Un hacinamiento del 40 por ciento se registra en los centros penitenciarios de Baja California, dijo el subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, David Limón Grijalva, al precisar que la población de hombres y mujeres en las prisiones del Estado asciende a11 mil 980 reos, quienes se encuentran recluidos en grupos de 10, en celdas con capacidad para seis reos.
Con todo y la apertura del penal estatal de máxima seguridad, El Hongo III, el problema no ha sido resuelto, primero por falta de presupuesto para esa prisión; segundo, porque se realiza un reacomodo de internos que culminará a inicio de 2018.
Si bien, es cierto que la población penitenciaria ha disminuido, pues hace un año el número de reos sumaban alrededor de 17 mil, el hacinamiento no ha sido superado. “Por ejemplo, las celdas son para seis internos, porque son seis camas y se tiene a 10, pero hace un año y medio teníamos a 20 en una celda”, anotó el funcionario.
“El hacinamiento no es tan grave en Baja California, pero no deja de ser hacinamiento”, reconoció Limón Grijalva. Confió que con el reacomodo de reos a partir de la apertura del El Hongo III, el 24 de mayo de este año, se podría solucionar esta problemática, pues a la fecha se han trasladado a 700 procesados a ese penal, de los mil 200 de capacidad que tiene.
En el reacomodo, proyectan convertir el Penal de La Mesa, en Tijuana, en una prisión solo para mujeres.
Limón informó que la apertura del nuevo centro carcelario sucedió luego que la federación solicitara al Gobierno del Estado manejarlo, pero ello significaría el trasladar a ese lugar a reos federales de alta peligrosidad, “no solo eso, también se vendrían sus familias”, situación que dijo, incrementaría el índice de delincuencia en la región.
“Por ello, decidimos abrirlo, porque es mejor pedir perdón que pedir permiso”, subrayó al asegurar que en este penal, solo serán internados personas procesadas y sentenciadas en Baja California por delitos graves.
Para el sostenimiento de El Hongo III, al año se requerirá de un presupuesto de 20 millones de pesos, el cual quedará programado en el presupuesto de 2018; la operación en 2017 se sostendrá con recortes presupuestales a los penales que ya operan en la entidad.
Para la atención del reclusorio, se recontrataron a 150 custodios que habían renunciado, observando que “no tuvieran antecedentes”.
