Durante una reunión con diputados federales -integrantes de la Comisión Especial que da seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación- el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) ya abrió una carpeta de investigación sobre las denuncias del presunto espionaje que realiza el Gobierno de México, que ayer documentó el diario estadounidense The New York Times.
El fiscal expuso que “desde ayer lunes se abrió una carpeta de investigación, a partir de las notas periodísticas y de la denuncia que presentó un grupo de personas”. Además aseguró que la Fiscalía a su cargo aperturó una carpeta y “trabaja conforme a lo que marca la ley, con la coadyuvancia de las personas que presentaron la denuncia”, dijo.
Sánchez Pérez del Pozo admitió que existe “un repunte en la violencia contra los periodistas entre 2016 y 2017, por lo que la situación es preocupante y de alto riesgo”. Además, el fiscal ofreció que los casos de periodistas agredidos o asesinados “no se tratarán como estadísticas y habrá un pleno respeto a sus derechos humanos”.
Detalló que desde la creación de la FEADLE se han iniciado 102 averiguaciones previas y 132 carpetas de investigación. Asimismo, el fiscal sostuvo que ha tenido conocimiento de 121 homicidios a periodistas y detalló los periodos en los que se han dado los atentados: 31 de 2006 a 2007, 61 de 2007 al 2012, y desde 2013 a la fecha, se han registrado 29 asesinatos, afirmó.
“Estos numerales advierten que mientras en 2014 existieron dos homicidios, sin embargo durante 2016 y 2017, ha existido un repunte muy importante en la violencia contra comunicadores, con un total de 17 homicidios en este periodo de dos años”, señaló Sánchez Pérez del Pozo.
La mayor cantidad de denuncias ante la Fiscalía, sustentó el titular de la FEADLE, son por amenazas y abuso de autoridad, siendo Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero, las entidades con mayor número de denuncias.
Ayer, el NYT reveló en un extenso reportaje que el Gobierno mexicano espía a personajes “incómodos”, entre ellos periodistas, intelectuales y activistas de alto nivel, por lo que los afectados presentaron una denuncia formal ante la PGR para que investiguen a las instancias federales involucradas, además solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y a otros organismos internacionales, pedir medidas cautelares para su protección.
En su denuncia denuncia, los afectados añadieron 76 nuevos intentos de infección a los ya documentados, para dar un total de 88. Ante ello, Ana Cristina Ruelas Serna, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, señaló en conferencia de prensa que la evidencia indica que los casos de espionaje del Gobierno mexicano no son aislados, “sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción”.
El NYT afirmó que destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje, el software Pegasus, adquirido por el Gobierno mexicano que, sólo debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas. Esto fue negado por la Presidencia de la República en un escueto comunicado. También lo rechazó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Entre los blancos del programa, señaló el rotativo, se encuentran los abogados Mario Patrón y Santiago Aguirre, que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Otro espiado -junto a su esposa- fue Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que ayudó a redactar el proyecto de la Ley anticorrupción, la llamada “3de3”. También fueron espiados “dos de los periodistas más influyentes de México”, dice el Times: Carmen Aristegui Flores y Carlos Loret de Mola Álvarez, además de la abogada estadounidense Stephanie Brewer, quien representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y comunicadores, incluido un adolescente: el hijo de 16 años de edad de Carmen Aristegui. Esto ha sido así aunque la empresa que fabrica el software, la israelí NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles del narcotráfico.
Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de dicha empresa, entre ellos, el software conocido como Pegasus, que se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular.
Las infiltración se puede dar en llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; es más, el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
