Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó este miércoles entrevistado en la cadena Televisa, que el Gobierno Federal mexicano aún no envía la solicitud formal al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), y que él mismo sólo realizó una llamada informal con dicha dependencia estadounidense.
Diversos medios informaron que hasta ayer martes 27 de junio, la Embajada de Estados Unidos en México no tenía conocimiento de que el Gobierno mexicano haya hecho una solicitud al FBI para colaborar en el caso de presunto espionaje por parte de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, tal como lo reveló un reportaje del diario estadounidense The New York Times.
En caso de que las autoridades mexicanas hagan una solicitud al FBI, la misma se analizará como parte del acuerdo de cooperación que existe entre el gobierno de México y de EU, explicaron las fuentes de la Embajada a medios como el diario El Universal, el portal Animal Político, o El Sol de México. Así lo confirmó también, este día, el subprocurador Elías Beltrán.
El pasado lunes, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) aseguró que el FBI supuestamente colaborará en el plan de investigación ministerial en el caso del presunto espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, mismo que reveló el NYT en un reportaje.
En conferencia de prensa, el fiscal detalló que se abrió una carpeta de investigación respecto al hecho, además de que se ha organizado un grupo de apoyo técnico especializado en telecomunicaciones, donde colaborarán el FBI, además del Ministerio de Justicia de Canadá, el cual colaborará vía asistencia jurídica internacional con las entrevistas al Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
El plan de investigación incluye, además, la colaboración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSM) con sede en Londres, así como la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El titular de la FEADLE aseguró que también se le solicitará a las empresas en telecomunicaciones rastrear el número desde donde presuntamente se enviaron mensajes con el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO.
Además, Pérez del Pozo señaló que con base en el artículo 190, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones, todas aquellas personas que han denunciado ser víctimas del presunto espionaje, deben entregar a la FEADLE el equipo físico con la finalidad realizar los peritajes forenses correspondientes.
“Todas las personas que han señalado de manera formal o mediática que sus equipos móviles han sido intervenidos, estarán siendo notificados para que aporten su equipo físico a la investigación a efecto de que se pueda realizar al mismo un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, la fotografía de los mensajes sospechosos y la ubicación de, en su caso, el virus o malware”, dijo.
El fiscal anunció que rendirán declaración todas las empresas que han vendido equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México, con las capacidades que han sido señaladas, a efecto de conocer a detalle a qué gobiernos estatales ha entregado este tipo de equipos y si en su caso alguno de estos hubieran podido llegar a entidades distintas a las dependencias públicas.
El titular de la FEADLE precisó que se ha ordenado a todas las dependencias federales y estatales de seguridad que pudieran tener acceso a equipos y software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda la información relacionada a la contratación del equipo Pegasus u otras similares o análogas.
El fiscal aseguró que todas las medidas cautelares ordenadas a la PGR, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya han sido cumplidas desde el 24 de junio y se continuará trabajando estrechamente con esa comunicación.
“Los hechos vertidos en la prensa son serios y esta PGR agotará las líneas de investigación a efecto de asegurar que las y los periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país puedan ejercer su profesión de manera libre y con todas las garantías y leyes les otorgan”, garantizó Pérez del Pozo.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también informó que iniciará las investigaciones pertinentes, y en su caso, la verificación oficiosa en contra de las instancias públicas y privadas que resulten involucradas en la recolección y tratamiento de datos personales mediante uso de software malicioso, para determinar lo que en derecho proceda.
El pasado 19 de junio, el NYT publicó que el Gobierno mexicano espía a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas a través de un software llamado “Pegasus”, que debería ser utilizado para investigar a posibles terroristas o criminales, y que sólo se vende a gobiernos.
Tres días después, el presidente Enrique Peña Nieto negó que su administración utilice tecnología para espiar. Además, instruyó a la PGR a investigar a los denunciantes del supuesto espionaje, lo que desató la indignación de las presuntas víctimas de la intervención ilegal.
