Unos comercian con pañales, otros artículos de segunda, alimentos, accesorios, alfombras, flores, fruta y churros. De 15 solo quedan cuatro en un terreno en disputa entre Conagua y un particular
De la noche a la mañana un grupo de comerciantes semifijos ubicados en la calle Esmeralda y Topacio, en Valle Dorado, a escasos cuatro metros del canal del arroyo El Gallo, recibieron una advertencia por parte de un juez para retirar sus negocios que ocupan desde hace más de 14 años.
Eran quince los vendedores que operaban en una de las zonas más transitadas de Ensenada, pero tras dos años de que la autoridad inició con el proceso de desalojo, solo quedan cuatro que se niegan a dejar “el sustento de años”.
El resto fue desahuciado por medio de la fuerza pública, otros se retiraron por voluntad, entre todos comercializan pañales, artículos de segunda mano, alimentos, accesorios, alfombras, flores, verduras, jugos, garnachas y churros.
La pelea es con quien les rentó el espacio físico, la tierra, que es la familia del abogado Juan Antonio Sánchez Zertuche, suplente del ex diputado del Partido del Trabajo (PT), Armando Reyes Ledesma, y esposo de la actual legisladora estatal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex petista, Rocío López Gorosave.
Cuando la familia invitó a los vendedores les ofreció un espacio de unos diez metros cuadrados a una simbólica renta mensual de entre mil 500 y mil 750 pesos, con un contrato que señala que ellos están funcionando en otra dirección.
Aunque el terreno mide 350 metros de largo, los comerciantes están instalados sólo en una fracción de éste, el resto de la tierra está baldía, con una superficie de 3 mil 705.10 metros cuadrados de un predio, y 6 mil 969 metros cuadrados de otro. Ahí confluyen terrenos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gobierno del Estado y hasta un particular.
Hace poco más de un año, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) notificaron a los vendedores sobre la situación de los terrenos, advirtiendo que si seguían pagando renta a quien usurpa el título de propietario, serían cómplices e irían a prisión por considerar se cometía un delito federal, al invadir terrenos de Conagua.
“Así nos dimos cuenta que él -Sánchez Zertuche- no era el dueño y dejamos de pagarle la renta, ahora nos quiere sacar”, narró uno de los comerciantes, de apellido Chávez.
Omar Ruiz, otro afectado, informó que como parte de los últimos avances, hace unos días la Conagua los notificó por estar asentados en terrenos colindantes al cauce y les impuso una multa superior a 100 mil pesos.
“Con esto nos comprueban que los terrenos nos son de Zertuche, sino de Conagua”, sostuvo el comerciante de artículos de higiene.
El predio con clave catastral VM-H52-601 y VD-A00-010, tiene la característica de estar a lo largo, colindante con el arroyo El Gallo, cuyo uso de suelo es de “equipamiento urbano”, con amplio potencial económico al estar situado sobre un libramiento que conecta la zona noroeste con la salida norte y sur de la ciudad.
Los terrenos también se sobreponen con otros predios del Gobierno del Estado, según consta en el Registro Público de la Propiedad (RPP). Esto se debe a errores en deslindes y poco control de los bienes patrimoniales.
Qué harán en esa esquina
Juan Antonio Sánchez Zertuche recordó que la Manzana 34, en disputa en la Avenida Esmeralda, formó parte de la primera colonia en Ensenada, que fue la Carlos Pacheco. Conforme creció la zona urbana, se desincorporó y, en 1928, Conagua hizo el cauce en un predio propiedad de Iván Zertuche.
Sánchez Zertuche informó que la familia no hará “nada” en esa esquina, al tratarse de un terreno tan chico que solo le puede servir a la ciudad como área recreativa.
“Pondremos unos árboles, pero no es de usted… pueden hacer intercambio, remodelación de arroyo”, consideró sobre la línea de apenas 100 metros, delgada, que no se puede explotar económicamente. Y no dudó en proponer al gobierno municipal una permuta o intercambio por otro terreno público.
Trabajan bajo amenaza
La familia Chávez Torres, que tiene casi ocho años vendiendo flores y verdura a un costado del arroyo El Gallo, tiene orden de desalojo junto con otros cinco propietarios de negocios.
Anteriormente comentaron que cuando los policías ministeriales los amenazaron, acudieron con Sánchez Zertuche, quien les dijo: “Ayúdenme a ganar este terreno y yo les sigo rentando”.
Pasaron los meses sin que pagaran la renta, por lo que por lo que éste actuó sobre contrato y los demandó por incumplimiento. El Juzgado le dio la razón solicitando el inmediato desalojo del local, y, según el documento, ellos están trabajando en la colonia Carlos Pacheco y no sobre la Esmeralda.
