Gustavo Sánchez, alcalde de Mexicali, también le entró al arrendamiento de los equipos para la prestación de servicios municipales, en este caso patrullas para la seguridad. Un contrato por seis meses por el cual deberá pagar millones de pesos, por unidades que le serán entregadas en los siguientes cinco meses. Salvo la regidora de Morena, el contrato no fue cuestionado en Cabildo. La empresa ganadora -la otra participante incumplió prácticamente todos los requisitos de la convocatoria- fue creada en 2011 por un priista que trabajó para el Gobierno de Arturo Montiel en el Estado de México, y en la campaña de Enrique Peña Nieto
Una empresa con dudoso historial y propiedad de un priista del Estado de México, fue la elegida para proporcionar el servicio de arrendamiento puro de 66 patrullas al Ayuntamiento de Mexicali, por el cual se pagará un monto superior a 12 millones de pesos por un contrato de seis meses, con opción a compra.
Con ese dinero podrían comprarse entre 20 y 30 patrullas que serían propiedad del Gobierno municipal, pero optaron por destinar el recurso federal para su renta, con el argumento de ahorrarse dinero en el tema de mantenimiento.
Lo que destaca es que el recurso proveniente del Programas para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), que se encuentra perfectamente etiquetado, irá a los bolsillos de una empresa mexiquense, cuyo propietario trabajó por varios años bajo el mando de Arturo Montiel y en la campaña del hoy Presidente Enrique Peña Nieto, además de haber pertenecido a la Secretaría de Salud, durante la gestión de Vicente Fox.
Mientras que el regidor Ventura Campos y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública se dijeron a favor de esta medida, pues es un esquema emprendido por el Gobierno Federal que ha dado resultados, su homóloga Alejandra Ang, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consideró que falta análisis en el tema, pues no se les presentaron cifras de lo que esperan ahorrar con dicha adquisición temporal.
La empresa y sus nexos con el PRI mexiquense
LUMO Financiera del Centro, SA de CV, Sofom, ENR, con Registro Federal de Causantes LFC1106205B4 y domicilio en Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, fue fundada en 2011 y pertenece al priista Luis Humberto Montaño García, quien cuenta con varios años de carrera política.
Entre los vínculos detectados del también egresado de la Universidad Panamericana -al igual que el Presidente Peña-, se pudo establecer que ocupó la suplencia de quien fuera diputado de la LVIII Legislatura federal, Reyes Antonio Silva Beltrán, representante de Huixquilucan, Estado de México, en el año 2000, según consta en datos históricos del Congreso de la Unión.
Además transitó por diversos puestos en el Gobierno del Estado de México cuando lo encabezaba Arturo Montiel Rojas, destacando los cargos de subdirector del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México y coordinador de Promoción del Estado, pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Económico. Estos datos pueden constatarse en su declaración profesional y patrimonial, disponible a través de la herramienta Declaranet, del Gobierno Federal.
Ortega Velez, oficial mayor del ayuntamiento
En ese tiempo, el Presidente Peña Nieto también formaba parte del equipo de trabajo de Montiel Rojas.
En 2004, Montaño García fue invitado a ocupar una jefatura de sección en la Secretaría de Salud, en el Gobierno de Vicente Fox Quesada, donde permaneció dos años, hasta que fue nuevamente invitado al Gobierno del Estado de México. También, fue nombrado subcoordinador estatal de Vinculación y Participación Política del Partido Revolucionario Institucional, en el equipo de campaña del hoy Presidente, cuando este buscaba la gubernatura, según una nota publicada por el periódico El Universal el 3 de mayo de 2005, llamada “Harán hijos de gobernadores activismo pro Peña”
La empresa LUMO Financiera del Centro, que cabe señalar es considerada “pequeña” por el Gobierno Federal, cuenta ya con 51 contratos millonarios de arrendamiento con el Poder Ejecutivo, y además tiene presencia en varias entidades del país, como Querétaro, donde formó parte de los proveedores relacionados con la construcción de un aeropuerto, Michoacán y el Estado de México,
Cuenta además con un historial negativo en algunos municipios por cobros excesivos por la renta de vehículos. Uno de los ejemplos más importantes detectados fue el desmedido pago que realizó la administración del alcalde de Mazatlán, Carlos Felton González. El ex edil de extracción panista, también contrató a dicha empresa por medio de una licitación pública en la que presumió la transparencia del proceso.
