Después de seis legislaturas, lejos de resolverse el conflicto con los límites territoriales, partirá de cero. La SCJN suspendió el proceso a inicios de 2017, por lo que el tema volverá al Congreso del Estado
Han pasado seis legislaturas, veinte años, alcalde tras alcalde, plebiscitos, millones de pesos gastados por las últimas administraciones, y hasta el principal defensor por parte de Ensenada ya murió, mientras el conflicto de los límites territoriales entre Rosarito y Ensenada sigue sin resolverse. Todo apunta que el pleito empezará de cero.
Faltando 48 horas para que concluyera la XXI Legislatura, cuya Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales encabezaba el diputado perredista Roberto Dávalos, el Congreso del Estado de Baja California resolvió a favor del municipio de Playas de Rosarito, el cual determinó que los 168 kilómetros -casi 17 mil hectáreas- son territorio rosaritense.
Aunque con el fallo a favor nada cambió para los residentes de la delegación La Misión y poblados que la conforman, como Santa Anita, La Fonda, San José de la Zorra, entre otros. La certidumbre territorial largamente esperada, y sobre todo la atención a sus necesidades que no satisfacen ni uno ni otro Ayuntamiento, continúan en espera.
El Decreto 684 que el Congreso de Baja California dictaminara el 7 de octubre de 2016, favoreciendo a Playas de Rosarito, fue impugnado tras controversia por parte del municipio de Ensenada, que recurrió como última instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde presentó un recurso de amparo en contra de la decisión de la XXI Legislatura.
Como respuesta, en enero de 2017, la SCJN dejó sin validez el decreto, y declaró “suspendido” el proceso: “Dijo que no había nada para nadie”, refieren los defensores de los límites territoriales de Ensenada. Pero la última instancia advirtió que nada más determinaría si el Congreso local actuó conforme a legalidad y llevó los procedimientos, que no correspondería a la SCJN decidir a favor de Rosarito o Ensenada.
Le recordó al Congreso local el Artículo 27 de la Constitución, que establece facultades tales como “fijar la división territorial, política, administrativa y judicial del Estado, así como crear o suprimir municipios; fijar, determinar y modificar la extensión de sus territorios; autorizar mediante decreto los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren los municipios…”.
Es decir, el tema regresará al Congreso de Baja California, y éste deberá determinar, otra vez, si se inicia una nueva confrontación con más desahogo de pruebas y demás recursos que el proceso implica, o decidir, sin más, por Rosarito o Ensenada.
A medio año de haber recibido el amparo la SCJN, recién envió a un perito topógrafo, Adalberto Díaz Vera, quien presuntamente actuará como la figura jurídica llamada amicus curiae (amigo de la Corte), auxiliar que se conduce como tercero en discordia y ofrece más argumentos que respalden la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De entrada, una primera audiencia que se tenía programada para el 30 de marzo de 2017, fue pospuesta de forma indefinida, dado a nuevos peritajes presentados por Ensenada, y más objeciones por parte de Rosarito. Lo cierto es que los diputados de la actual Legislatura tendrá que resolver en definitiva, “pero nomás no quieren sacar el tema”, advierte Emmanuel González Cota, coordinador del Frente Ciudadano en Defensa del Territorio de Ensenada.
Dicha agrupación se dirigió a la actual Legislatura apenas conformada, solicitándole “dejar sin efecto y revertir todos los daños causados a los ensenadenses, frente al despojo que ha sufrido el municipio de Ensenada”, y acusaron a los anteriores diputados de no haber tomado en cuenta documentales históricos y técnicos.
Una vez que la SCJN notificó al Congreso sobre los nuevos peritajes presentados por Ensenada, los defensores del territorio intensificaron sus gestiones ante los nuevos diputados, pero debido a la respuesta obtenida a la fecha, presienten que la historia se repetirá, “le siguen dando largas”.
Historia sin fin
Como coordinador del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT), el empresario Andrés Armenta González fue uno de los defensores más férreos y beligerantes de los límites del municipio. En innumerables ocasiones señaló los intereses en juego para beneficiar al final de cuentas al hotelero rosaritense Hugo Torres Chabert, y a los compromisos de éste con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el Congreso, en especial con la diputada Laura Torres, hija de Hugo.
Las últimas denuncias públicas que hizo Armenta fue revelar que el Congreso había “desaparecido”, o le habían robado, el expediente de pruebas y peritajes aportados por Ensenada, documentos contenidos nada menos que en ocho cajas, hecho que el jurídico de la anterior Legislatura y el diputado Dávalos negaron una y otra vez.
“Hubo alguien que tuvo interés en que se perdieran esos archivos, y hubo quien permitió la salida de los mismos, ahora nos salen con que a Chuchita la bolsearon y nadie establece una responsabilidad, nomás nos dicen ‘los perdí’… ¡qué a toda madre!”, arremetió Armenta.
Desde 2009, el coordinador del GIT encabezó la defensa del territorio por parte de Ensenada, y murió en el intento. El empresario falleció el 8 de febrero del presente año. El escenario de la defensa territorial ahora lo conforman nuevos personajes. El GIT, coordinado por Alfonso García Quiñones, surgió un nuevo grupo en torno al tema, el Frente Ciudadano en Defensa del Territorio de Ensenada (FCDTE), además del alcalde Marco Antonio Novelo, los nuevos diputados, así como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Todos, se supone, con el mismo fin, pero divergentes en los modos, “un desorden”, resume uno de los actores.