“Queremos que se investigue quién es el verdadero dueño y que nos dejen trabajar, queremos seguir trabajando”, es la solicitud de los Chávez, quienes identifican a Juan Antonio Sánchez López hijo, como la persona con la que han tenido contacto y han firmado los contratos desde hace por lo menos seis años, tiempo que tienen los últimos comerciantes.
El entrevistado calcula que el desalojo ya afectó a unas cincuenta personas que dependen de ese ingreso, por lo cual desean un espacio para desarrollar su actividad comercial.
Estado tiene propiedad en arroyo El Gallo
El subsecretario Javier Gutiérrez Vidal, subsecretario del Gobierno del Estado, informó que no existe ningún litigio con el señor Sánchez Zertuche, y reconoció que en 1975, cuando se fraccionó Valle Dorado, se realizó una donación la cual consta en archivos por parte de la madre, California Zertuche Díaz, viuda de Sánchez.
Aunque el Ayuntamiento tiene un deslinde, el subsecretario giró instrucciones para que se realice otro, del que aún no se tienen los resultados.
“Lo que por el momento se está haciendo es un deslinde para determinar si hay alguna invasión, para saber con precisión qué pasa con esa parte del predio, si es del Gobierno del Estado o de alguien más”, indicó.
El argumento del funcionario es que no hay certeza porque el uso de suelo es equipamiento urbano y porque el resto de los terrenos colindantes, además del arroyo, están a nombre de la fraccionadora.
No obstante, si en realidad hay una posesión indebida sobre bienes de Estado, impondrán una demanda penal o civil por despojo.
Ayuntamiento quiere mejor imagen
En 2014, la Dirección de Catastro y Control Urbano intervino al grupo de comerciantes de la Esmeralda y Topacio por generar obras provisionales sin autorización.
Los inspectores notificaron tanto a los vendedores como a Sánchez Zertuche, a quien se exigió regularizar su situación y hacer un proyecto de modernización de los establecimientos acorde a la zona.
De inmediato personal de Catastro colocó barricadas frente a los negocios para que no se estacionaran en el tercer carril, ya que obstruían el tráfico y los establecimientos colindan con el traficado libramiento.
Mencionaron que por el tipo de construcción de las tiendas hechas con madera, plásticos y láminas, se trata de establecimientos inseguros.
El libramiento es una vía rápida de tres carriles que por el mal diseño vial, en unas zonas se reduce dos, no obstante, insistió en que pronto darán una respuesta final a los comerciantes.
Por último, Catastro aseguró tener facultades para generar la instrucción de desalojo por sanidad y limpieza.
Desacuerdo por invasores
El doctor Arturo Javier Viniegra, integrante del Grupo Madrugadores, describió hace algunos meses que el ayuntamiento es un gobierno “complaciente” con quienes llevan a ciertas personas a un terreno para que de la noche a la mañana lo invadan con casas hechizas que, por sus materiales, son un peligro para quienes las habitan.
“Es una película que después de 40 años, nos preguntamos, ¿otra vez la misma persona?”, refiriéndose a grupos petistas y ahora perredistas que por años han movilizado grupos ciudadanos de aparentes escasos recursos económicos.
También bromeó que, incluso, estos personajes de la política lleguen a ser diputados del Congreso del Estado.
Como ciudadano, opinó respecto al modus operandi de los invasores, considerando que lo ideal sería que los gobiernos municipales y estatales habilitaran terrenos con obra de cabecera, energía eléctrica, agua y servicios públicos; mientras que los empresarios desarrolladores solo se dedicarían a fraccionar para vender hogares.
Dudas y más dudas
En 1974, siendo David Ojeda gerente general de Urbanizadora y Constructora California, SA de CV, adquirió los derechos de propiedad de casi 95 hectáreas en varios predios de esa zona, como consta en escrituras públicas, certificado por Residencia de Catastro con uso de suelo residencial, zona industrial y comercial, de las que una parte serían vías públicas, áreas verdes y el canal del arroyo El Gallo.
En 2008, Lorenzo Cárdenas Zertuche, representante legal de la empresa, solicitó constancias catastrales por medio del oficio CAD-049-2008, por los dos predios en conflicto, fundamentando una colindancia con una propiedad pública o zona federal, que es el arroyo El Gallo.
A lo que María Luisa de la Cabada Navarro, directora de Catastro en aquel año, contestó que los predios se encuentran dentro de los bordos de protección de la canalización del arroyo El Gallo, por lo que determinaron como “NO PROCEDENTES” las demandas de certificación de dichos deslindes.
Asimismo, la Dirección de Catastro suspendió administrativamente los efectos de las certificaciones, medidas y colindancias otorgadas, dada la existencia de dudas de sobre posición de planos y la identidad del predio, suspensión que se mantiene hasta la actual administración municipal.
