El inicio es una pregunta: ¿La inseguridad y la violencia que crecen terriblemente en Baja California es provocada por la sociedad y los medios de comunicación? La respuesta es un rotundo no. El origen de la violencia está en los tres cárteles de la droga que se disputan calles y avenidas para la venta al menudeo de sus ilícitas sustancias, léase, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel Arellano Félix y Cártel de Sinaloa.
A ese entorno de violencia e inseguridad generado desde la criminalidad organizada, se agrega la corrupción que en las corporaciones policíacas impera, la ineficacia de las instituciones de gobierno y en algunos casos, la complicidad de los mismos, hechos que contribuyen a la impunidad de la que gozan los delincuentes para asesinar, asaltar, robar, extorsionar, secuestrar, vejar a la sociedad bajacaliforniana.
No es la inseguridad un problema que se origine en los medios de comunicación o del cual la sociedad sea corresponsable. Durante los tres primeros años de su sexenio, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid no le entró al tema. No se refirió al narcotráfico, ni dijo que lo combatiría para llevar seguridad a los gobernados. La procuradora, su amiga Perla del Socorro Ibarra Leyva, ha destacado por hacer lo mismo, no se refiere a los criminales ni a las estructuras mafiosas, sus subalternos no judicializan los casos de quienes asesinan en el Estado.
Lo que resalta en Baja California en los últimos tres años, es la impunidad con que los cárteles actúan en nuestro territorio cuando no hay un liderazgo en el Gobierno del Estado que encabece un real combate a la inseguridad, y no la Cruzada que está terminando en una simulación por la seguridad, como se detalla en el artículo escrito por Rosario Mosso Castro en la página 34 de esta edición de ZETA, donde entrevistados de las áreas de Seguridad del Estado y Municipio, le aseguran que nada ha cambiado, ni se han definido nuevas estrategias, ni retos u objetivos, luego de la firma de la cruzada kikista.
Leyendo el documento firmado al estilo priista de los viejos tiempos, “todas las fuerzas vivas del Estado”, aquello es un cambiar palabras en los preceptos que esas autoridades están obligadas a cumplir, es lo mismo en el fondo, pero es diferente en la forma. Se deslindan las responsabilidades que cada Poder de los que integran el Estado tiene en su entorno constitucional, y se agregan otras de sentido común. No es, pues, nada más que un llamado a cumplir con la responsabilidad que asumieron.
Sí agregan, y de ahí la pregunta inicial, un apartado, el Octavo, donde “Los medios de comunicación de Baja California se comprometen a alcanzar los objetivos siguientes:
“1.- Incrementar contenidos que fomenten la cultura de la legalidad, ampliando la difusión de contenidos y de campañas que exalten las consecuencias positivas del cumplimiento de la ley, la rendición de cuentas y la denuncia del delito.
“2.- Incrementar contenidos que fomenten la prevención y atención de adicciones, resaltando la importancia de prevenir el consumo de drogas y del papel fundamental que juegan los padres de familia en la salud de sus hijos.
“3.- Incrementar contenidos que fomenten la cultura de la seguridad y la denuncia.
“4.- Definir estándares de actuación profesional en su cobertura informativa que evite hacer apología del delito y proteger la integridad de sus reporteros.
“5.- Dar difusión y seguimiento a los compromisos de la presente Cruzada”.
Por un lado, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid pretende entrometerse en la línea editorial de los medios de comunicación, haciendo que se comprometan a cambiar o variar sus contenidos, y por otro, sugiere que cuando se escribe, publica, transmite, habla, de la terrible violencia e inseguridad que vivimos en Baja California, se está haciendo apología del delito.
Además, considerando que somos un medio de comunicación con permanencia en Baja California desde 1980, muchos años antes que Francisco Vega decidiera entrar a la política, a quienes trabajamos en ZETA no nos consultaron para elaborar esos compromisos de la cruzada kikista. De hecho en la firma del documento, solo aparece el nombre de una persona relacionada con medios: Francisco Javier Fimbres Méndez, en su calidad de presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Delegación Baja California. Nadie más, ni directores de medios impresos, ni de televisión, mucho menos digitales o radiofónicos, nadie más. Sin embargo, el gobernador exige compromisos como los que él no ha cumplido en casi cuatro años de gobierno: acciones para abonar a la seguridad y la tranquilidad de los bajacalifornianos.
El jueves 15 de junio, la oficina del gobernador Francisco Vega, la Secretaría General de Gobierno que titula Francisco Rueda y Comunicación Social de Raúl Reynoso, realizaron una reunión de coordinación en materia de seguridad. Llevaron a sus colaboradores para informar a directivos de medios, el detalle de la Cruzada por la Seguridad, acudieron procuradora y secretario de Seguridad. Pero ningún representante de ZETA fue invitado a la reunión. Al término de ésta, el gobernador Vega salió por la puerta de atrás para no ser visto; se les dijo a los presentes, incluidos directivos de medios de comunicación, que nada de lo ahí dicho era para publicar.
Los medios de comunicación no somos responsables de la inseguridad, como tampoco de los actos de corrupción u omisión en el Gobierno del Estado de Baja California o cualquiera de sus municipios, comunicamos lo que sucede en nuestra sociedad, con nuestro gobierno y con quienes atentan contra Baja California, hasta ahí. Si la corrupción es lo que impera, de eso escribimos, si es el narcotráfico, también, si es la transa gubernamental, de eso escribimos. Nuestro compromiso es con los lectores, así debe ser en los medios de comunicación, y no con gobiernos omisos que pretenden repartir culpas en momentos donde su falta de acción, interés o compromiso, tiene sumido al Estado en una cruenta ola de inseguridad y violencia, como es el caso de Baja California.
