“El verdadero progreso no radica en la máquina de vapor, sino en la creciente
potencia del sentido moral, de la justicia y de la verdad”.- Massimo Taparelli
El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Mexicana. Estos cambios representan la reforma más importante en Materia Penal desde la promulgación de la Constitución de 1917. Su propósito fue mejorar las condiciones de la deteriorada y desprestigiada Justicia Penal de nuestro país.
Desde hace muchos años no existía un descontento social y una reprobación casi unánime de los Abogados Litigantes contra los Jueces y Agentes del Ministerio Público, a quienes se les considera, en el mayor de los casos, ineficaces. Sin embargo, se les tacha de pusilánimes y deshonestos, lo cual origina una grave y creciente protesta colectiva.
La aspiración de la Reforma, sin lugar a dudas, fue contar con buenas leyes y excelentes servidores públicos en el ámbito de procuración y administración de justicia. México celebró, desde hace varios años, diversos tratados internacionales, donde se le obligó a incorporar el Sistema Acusatorio. Muchos Abogados y servidores públicos pensaron que la Reforma nunca sería una realidad, y apostaron a ello. Hubo reticencia al cambio: “Qué me van a enseñar a mí que tengo años litigando o años como Juez o Agente del Ministerio Público”, decían aquéllos que ya no querían prepararse, que no estaban dispuestos a estudiar y a ser verdaderos profesionales en el ámbito del litigio, ya fuera desde la barrera del servicio público o como abogado postulante. Pero la Reforma llegó y tomó a muchos de manera irresponsable, sin estar preparados, incluso, algunas entidades federativas como Sonora, la más atrasada en este aspecto del todo el país, desafiaron la puesta en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Todos tenemos la esperanza acerca del éxito que puedan tener los juicios orales, pero nada avanzará sin el imperioso cambio de los hombres. Ahora es necesario no sólo tener conexiones políticas, pertenecer al partido en el poder, participar en las campañas. Hoy con este sistema, tienen que demostrar talento, vocación, eficacia, profesionalismo y decencia.
Para ello, es necesario prepararse.
A punto de cumplirse un año de la vigencia del sistema en nuestro país, ya se prepara una gran reforma que propone cambios novedosos a la administración de justicia, de ser aprobada, estas modificaciones serán las siguientes: a) Desaparecerá por completo la figura del arraigo (Reforma al Artículo 16 Constitucional), b) Para que el Juez de Control ordene la aprehensión de una persona, bastará la petición del Ministerio Público, en el que se establezca la probabilidad de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, y de la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Además, procederá con independencia de que el delito tenga o no, pena privativa de la libertad; c) La detención a cargo del Ministerio Público por “caso urgente” procederá en todos los delitos. Con ello, se elimina constitucionalmente la noción de delito grave, esto es, se acabó la jerarquía de delitos graves y no graves.
En Tijuana, donde reside y litiga el autor de este artículo, abogados jóvenes se preparan profesionalmente y con vigor, en el litigio del Sistema Acusatorio Penal, realizando estudios de Posgrado a nivel Maestría en “Juicios Orales” de la Universidad Xochicalco. Recientemente acaba de egresar la VII Generación compuesta por Saraí Arias Liceaga, Víctor Bernal Castillo, Sergio Gabriel Bravo Carbajal, Manuel Bringas López, Karla Doménica Bustamante Rojo, Celerina Estrada Lara, Javier Román Hernández Ortega, Claudia Soledad Iñiguez Soto, María Magdalena López García, Ángel Abraham López Romero, Jonathan Ricardo Mercado Guzmán, Juan Cruz Pérez Torales, Ángel Alberto Rivera Cortez, Miriam Judith Ruíz Ruíz, Ariadna Sánchez Álvarez, Martín Sánchez González, Cristian Segovia Soto, Mónica Alejandra Velázquez Torres y Crescencio Ventura Balcázar.
Para ellos, mi reconocimiento por su esfuerzo, constancia y dedicación, porque estoy totalmente convencido de que representan garantía de capacidad y profesionalismo y el nuevo perfil de profesional del Derecho que debe exigirse en México.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