Sin embargo, la compra generó inconformidad de diversos sectores, según medios locales, por el excesivo pago de renta de 36 unidades tipo grúa y camiones.
Según la licitación LA-825023984-N5-2014, realizada por el Ayuntamiento de Mazatlán, se otorgó a la empresa LUMO un contrato de 4 millones 624 mil 670 pesos con 33 centavos mensuales durante dos años y dos meses, es decir, un total de 122 millones 841 mil 428 pesos con 58 centavos.
Licitación transparente, pero “a modo”
El proceso de licitación LA-802002998-F8-2017, que se encuentra en la página del Ayuntamiento de Mexicali, tenía como objetivo brindar el servicio de “Arrendamiento Puro de Equipo de Transporte para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Baja California”.
La convocatoria se emitió el 7 de junio, se citó a los interesados para el día 13 del mismo mes, fecha en que se llevaría a cabo la junta de aclaraciones y donde se fijaría el día 22 para la etapa de presentación y apertura de proposiciones. Ahí se informó del requerimiento de 66 unidades equipadas como patrulla, de las cuales 20 eran tipo sedán 2017, 15 pick-ups doble cabina 4×2, 5 unidades 4×4 y 26 SUV, de seis y ocho cilindros.
En cuestión de semanas se tuvo como ganador a la empresa LUMO Financiera del Centro SA de CV Sofom ENR, de Luis Humberto Montaño García. Según información que consta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la sociedad la conforman tres individuos más de nombres Ricardo Navarrete Longoria, Juan Manuel Sánchez Reyes y Martín Daniel Arriaga Arias. Con los años se unió otro socio de nombre David Lisbona Cohen.
En Mexicali, como competencia solo tuvo a una arrendadora llamada Vibanco Leasing, SAPI de CV, con sede en Guadalajara, Jalisco, la cual fue rechazada debido a que no presentó documentos básicos y elementales para cualquier empresa con experiencia.
Alejandra Ang, Regidora (Morena)
Entre las omisiones que culminaron con su rechazo se encuentra que los datos proporcionados por Vibanco no coinciden con los fiscales. Además, no establece si es micro, pequeña o mediana empresa y no se presentó domicilio fiscal.
También omitió informar sobre los modelos y marcas de los vehículos, no presentó currículum comercial de la empresa, ni copia de declaración anual, ni documento donde acredita decir la verdad, entre otros puntos que se anexan a la lista de requerimientos.
Otro de los puntos por los que fue desechada, es que cobraría 20 millones de pesos más impuestos, lo que prácticamente duplicaba la primera opción.
Lo increíble es que la empresa “participante”, prácticamente omitió la totalidad de los documentos para poder considerarse una opción real en la licitación, por lo que para el 27 de junio se firmó el contrato que apenas la tarde del miércoles 12 de julio se hizo público.
Habrá ahorros: oficial mayor
Uno de los últimos eventos realizados por la administración de Jaime Díaz Ochoa fue la entrega de 30 patrullas a la Policía Municipal, cuyo valor superó los 16 millones 491 mil 720 pesos, es decir, 473 mil pesos por cada unidad policíaca.
Las unidades se compraron con recurso otorgado del Fortaseg y, se presume, cada vehículo tendrá entre dos y tres años de vida útil.
En dos emisiones, el XII Ayuntamiento de Mexicali percibirá del Fortaseg 76 millones 492 mil 747 pesos para la compra de equipo, lo que quiere decir que para el arrendamiento de patrullas, se destinará una sexta parte del dinero recibido.
