Señalando peculado, abuso de autoridad y colusión de funcionarios en relación al contrato firmado con la empresa Turbofin, de Jaime Rogozinski, regidores del Partido Encuentro Social –PES-, presentaron ante el Congreso del Estado formal denuncia y solicitaron llevar a juicio político a Marcela Guzmán, Síndico Procuradora de Tijuana, y al propio alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
La denuncia la presentaron el mediodía de este martes 13 de junio los ediles del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Mónica Vega, Manuel Rodríguez y Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, la cual fue recibida por el presidente del Congreso, Job Montoya Gaxiola.
El argumento de los regidores lo basan “en razón de haberse violentado disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California”.
Y explicaron: “Al haberse asignado un contrato de arrendamiento en la vía de adjudicación directa que supera el valor que prevé la norma jurídica municipal como límite para poder llevar a cabo dicho procedimiento, lo cual contraviene el orden jurídico. Derivando consecuentemente en una afectación a la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Tijuana”, lo cual, agregan, interfiere “con la correcta prestación del servicio de recolección de basura”.
Manuel Rodríguez informó a ZETA que la decisión de la Síndico Procuradora Marcela Guzmán, de no trasparentar el contrato con Turbofin, fue la razón principal que los motivó a presentar la denuncia de juicio político.
De acuerdo a lo señalado por el propio alcalde Gastélum, en el contrato con Trubofin se estableció una cláusula de privacidad de dicho convenio, “pero un contrato o una cláusula no puede estar por encima de la Ley de Transparencia”, asentó el edil.
En un comunicado enviado la noche del lunes 12 de junio, la síndico procuradora, Ana marcela Guzmán Valverde, “informó que mediante sesión celebrada por el Comité de Información del XXII Ayuntamiento de Tijuana el pasado jueves 8 de mayo, se determinó clasificar con el carácter de reservado por un plazo de seis meses el contrato de arrendamiento de camiones de recolección de basura, así como la totalidad de la información contenida en el expediente formado con motivo de la adjudicación de dicho contrato”.
Esa información, explicó, se integra en el expediente “de la denuncia previamente presentada respecto de la adjudicación de dicho contrato”.
De nuevo, la funcionara utilizó como argumento para no dar información “la debida integración y conducción de las investigaciones que se practican por esa área, así como la secrecía y sigilo que deben que deben revestir las mismas”.
Sostuvo que “una vez que fenezca el plazo máximo de seis meses durante el cual permanecerá reservado el expediente, con el objetivo de privilegiar el Principio de máxima Publicidad, se pondrá a disposición la información en el Portal electrónico del Ayuntamiento de Tijuana y se podrá brindar el acceso a cualquier persona a la misma, mediante los mecanismos y procedimientos establecidos por la Ley”.
Antes de ser clasificada como reservada, ni el contrato ni anexos firmados vigentes desde el 1 de abril de 2017 fueron subidos al portal de transparencia, aún cuando El Patas sostuvo en reiteradas ocasiones que “la información ahí está, en transparencia”, evadiendo así el informar directamente cuando era cuestionado sobre el tema.
