En un hecho inédito, un grupo de siete congresistas estadounidenses, pertenecientes al Partido Demócrata y de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, estuvieron este sábado 3 de junio en Tijuana para escuchar los testimonios de miembros de la Casa de Apoyo para Veteranos Deportados (Deported Veterans Support House), quienes después de servir en las fuerzas armadas de Estados Unidos fueron deportados.
Héctor Barajas, director de la organización y ex paracaidista del Ejército, inició este movimiento para agrupar a mexicanos y latinoamericanos que fueron expulsados de la Unión Americana después de cometer un delito menor, ya que no les fue tramitada la ciudadanía estadounidense que se les primetió cuando se enlistaron en el Ejército, la Marina y la Naval.
Los congresistas llegaron a la Casa de Apoyo, mejor conocida como “El Búnker” en Otay alrededor del mediodía. Después de un recorrido por las instalaciones que cuentan con oficinas, dormitorios, cocina y espacios comunes, los legisladores Joaquín Castro (Texas), Michelle Lujan Grisham (Nuevo México), Lou Correa (California), Raúl Grijalva (Arizona), Nanette Díaz Barragán, Juan Vargas (California) y Vicente González (Texas), escucharon las experiencias de un grupo de deportados, quienes pidieron regresar a casa.
Foto: Jorge Dueñes
La mayoría de ellos, explicaron, fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños pequeños y se enlistaron al cumplir la mayoría de edad, muchos como una opción para obtener su residencia legal o su ciudadanía. Sin embargo, algunos de ellos fueron deportados incluso cuando contaban con residencia legal.
Sobre la visita de integrantes del Caucus Hispano en el Congreso, Barajas comentó “nos da esperanza que podamos regresar a casa, entonces estoy muy entusiasmado. Ellos son quienes puedan hacer cambiar las leyes”.
De manera adicional, Héctor Barajas, Erasmo Apodaca Mendizabal y Marco Antonio Chávez recibieron el perdón del gobernador de California, Jerry Brown por la comisión de sus delitos, lo que implica un avance en su proceso para reingresar a Estados Unidos, ya que no se les impedirá la entrada por contar con antecedentes delictivos.
La entrega de los documentos la hizo el ex asambleísta Nathan Fletcher, quien encabeza además la coalición Honorablemente Retirados, Deshonorablemente Deportados (HDDD, por sus siglas en inglés) y es una activista por el regreso de los veteranos deportados.
Entre las peticiones que hicieron el grupo de veteranos a los legisladores fue avanzar en una ley que les permita el reingreso a Estados Unidos, ya que hasta ahora se ha logrado solo el reingreso de Daniel Torres, también ex militar, quien volvió de manera voluntaria a México y después de años de lucha legal, obtuvo su ciudadanía estadounidense.
En el evento también participó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), organización que en 2016 presentó un informe, el cual estima que más de 230 veteranos han sido deportados de Estados Unidos.
La ACLU ha sido una voz activa en pedir el reingreso de estos veteranos, ya que mientras se encuentren fuera de Estados Unidos, no tienen acceso a servicios de salud ni otros beneficios que les son otorgados a ex militares.
Además,esta organización civil considera una traición que personas que lucharon por los ideales nacionalistas de Estados Unidos y arriesgaron su vida por este país, hayan sido expulsados.
Al respecto, el congresista Raúl Grijalva comentó a ZETA “es un injusticia tener veteranos deportados sin ningún proceso ni habilidad de cambiar la situación. (Estamos aquí) para darle más luz a la cuestión, más atención y de ese modo, más presión a los colegas en el Congreso porque si vamos a cambiar algo, tenemos que empezar a cambiar la ley”.
Los congresistas hispanos esperan que con una nueva legislación, no solo permita el reingreso de veteranos deportados, sino que se prohíba la expulsión de quienes sirven en las Fuerzas Armadas y todavía no son ciudadanos.
También hablaron de la importancia de un acto así bajo la nueva administración de Donald Trump. “No creo que Trump firme una orden ejecutiva para ayudar a estos hombres y mujeres. Si tenemos que cambiar esto, es por ley”, comentó Grijalva.