Entrevistado a las afueras de la oficina de Presidencia, el oficial mayor Óscar Ortega Vélez, aseguró que este tipo de propuestas traerá varios beneficios en el tema de ahorro, vigilancia y una mejor atención de emergencias, pues las 66 nuevas unidades vienen a reforzar el trabajo de las 320 unidades con que actualmente se cuenta.
Aunque confesó no tener idea del ahorro que representa esta estrategia, indicó que aproximadamente se gastan 60 millones de pesos anuales solo en el mantenimiento de los automóviles, es decir, poco menos de 200 mil pesos por patrulla. Se desconoce qué tipo de gastos cubren estos conceptos.
Entre los beneficios que señaló, habrá un gran costo beneficio, pues no se sumarán 20 o 30 patrullas para la vigilancia como habitualmente se hace, sino que de golpe se recibirán el doble o triple de las patrullas por lo que resta del año y mejor equipadas.
“La empresa tiene que entregarlas completamente equipadas. Lo que debo mencionar es que estas patrullas traen cámaras de videograbado, que son monitoreadas por la Policía Municipal, por seguridad del propio policía y la otra por seguridad del propio ciudadano. La otra es que traen GPS”, aseguró el oficial mayor.
Contrario a lo declarado por el funcionario municipal, la regidora de Morena, Alejandra Ang, dijo desconfiar de los beneficios de dicho proyecto: “Es mucho mejor adquirirlas, claro que sí; analizamos un contrato que se llevó, donde fue un tipo sedán de 30 unidades que el costo era de 549 mil pesos (por vehículo incluidos impuestos), entonces vamos a hacer un comparativo del arrendamiento en vez de adquirir de las unidades”, comentó la edil, quien agregó que pese al discurso del alcalde, no les han mostrado números sobre los ahorros, lo cual ya debería estar presupuestado.
El contrato
El 27 de junio se llevó a cabo la firma del contrato, en la que estuvieron presentes algunos regidores, el oficial mayor y el representante legal, de nombre José Santos Yvellez, quien cabe señalar, ha representado a otras firmas del padrón del Gobierno Federal y de organismos autónomos.
El documento precisa que todas las unidades deben estar completamente equipadas con radios, GPS, cámaras y pintadas con los nuevos logos homologados de las corporaciones de seguridad del país.
Pese a que el contrato es de seis meses, el Municipio indicó que se tendrán las unidades durante el lapso que comprende del mes de agosto al 31 de diciembre, es decir, cinco meses, pero de igual forma se realizará el pago completo.
Para el oficial mayor, el contrato es benéfico para el Ayuntamiento, debido a que tanto los mantenimientos y daños correrán por cuenta de la empresa arrendadora, pues cuentan con un seguro amplio. Sin embargo, el contrato establece que existen algunos puntos en los que podría no cubrirse este pago, además, en caso de reposición podrían tardar hasta 30 días para una unidad.
En el apartado de “Rescisión de Contrato” la arrendadora tiene el beneficio de terminar el contrato si: el Municipio se atrasa dos meses en sus pagos, causa daños totales en una de las unidades y es considerado imputable; realiza modificaciones de cualquier tipo sin dar aviso a la arrendadora, o bien, se descubre que utiliza las unidades con fines que no representan labores por las que se dio el convenio. En todos los casos tendrá que subsanar los perjurios ocasionados y tendrá un plazo de diez días naturales para reponer y devolver las unidades sin implicaciones legales.
En caso de retrasarse, cuando se lleve a cabo un pago se cubrirá primero por el impuesto, luego las penas, gastos financieros y el saldo insoluto vencido por cualquier pago mensual. La empresa y la arrendadora pagarán en conjunto los daños que provoque el policía o servidor público y del que resulte culpable.
De igual manera, el Ayuntamiento pagará los deducibles de la aseguradora en caso de daños totales, mismos que podrían ser reembolsables en un plazo de 20 días.
