pero no les hacen caso, les cuelgan y se termina el tema”, finalizó.
Dos médicos y siete constructores denuncian extorsión telefónica
En lo que va de 2017, la Subprocuraduría del Estado en Zona Tijuana ha recibido 226 denuncias de extorsión telefónica: dos corresponden a médicos, uno fue víctima en la delegación Playas y el segundo en la Zona Centro; otras siete denuncias corresponden a personas ligadas al ramo de la construcción: dos albañiles, dos contratistas, un arquitecto, un ingeniero y un empleado. Los montos pagados van desde 4 mil a 500 mil pesos.
“Los casos de extorsión telefónica son muchos, la mañana que le hablan a un doctor le hablan a otros veinte, dalo por un hecho, mi estimación es que solo el 10 por ciento denuncia la extorsión telefónica”, expuso el subprocurador de Zona, Jorge Alberto Álvarez Mendoza.
Dra. Yesenia Espinoza, presidenta del Colegio de Médicos Generales.
Como ejemplo, este año dos médicos de guardia atendían un consultorio en la delegación Playas, reciben la llamada de un hombre que pide los nombres de ambos, éstos responden, también dan su número celular y después su interlocutor inicia: “A ver tú -llama por su apellido al doctor-, tengo sujetos armados afuera en la calle -nombre de la calle sobre la que está la empresa-, a dos cuadras del hospital tengo gente herida, pero no quiero afectarlos, así que te voy a pedir un favor: reúne material de curación, me lo envías con uno de tus asistentes”, y lo hace.
Después le llaman y le dicen que tienen a su compañero secuestrado en una camioneta, que de él depende su vida y quiere todo el dinero del hospital y va a Oxxo, deposita una pequeña cantidad, después le piden 20 mil y lo amenazan: “Atente a las consecuencias”.
Cuando el médico regresa al hospital sus compañeros le dicen que el otro doctor ya regresó y les informó que cuando arribó al punto donde lo habían enviado, no había nadie.
“Hay una línea muy delgada y mucha confusión entre una extorsión real y una extorsión telefónica, y si un día hablan a extorsionar a cinco colegios, se va a hacer una psicosis generalizada donde dicen ‘a todo mundo están extorsionado’; y si le preguntas a ese grupo, ¿existe la extorsión?, te van a responder que sí. Lo mismo a los médicos, van a decir que todos los días algún médico recibe una llamada para extorsionar”, refirió Álvarez.
“Afortunadamente para mí, el 80 o 90 por ciento no cae, y cuelga el teléfono porque sabe que es una extorsión telefónica”, remató..
Extorsión telefónica impune
Pese a las más de 200 denuncias de extorsión telefónica en lo que va del año, la realidad es que ninguno de estos casos, o los denunciados en años anteriores, han concluido con la captura de los criminales. Las razones dadas por las autoridades son variadas:
– Cuando se solicita información a las empresas, donde se hacen los depósitos a cuentas, llámense bancos Oxxo, Coppel, tardan mucho tiempo en responder.
– Cuando lo hacen, las cuentas que son abiertas y usadas en tres o cuatro ocasiones, ya están inhabilitadas.
– Las llamadas se hacen desde penales donde, primero, no se puede identificar al poseedor del teléfono, y segundo, el Gobierno Federal no ha instalado bloqueadores telefónicos porque se encuentran en medio de comunidades a las que no quieren dejar incomunicadas.
Las empresas que proporcionan datos a los delincuentes, como tiendas que otorgan créditos, bancos, compañías de cable, etcétera, tampoco han sido parte de las investigaciones.
A homicida de Ciani no le pagaron
Fotos: Cortesía.- “Se presume inocente, mientras no
se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP”
“¿Entonces sí me equivoqué? Yo creo que nada más no me querían pagar estos cabrones, me dijeron que no me iban a pagar porque me había equivocado”, palabras más, palabras menos, expuso respecto a los 10 mil pesos que le prometieron como pago, David Ortega Ramos, al ser detenido la mañana del viernes 14 de julio en una tienda de maquinitas ubicada en Avenida Constitución entre calles Novena y Décima, Zona Centro de Tijuana.
