La Secretaría de Gobernación (Segob) urgió al Gobierno de Sinaloa a esclarecer el homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada y co fundador del semanario Ríodoce, acontecido el pasado 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa.
La dependencia inició -con una reunión entre el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y el gobernador de esa entidad, Quirino Ordaz Coppel-, los trabajos con las entidades federativas para generar instancias para la prevención de agresiones contra periodistas y defensores de Derechos Humanos.
El funcionario federal le reiteró al mandatario estatal sinaloense “la importancia que para el Gobierno de la República representa el esclarecimiento del homicidio del periodista Javier Valdez”.
Cifrián firmó un plan de contingencia con el gobierno estatal de Chihuahua y un compromiso de capacitación de investigadores especializados en Sinaloa, esto último con miras a la creación de la unidad local de protección a comunicadores y defensores que entraría en operación el mes entrante.
Por otra parte, el subsecretario de la Segob y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, firmaron el convenio, relacionado con dicha entidad, donde Miroslava Breach Velducea, también corresponsal de La Jornada y editora del Norte,fue asesinada el 23 de marzo.
El plan de contingencia representa una medida extraordinaria del Estado mexicano para atender, desde sus orígenes, la situación de violencia que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua y en el País en general, afirmó Campa.
El Plan de Contingencia, agregó el funcionario federal, es resultado de un acuerdo de colaboración entre el gobierno federal y las entidades federativas, así como organizaciones de la sociedad civil.
Su “principal objetivo es establecer medidas estructurales de prevención sobre los factores de riesgo que originan las agresiones en contra de defensores y periodistas”.
Lo anterior incluye 53 acciones estratégicas guiadas por cinco temas, entre estos, “Periodistas y Libertad de Expresión” y “Personas en situación de vulnerabilidad: Mujeres, personas migrantes, y grupos de la diversidad sexual”.
