Por una elección democrática en el Estado de México
Termina mayo y como clase trabajadora, ciudadanos en la frontera de Tijuana estamos en una situación grave, amenazante, agredida en su deteriorada condición humana y social; maltrecha calidad de vida de asalariados. Los trabajadores enfrentamos grandes retos y presiones que despiertan la conciencia de clase explotada, abusada históricamente por elites que buscan la menor rendija para amasar fortunas con la especulación en precios, los abusos, la doble moral, las mentiras sistemáticas y el golpear con incrementos de costos que no se justifican con un salario mínimo patético, infame y ridículo de $80 pesos diarios cuando el costo de la canasta básica ronda los 300 pesos diarios.
Si como trabajadores no tenemos la representatividad combativa y auténtica para demandar a los patrones y al Estado, una mejor distribución de los costos y cargas de la crisis, debe aplicarse un programa de austeridad en el gasto que sea contrapeso y disminuya el castigo al salario, partiendo de un principio de los tercios en la distribución de la riqueza o del PIB. Uno para el Estado como gasto social para toda la población, uno merecidamente para los trabajadores y uno para el capital con su pago completo de impuestos. Esa medida tibia aliviaría la crisis generalizada.
Como ciudadanos de Tijuana, resentimos el incremento en el costo de vivir en una frontera cara y dolarizada. Se ha incrementado: 1. El impuesto predial. 2. Se agregó otro costo en el alumbrado público a causa de fraudes en la compra millonaria de lámparas. 3. A esos escandalosos robos “legalizados”, se suma la devaluación del peso que rondaba los 14 pesos a medio 2016, elevado a casi 18 pesos. 4. Estos indicadores pegan brutal y violentamente en los precios de todos los artículos básicos de consumo familiar 5. Millones de familias somos víctimas de los movimientos especuladores que esperan cualquier pretexto para subir precios. 6. El aumento de la gasolina que género un impacto abusivo en el transporte. 7. El incremento del costo del agua y la amenaza viva de privatizarla. 8. La instalación de una planta cervecera que absorbe volúmenes de agua en proporciones tales que genera desabasto y desamparo a la zona costa de Ensenada, Rosarito y Tijuana.
Los fraudes del alumbrado público permanecen impunes en las dos administraciones municipales priistas de Carlos Bustamante, 2010-2013 y de Jorge Astiazarán Orcí, 2013- 2016.
Uno de los trancazos más demoledores en la economía de los trabajadores, que despertó conciencias y la ira social con las manifestaciones históricas de enero y febrero del 2017, es el impuesto federal a las gasolinas, al grado de que cada galón de combustibles es $18 pesos más caro. Esta alza contraproducente para los distribuidores de Pemex, es inaceptable e injustificada. A lo largo del resto de las fronteras, los precios de combustibles son iguales en Yuma, Arizona, y San Luis y en El Paso. ¿Por qué en Tijuana, San Diego imponen un diferencial de un dólar? En Tijuana el galón cuesta 4 dólares y en San Diego 2.75. Deslegitimar
Esta alza ha puesto las tarifas del transporte urbano, con mal servicio, en un precio de 10 a 13 pesos, aun sin tener la autorización del Cabildo. Se pone en evidencia a autoridades cómplices o ignorantes. Están deslegitimadas en un ejercicio correcto del poder protector del interés público. El municipio del “Patas” no puede, no quiere ni sabe ordenar ni poner reglas a los precios de los servicios básicos como el transporte.
Estas políticas han desnaturalizando la vocación del estado de bienestar, degenerando en un negocio depredador de empresarios que lucran con un salario de hambre, porque la mayoría de los mexicanos trabajan en maquiladoras, servicios, el campo, alcanzan más de tres salarios mínimos, que son 240 pesos diarios como tope.
Habrá estrategias para presionar, para controlar los precios de la canasta básica obrera. Un salario digno de 360 pesos diarios para la frontera. Semana laboral de 40 horas. Democracia sindical. Desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Respeto a la igualdad de género con salarios iguales en puestos iguales. Derogación de la reforma laboral. Escala móvil de salarios. Conseguir dar un alto a la corrupción e impunidad en los sindicatos y del gobierno. Derecho pleno a la salud y educación de los trabajadores. Y legislar contra los especuladores.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es Académico del Instituto Tecnológico de Tijuana. Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