En todos los apartados se señala que la empresa será la responsable de los mantenimientos. Sin embargo, en el documento precisa que una vez que la garantía de fábrica o del proveedor, será el Ayuntamiento el encargado de cubrir directamente los mantenimientos correctivos de los bienes durante la vigencia del contrato o la ampliación del mismo. La garantía es de 12 meses y 60 mil millas, entendiendo que podría ampliarse en caso de incrementar el contrato.
También, el Ayuntamiento tendrá un plazo de cinco días para tomar la decisión de renovar el contrato y comprar las unidades rentadas, de lo contrario perderá la preferencia con la que cuenta.
Otro de los puntos que no se precisaron en la entrevista, pero que está en el acuerdo, es que parte de las unidades, es decir, los automóviles sedán y los pick-ups 4×2 y 4×4, serían entregados el primero de julio, según se expresa el contrato y la segunda para el mes de octubre. Sin embargo, al cierre de esta edición no se habían entregado formalmente las partidas 1, 2 y 3 en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues se encontraban en un parque vehicular ubicado detrás de las instalaciones de la empresa Nissan, en la colonia Industrial.
Por otro lado, un punto que generó “ruido” a la regidora Alejandra Ang, quien revisó el contrato y estableció que podría generar algunas dudas, fue el siguiente:
“DÉCIMA SEXTA.- Confidencialidad y Reserva.- Toda información impresa, verbal, audiovisual o de cualquier otro medio que ‘EL MUNICIPIO’ le proporcione a ‘LA ARRENDADORA’, así como los datos y resultados obtenidos a raíz del objeto del presente contrato, son estrictamente confidenciales, por lo que ‘LA ARRENDADORA’ no podrá proporcionar información alguna a terceros, sin autorización expresa y por escrito de ‘EL MUNICIPIO’, con excepción de que dicha información sea divulgada en virtud de que ‘LA ARRENDADORA’ esté obligada a hacerlo por el requerimiento de alguna autoridad gubernamental de cualquier índole o por alguna disposición legal, reglamentaria o administrativa aplicable”.
Y es que considera que este tipo de información debe ser totalmente transparente, pues representa recurso público, por lo que cualquier tema que se trate es de interés ciudadano.
“Esta obligación de confidencialidad y reserva será de naturaleza permanente y no cesará con motivo de la suspensión o terminación del presente contrato”, finaliza el apartado.
CCSP, feliz por la propuesta; PRI la respalda
Contrario a lo que precisó la edil de Morena, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) se dijo “feliz” por la idea propuesta del alcalde Gustavo Sánchez Vázquez, pues consideró urgente el incremento del patrullaje y la presencia policíaca en las calles.
“Existe un grave déficit de patrullas, sobre todo en la Zona Poniente de la ciudad, lo cual se va a subsanar con estas unidades”, comentó Alejandro Vázquez Valadez, presidente del CCSP en Mexicali.
Agregó que la ciudadanía se encuentra cansada y requiere resultados, siendo la presencia policíaca uno de los elementos más importantes para que se lleve a cabo.
Consideró que se dará un ahorro importante, aunque no pudo establecer cifras y consideró que el arrendamiento de unidades es un esquema del Gobierno Federal y que se aplica en otras partes del mundo con buenos resultados, ya que las unidades siempre se encuentran en buenas condiciones y todo es por cuenta de la empresa a la que se le paga.
Asimismo, destacó que el arrendamiento puede ser deducible, lo cual representaría beneficios fiscales: “Tenemos que ver al Ayuntamiento cada vez más como una empresa para poder sacarla adelante”.
Por su parte, Ventura Campos, regidor local, consideró que les hicieron una presentación de beneficios que obtendrían por implementar este esquema, por lo que respalda esta medida.
Reconoció que no tiene detalles del tema, pero afirmó que el Gobierno Federal ha aplicado este esquema desde hace varios años, pues genera grandes beneficios y ahorros importantes, además de utilizar unidades en mejores condiciones, sin tener que preocuparse por los servicios que corresponden.
