Durante 2017, Playas de Rosarito y Tijuana han registrado crecimientos exponenciales en número de homicidios dolosos por arriba de la tasa nacional, en un 500 y 400 por ciento, respectivamente, con la diferencia de que en el quinto municipio, no se está dando la atención que un índice de ese nivel requiere, advirtió Francisco García Burgos, presidente de la Fundación Educando Conseguimos Paz, A.C. -EduPaz-.
Aclaró que la cifra de homicidios es mayor en Tijuana que en Rosarito, pero al promediar la cantidad de este delito con el nivel poblacional, se destaca que por cada 100 mil habitantes, “Rosarito tiene un 500% más de homicidios que el promedio nacional, en tanto que Tijuana tiene un 400% más de homicidios que el promedio nacional”.
De acuerdo al censo poblacional 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI-, Rosarito contabilizó 65 mil 278 habitantes, mientras Tijuana contabilizó 1 millón 641 mil 570. De enero a junio de 2017, Rosarito registró 45 asesinatos dolosos contra 714 perpetrados en Tijuana.
Para el ex secretario general de Gobierno en Baja California, el incremento en esta incidencia delictiva se deriva del alto nivel de impunidad que en la entidad, durante lo que va del 2017, se sitúa en un 89%, 5% más que en 2016.
Y detalló, “para el mes de junio se habían cometido 922 homicidios y se contaban 104 detenidos, cifra que significa un nivel de impunidad del 89%”.
Es decir, únicamente el 11% de los homicidios que se cometieron, se logró detener a alguien, “el mensaje que mandan es: ‘tienes una probabilidad en 10 de que te agarren si matas a alguien’”.
La falta de policías, patrullas, agentes de Ministerio Público y de jueces, es una debilidad institucional que genera impunidad a la que solo se puede hacer frente dedicándoles más recursos.
El Gobierno Municipal necesita invertir más recursos en policías para capacitarlos en el proceso de justicia, al ser el primer respondiente con el nuevo Sistema de Justicia Penal.
En el caso del Estado, también se debe contar con más policías estatales y más jueces, “necesitamos un fortalecimiento institucional de lo que está pasando en el tema de seguridad pública y de impartición de justicia en Baja California”. En el caso de la federación, se le deben requerir el ejercicio de mayores fondos para atender esta problemática.
A la par del aumento de recursos y personal, agregó que se debe fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas del Ministerio Público, jueces, contralores o figuras afines en los órdenes de Gobierno Municipal y Estatal; además, concluyó que se debe revisar el marco jurídico vigente, incluido el Sistema Estatal Anticorrupción, desde el punto de vista de la impunidad, para una mejor rendición de cuentas.
José María González Martínez, subprocurador de Investigaciones Especiales -SIE- de la Procuraduría General de Justicia en el Estado -PGJE-, reconoció el incremento en el caso de asesinatos en Playas de Rosarito, no obstante sostuvo que “no se prenden los focos rojos, por el número de habitantes, sí es muy alta la incidencia, pero se trabaja igual, la estrategia no cambia”.
