A John Moreno se le acusa de ocupar furtivamente el territorio en donde se desarrolla la construcción del inmueble. Pese a que no se han presentado pruebas para acreditar el delito. Bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el delito de despojo está considerado como no grave, por lo que debería ser liberado inmediatamente, además de que no ha ocurrido un juicio, fue sentenciado directamente, de modo que se viola el principio de dar celeridad a los procesos en este Nuevo Sistema.
Los pescadores de la comunidad Tres Santos se oponen a la construcción de una villa de lujo de 435 hectáreas que está causando afectaciones a un sistema de humedales aledaño, y la cual corre a cargo de un corporativo de Denver ligado a una empresa del cuñado del ex Presidente Salinas.
Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo/ZETA).- El abogado y activista John Moreno permanece preso en una cárcel de Baja California Sur desde el pasado 19 de mayo por oponerse a un proyecto mobiliario en una comunidad pesquera, y el cual está a cargo de una empresa ligada al cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.
Organizaciones civiles denunciaron este viernes que el Gobierno del panista Carlos Mendoza Davis está incurriendo en una grave violación a los derechos humanos al mantener preso a John Moreno, quien se ha dedicado a la defensa de la comunidad de pescadores del Pacífico Tres Santos.
Se trata de un proyecto a cargo de Black Creek Group, de Denver, Colorado, un holding al que pertenece MIRA, compañía ligada a Jerónimo Gerard, cuñado del ex Presidente Salinas de Gortari.
En 2013, Black Creek Group ya era propietario de Tres Santos, donde inició un proyecto para construir más de 4 mil viviendas en un desarrollo de tres partes alrededor de Todos Santos, una pequeña comunidad costera de 6 mil habitantes. Un primer paso importante fue la construcción de un complejo hotelero y residencial en la playa Punta Lobos utilizado por las cooperativas pesqueras de la zona.
Todos Santos se encuentra a unos 50 kilómetros al norte de los extensos desarrollos turísticos conocidos como Los Cabos. Muchos temen que su pequeño pueblo se convierta en “otro Cabo” si Tres Santos continúa más allá de su primera fase, con el recientemente inaugurado Hotel San Cristóbal.
Para entonces, los desarrolladores inmobiliarios publicaron planes para adquirir control total de la playa de Punta Lobos, desplazando a los pescadores.
Los pobladores que conforman la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Lobos se opusieron desde el inicio al desarrollo del proyecto inmobiliario porque afecta el suministro de agua de la zona, además de que los pescadores tienen sus viviendas en las inmediaciones.
Sin embargo, durante una de sus manifestaciones y bloqueos, que iniciaron desde hace cuatro años, fueron replegados por 200 granaderos enviados por el Gobierno estatal.
John Moreno abogó por que la Cooperativa se incluyera en el litigio con base en su histórica concesión. Victor Manuel Núñez Villalobos, el tesorero de la Sociedad, comentó entonces que “la preservación de la playa será una gran victoria para las futuras generaciones de pescadores y el pueblo.”
Moreno, protegido bajo el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) tomó el caso de los pescadores, lo que motivó a su detención el pasado 19 de mayo, acusado de despojo, en un proceso en el cual, además de presentar diversas irregularidades no se han presentado pruebas concluyentes que acrediten su culpabilidad, por lo que, de acuerdo con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, esto debería significar su liberación, sin embargo, continúa preso.
Las organizaciones que han dado seguimiento al caso condenaron que además de pretender despojar a los pescadores de sus tierras, el desarrollo inmobiliario representa daños considerables al ecosistema de Todos Santos.
El 15 de junio, se intentó entregar una carta firmada por organizaciones en defensa de los derechos humanos, dirigida al Gobernador Mendoza Davis para ponerlo al tanto de la situación, pero su personal se negó a recibir dicha misiva por cuestiones burocráticas.
Recientemente, un Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TPJF) falló a favor del derecho de los pescadores para proteger su territorio y sus viviendas, por lo que no pueden ser desplazados, sin embargo, el proyecto inmobiliario no se ha detenido y existe incertidumbre por parte del Gobierno sobre el destino de los pescadores, pues se desconoce si serán reubicados y bajo qué condiciones.
A John Moreno se le acusa, sin pruebas, de ocupar furtivamente el territorio en donde se desarrolla la construcción del inmueble. Pese a que no se han presentado pruebas para acreditar el delito. Bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el delito de despojo está considerado como no grave, por lo que debería ser liberado inmediatamente, además de que no ha ocurrido un juicio, fue sentenciado directamente, de modo que se viola el principio de dar celeridad a los procesos en este Nuevo Sistema.
Las organizaciones, amparadas por el Observatorio de Derechos Humanos, hicieron un llamado a la sociedad civil para que se sumen a la exigencia. Además, resaltaron que la victoria de los pescadores en ese estado podría ser un precedente para otras pequeñas comunidades que exigen la protección de sus recursos y tradiciones contra el crecimiento desenfrenado.
