El 12 de mayo de 2017, un grupo de ejidatarios disidentes lograron la inscripción de las más de 4 mil hectáreas que comprenden el Nuevo Centro de Población Ejidal Ojo de Agua, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) de Baja California.
En el oficio fechado el 3 de mayo de 2017, el delegado en Baja California de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), José Lauro Aréstegui, solicitó al RPPC la inscripción de la resolución presidencial que dio vida al Ejido, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 1980.
Dicha inscripción permitirá delimitar de manera precisa las 4 mil 494 hectáreas que comprende el centro poblacional. El hecho de que esto no se realizara con anterioridad, fomentó la invasión del predio ejidal, por lo que se acordó con SEDATU que se resarcirá la superficie invadida con predios aledaños desocupados, comentaron los promoventes.
“Somos un conjunto de ejidatarios inconformes que nos han hecho muchas triquiñuelas y queremos enderezar el rumbo del Ejido, ya que pretenden robarnos más de 2 mil 500 hectáreas” señalaron, refiriéndose al pago de honorarios para el abogado Fernando Gómez Chávez y el ingeniero Rafael Tamaura, por servicios presentados al Ejido, por los que cobran el 47.5% del total de la extensión ejidal.
La oposición a dicho pago supuso su expulsión en asamblea ordinaria del 28 de junio de 2015.
Contra las asambleas en que se dieron dicha exclusión, la instalación del presente Comisariado Ejidal y la aprobación del pago de honorarios a dichos profesionistas, los disidentes han promovido los juicios correspondientes ante el Tribunal Superior Agrario de Ensenada, encontrándose al momento pendientes de resolución.
ZETA buscó contactar al Comisario Ejidal Eduardo Vázquez para que platicara acerca de las implicaciones que conlleva el logro de la inscripción de la resolución, de la cual nace el Ejido Ojo de Agua, sin que diera contestación a dicha solicitud.