Era, según dijo, su lugar de trabajo y adonde se dirigió después de asesinar a la doctora Alma Angélica Ciani González, el lunes 3 de julio. Una vez cometido el crimen, corrió rumbo a la Zona Río, un vehículo lo estaba esperando en un negocio de pizzas, subió, le quitaron el arma, lo dejaron cerca, subió a un camión y descendió en la tienda Dax de la Zona Centro. De ahí se fue caminando a su trabajo.
Respecto a este homicidio, ZETA conversó con el subprocurador de Investigaciones Especiales en Baja California, José María González Martínez, a quien se plantea: ¿Cómo le joven se equivocó?
“Entra al lugar -la plaza comercial-, él pregunta por ‘la doctora’ a unos comerciantes en el acceso al estacionamiento, le señalan el consultorio de la doctora Ciani, y ahí se dirige”.
— Desde el primer día ustedes ya tenían la versión de la equivocación, ¿cómo lo sabían?
“Porque la psicóloga ya nos había dicho”.
— ¿La psicóloga amenazada no trae temas de criminalidad?
“Es por una herencia”, respondió González.
ZETA pudo conocer de manera extraoficial que la psicóloga amenazada fue la segunda esposa de un hombre que falleció, un amigo abogado le dijo que por haber sido su esposa al momento del deceso le correspondía parte de la herencia, y cuando ella empezó a hacer trámites, fue amenazada de muerte.
Respecto a cómo identificaron al autor material, se preguntó por el hecho de que el homicida dejó su teléfono celular en la escena del crimen.
Dra. Alma Angélica Ciani González.
“Encontramos tres celulares, uno de la víctima, otro de uno de sus hijos y, cuando preguntamos por el tercero, la respuesta fue ‘quién sabe’. Pedimos la intervención telefónica, al inicio no pensamos que era del presunto responsable, cuando nos dan la autorización se revisa y encontramos muchísima información del responsable: fotos, se le muestra a los testigos, los hijos de la víctima, lo reconocen, trae unos audios, mensajes de texto que nos sirven para identificar a otros cuatro sujetos…no que participaron en la ejecución”.
— ¿Socios delictivos?
“Exactamente”.
— ¿A David lo identifican porque ya había cometido otros delitos?
“No teníamos nombre, nos pusimos a buscar delincuentes parecidos, y lo encontramos porque había caído en narcomenudeo por posesión, por adicto, así que no quedó antecedente. Y en la Policía Municipal lo detuvieron por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.
“Lo reconocen los testigos, y ya con la telefonía, con las antenas de cómo se movió, se confirma que era él”.
— ¿Había matado antes, se contrataba?
“Dijo que era el primero”.
— ¿Dónde operan sus socios?
“Todos son de El Soler”.
— ¿Quién ordenó a David Ortega el asesinato?
“Es de sus socios y está identificado, también es de El Soler y de la Miguel Alemán”.
— ¿Son de algún grupo específico?
“Yo comentaba que eran mercenarios, porque están al que les pague”.
— ¿Y qué procede, cómo se puede llegar a los autores intelectuales o probar la autoría intelectual?
“Necesitamos llegar al jefe de esos cuatro y, con eso, encontrar elementos de quién lo contrató”.
Esta segunda parte de la indagatoria es considerada más difícil por los investigadores, quienes consideran que necesitaran confesiones. Esto a pesar del optimismo manifiesto de las autoridades durante la conferencia del lunes 17 de julio, para detener a los autores intelectuales.
En el encuentro, Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad, habló de “seguir investigando hasta dar con la persona que contrató a al agresor de la doctora Ciani.