Los empresarios del CCE avalaron al GIT y solicitaron al alcalde Novelo para que tal grupo siga defendiendo los límites como lo han venido haciendo por casi nueve años, argumentando que nadie como ellos tiene conocimiento del tema a partir de los estudios, peritajes y documentación que han acumulado, además, han trabajado de manera honoraria con tres administraciones municipales, lo que debe considerar el Ayuntamiento, sobre todo después de anunciar que gastarán 6 millones de pesos más, aparte de los que gastó el ex alcalde Gilberto Hirata en la defensa legal del territorio.
García Quiñones declaró que con Novelo se cortó la comunicación, y que lo mejor será trabajar sin él. Les molesta que el presidente municipal contrate a un tercer despacho de abogados para defender lo que otros dos despachos no lograron: “Proponemos que dejen de estar contratando despachos que no tienen pruebas ni argumentos que ofrecer, y le dejen el trabajo a la ciudadanía ensenadense, como el GIT, más si se está en una etapa de austeridad”.
“La defensa jurídica del territorio de Ensenada corresponde al Ayuntamiento”, respondió enfático el primer edil. “Serán abogados de la Dirección Jurídica quienes se hagan cargo de darle seguimiento al caso”, anunció.
“Desde mi período como diputado he defendido el territorio de Ensenada como si fuera mi casa”, expresó Novelo, a la vez que aceptó estar analizando el pagar 6 millones de pesos a un tercer despacho de abogados en Ciudad de México, aparte de los 12 millones que ya había gastado Gilberto Hirata Chico con dos bufetes diferentes, pero de los que el actual Ayuntamiento no tiene reportes ni términos del contrato, registro del contrato. ¡Vaya!, ni comprobantes de los pagos.
En ese contexto, y previendo el regreso del expediente al Congreso local, el grupo FCDTE solicitó al presidente municipal les informara en qué paso van sus gestiones, cómo van a defender y pagar la defensa, así como qué pasó con los 12 millones de pesos gastados por la anterior administración. La actitud por parte de Novelo ha sido fría e indiferente.
“Estamos defendiendo con toda diligencia y con todos sus instrumentos a su alcance el conflicto de límites territoriales vía la Controversia Constitucional bajo el expediente 158/2016 ante la SCJN (…) Con toda transparencia les comunico que se está demandando impugnar Decreto 137 (…) El procedimiento prácticamente está concluido”, les respondió el edil mediante oficio.
“Nos comenta que todo está bien, que está avanzando, pero lo que queremos es que nos diga si realmente va a defender los límites territoriales”, manifiesta Emmanuel González, coordinador del grupo. “Lo único que nos contesta es ‘no te preocupes’, pero ese ‘no se preocupen’ es el que nos preocupa, nos dan evasivas, pero ellos piensan que nos quedamos de brazos cruzados”, acota.
Incluso consideran que la tranquilidad de Novelo contrasta con la de su antecesor Hirata, “quien viajaba y nos decía ‘va así y así’, pero ya en su recta final no pudo hacer nada, mientras que al nuevo alcalde como que no le interesa”.
Dice que como diputado Novelo nomás les dio largas, luego se fue a la candidatura y su suplente, Juan Antonio Sánchez Zertuche, no hizo nada. Armando Reyes Ledesma, también diputado por Ensenada en la anterior Legislatura, “andaba en otro rollo, ‘sí, sí, vengan’, pero nunca lo hallábamos”, acusan.
Ahora las parejas tanto de Zertuche como de Reyes, convertidas en diputadas por el Distrito XIV, Rocío López Gorosave (PRD) y Claudia Agatón (PT), encuentran una actitud muy diferente, aunque sin acciones concretas, dicen mostrar interés en continuar con la defensa, al igual que la diputada federal Eloísa Talavera. Del diputado por el Distrito XV, Alejandro Arregui (PRI), señalan: “Hasta ahora no hemos podido hablar con él, porque siempre anda ocupado”.
Sobre todo, lo que le urgen al presidente municipal, es que aclare lo de los 12 millones de pesos pagados a abogados externos durante la administración pasada, información que por cierto se solicitó a la Unidad de Transparencia y ésta no respondió. Igualmente andan bailando otros 3 millones de pesos que declaró la síndico procuradora Laura Karina Castrejón -quien obedece a los intereses de Reyes Ledesma dentro del Ayuntamiento- entregó al GIT, y que éstos niegan, pues siempre han solventado con sus propios recursos las diligencias del pleito territorial.
Por ello reiteran su exigencia a Novelo: “Que se clarifique y se den a conocer a la ciudadanía, pero con datos concretos, nombres y apellidos, fechas, que lo hagan público, transparente; que no lo hagan en grupitos cerrados”.
La franja en disputa representa 168 kilómetros, donde se asientan 6 mil personas, entre ellas 2 mil 500 norteamericanos pensionados. Tiene una alta plusvalía, anualmente representa un ingreso de 100 millones de pesos para el Ayuntamiento correspondiente a Impuesto Predial y otros derechos. El municipio que pierda también verá reducidas sus partidas federales en más del 30 por ciento, “la rebanada del pastel que se quieren comer es grande”, ilustra José Luis Flores, miembro del frente.
Los defensores ya se la sentenciaron a la actual Legislatura: “Estamos listos para emprender todo tipo de acción de resistencia civil pacífica para evitar que el Congreso del Estado, en contubernio con el Gobierno del Estado, lleve a cabo este despojo a Ensenada. Somos más de 15 mil ciudadanos que estamos listos para entrar en acción”.
