Durante mucho tiempo, los mexicanos hemos adoptado como forma de vivencia social, la figura de la corrupción, y perseguimos los delitos que la ordenan, valiéndonos del Código Penal que sanciona el apoderamiento de los caudales públicos, a través de las figuras del peculado (en todas sus modalidades), hasta las negociaciones ilícitas contenidas en diversos tipos del Código Penal vigente en el Estado.
Los logros han sido raquíticos por la falta de un Estado que funcione apegado al derecho, y de funcionarios que trabajen con honradez y no que vean los puestos públicos como una fuente de enriquecimiento.
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El problema de la corrupción aparece desde la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la policía, de acuerdo a lo señalado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Compete a las autoridades administrativas, la aplicación de sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía. Ambas instituciones, con su actual sancionador de las conductas ilícitas que antes mencionamos, pretenden erradicar este mal que vulnera el principio de legalidad y de seguridad jurídica. Vivir en la ilegalidad y en la inseguridad trae como consecuencia, quebrantos a la moral social de un pueblo y en su desarrollo económico, político y social.
Entendemos por corrupción lo siguiente:
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En el latín es donde podemos establecer su origen etimológico. En concreto, emana del vocablo “corruptio”, que se conforma por el prefijo “con”, sinónimo de “junto”; el verbo “rumpere”, que puede traducirse como “hacer pedazos”; y finalmente el sufijo “tio”, equivalente a “acción y efecto”.
La palabra corrupción, dentro de un enfoque social y legal, se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos.
La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso del poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima.
En síntesis, es un mal que implica un vivir fuera o contra derecho. Los partícipes gozan de impunidad en este fenómeno que degrada el vivir social.
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión, el fraude y las negociaciones ilícitas, son algunas formas en que se practica la corrupción y que, por desgracia, hemos aceptado como parte del vivir en la sociedad mexicana. Aunque es verdad que no sólo se presenta en la sociedad mexicana. México es el país en donde más se practica, produciendo el efecto de la anomia (nulificación de la aplicación de las normas jurídicas y morales de una sociedad, generando un vivir anárquico que omite la aplicación de una regulación jurídica para una vida sana de la nación).
Pero, a pesar de todo esto, vale la pena analizar si la solución se encuentra en la creación de una “Fiscalía para el combate a la corrupción”, porque los instrumentos jurídicos vigentes no han funcionado adecuadamente y la corrupción sigue siendo uno de los más grandes problemas de la administración pública de este país.
No se castiga a los servidores públicos que violan la Ley, porque hay corrupción. No es un problema de leyes o de instituciones, sino un problema de valores que ha permeado la idiosincrasia de un pueblo.
Se pueden crear múltiples instituciones para combatirla, pero si para ello, no se corrige la determinación axiológica de los mexicanos, una fiscalía puede chocar con los propósitos con que se crea si desde la elección del titular de ésta, no se hace apegada absolutamente al derecho, sino como producto de machincuepas políticas que tienden a satisfacer, sobre todo, el interés político-partidista en vez de al ciudadano.
Una fiscalía en contra de la corrupción, no debe ser un costoso elefante blanco, disfuncional en sus resultados, incongruente en su propósito y costoso en su operación. Tal vez, lo que hay que hacer, es fortalecer al Ministerio Público en la tarea de perseguir los delitos cometidos por servidores públicos y, para ello, otorgar plena autonomía de la Procuraduría de Justicia, desligándola del Poder Ejecutivo.
La corrupción es una epidemia que se da en los Estados donde la democracia no existe, porque los ciudadanos no participamos en la toma de decisiones fundamentales para el Estado mexicano, ya que, consecuentemente no hay rendición de cuentas y el voto, en los procesos electorales, no cuenta, como también hay ausencia de contacto entre ciudadanos y funcionarios públicos.
Una alternativa radical de solución es la reglamentación del recurso, conocido como revocación de mandato. Servidor público carente de los requisitos para el servicio a la sociedad o que no llena los requisitos éticos y profesionales necesarios, no debe estar al frente de una dependencia del Estado, descentralizada, para dar paso a servidores públicos que lleguen al cargo por sus méritos personales y profesionales.
Existen cuatro iniciativas para la creación de una fiscalía anticorrupción. La primera que presentaron los empresarios de Baja California. La segunda postulada por el Partido Acción Nacional. La tercera demandada por el Partido Revolucionario Institucional. Por último, la desplegada por el poder ejecutivo del Gobierno del Estado.
Para que se origine una institución acorde con las necesidades y condiciones socio-históricas de Baja California, es necesario implementar un plebiscito, como corresponde a un Estado que aspira a la democracia.
De las cuatro iniciativas se deben obtener como producto los siguientes resultados:
Una institución facultada para la persecución de delitos, o sea, que dependa de la Procuraduría de Justicia con funciones de Ministerio Público, encargada de investigar y perseguir delitos, encargada además de aplicar sanciones administrativas.
Debe gozar de autonomía administrativa, jurídica, política y financiera, que la independicen del Poder Ejecutivo.
Nota: la independencia administrativa del Poder Ejecutivo anula los objetivos que se persiguen al crear una institución de esta naturaleza. En cuanto a la autoridad con la que debe estar dotada para castigar a cualquier dependencia de gobierno, estatal o municipal, para exigir rendición de cuentas a los funcionarios de estos órdenes de gobierno e incluso, hasta solicitar al Congreso del Estado responsabilidades políticas o incluso, revocación de mandato.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC
