Para la Juez de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso, Flora Arguilés Robert, es prioridad y de mayor dimensión la afectación económica que enfrenta el gremio de Taxis Amarillos al serles retirados por el gobierno municipal, los nueve sitios que operaba en exclusividad en la Línea Internacional, frente a la que pudiera registrar la sociedad, con su permanencia en ese lugar.
Al conceder la suspensión provisional de la medida emprendida por el XXII Ayuntamiento de Tijuana, el martes 4 de junio, Arguilés estimó que “es mayor la afectación que podría resentir la quejosa -Taxis Amarillos- con la negativa de la suspensión que la que pudiera resentir la sociedad, pues se le privaría la posibilidad de seguir prestando la actividad lícita que le proporciona un ingreso para su subsistencia, mientras que la sociedad no resentiría perjuicio alguno con la concesión de la medida…”.
Decisión que el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, acusó “muestra el grado de corrupción en el que la magistrada está envuelta”.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) admitió el 6 de julio la demanda promovida por el Sindicato de Taxis Económicos de Baja California C.R.O.C., que lidera Óscar Morales, concediendo para el lunes 10 julio, la suspensión provisional, emplazando a la autoridad municipal, a reconocer las placas concedidas a Taxis Amarillos.
En el documento firmado por José Ángel Conde, actuario adscrito a la segunda Sala, el TCA se dice en contra de “la determinación de la autoridad estatal (…) de cancelar los títulos de concesión para operar el servicio público de taxis, sin otorgar el Derecho Humano de audiencia previa y sin el desahogo de un procedimiento previo…”.
Agregó que “la propia sociedad está interesada a que se respeten los derechos de los quejosos y se sigan los procedimientos, cumpliendo oportunamente con las reglas del debido proceso”.
La suspensión indica que “el otorgamiento de la medida deberá hacerse del conocimiento del secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, a efecto de que cese cualquier impedimento u operativo que perturbe la utilización de los sitios de taxis referidos en el acto impugnado, que se lleve o se haya llevado a cabo por sí o a través de sus subalternos u oficiales a su cargo…”.
De la decisión de la Juez Arguilés, el presidente del TCA, Carlos Montero Vázquez, aclaró el jueves 13 de julio que solo “es temporal” y que pasado el periodo de vacaciones de agosto, el pleno del Tribunal tomará una decisión definitiva.
No obstante, el Ayuntamiento de Tijuana busca revertir la decisión de la Juez Arguilés impugnando la suspensión, anunció el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruíz, quien precisó que de los nueve sitios que se retiraron a los Taxis Amarillos, cinco eran temporales y de los otros cuatro, las licencias de operación no habían sido renovadas en años.
A la impugnación se sumó la decisión unánime del Cabildo de Tijuana el de decretar una “moratoria para el otorgamiento de opiniones técnicas, así como permisos de sitio de taxi, ubicados en el polígono identificado como 01 de esta ciudad de Tijuana”.
El punto del acuerdo permite suspender opiniones técnicas y permisos de sitio de taxi en las inmediaciones de la Garita Internacional, “en virtud de los eventos de agresión suscitados en días anteriores”.
Esta semana, el Ayuntamiento también procedió a la clausura de 10 establecimientos comerciales, propiedad del gremio que encabeza Óscar Morales, por no contar con permisos vigentes para su operación.
“De ser necesario recurriremos hasta la expropiación de los terrenos para que en Tijuana no impere la Ley de la selva”, expresó Luévano, al advertir que el gremio de Óscar Morales, “en los hechos, no va a recuperar esos espacios”.
CONCESIONARIOS RECHAZAN HABER PEDIDO SUSTITUCIÓN DE LÍDER
Con manifestación en las instalaciones de ZETA, 30 integrantes de los de Taxis Amarillos apoyaron la permanencia de su secretario general, Óscar Morales.
Trasladados en un camión del propio organismo, los quejosos negaron haber sido ellos los que enviaron la carta en la que se pedía una disculpa pública a los ciudadanos por los actos de agresión efectuados por choferes de Taxis Amarillos.
En la misiva enviada a esta redacción la noche del martes 4 de julio, también se exigía la renuncia y expulsión del cargo de Secretario General de Óscar Morales y su Comité Directivo, demanda que negaron los 30 concesionarios.
En forma enardecida, pidieron a este semanario hacer la aclaración, ante el riesgo que dijeron enfrentar de “perder nuestro trabajo y fuente de ingresos”.
Ante la violenta reacción, ZETA se comunicó con los que enviaron y solicitaron la publicación de la carta refutada, quienes se excusaron e informaron que la noche previa, Morales los citó en las oficinas del gremio, los amenazó y les ordenó presentarse en las oficina del semanario.
La impunidad, ausencia de Estado de derecho, el que las autoridades no cumplan con su función y las limitadas consecuencias de actos vandálicos perpetrados por algunos de los miembros del sindicato que encabeza Morales, fue lo que permitió que este tema de gobierno desencadenara en la irrupciones de concesionarios en la propiedad privada de un medio de comunicación, que no tiene nada que ver con la deficiente administración de los servicios públicos.
