El ex boxeador profesional y cronista deportivo, Julio César Chávez González, solicitó hace alrededor de dos meses al director de la Policía Municipal, Luis Felipe Chan Balcázar, que le fueran asignados agentes como escoltas, señaló el funcionario.
Sin embargo, el ex atleta no manifestó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) alguna amenaza que detonara en esa petición.
Chan Baltazar procedió a ofrecerle el servicio de protección de la sección comercial, pero el ex púgil no dio una respuesta positiva al ofrecimiento.
Por su parte, el titular de la SSPM, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, explicó que hasta el momento no hay denuncias ni información sobre alguna amenaza a la familia de Chávez González en la ciudad.
“Un tercero”, al que ni Chan Baltazar ni Sotomayor Amezcua quisieron identificar pero del que dijeron es “empresario” fue el que medió en la solicitud, que incluso incluía nombres de elementos policiacos que el ex campeón mundial quería incorporar a su seguridad personal.
Ante la ejecución de su hermano en Culiacán, Sinaloa, el ex pugilista manifestó a diversos medios de comunicación que las autoridades de Tijuana “se han hecho pendejos” ante las solicitudes de protección por una presunta amenaza de secuestro, que según el gobierno estatal jamás fue denunciada.
Aunque el ex atleta y participante de reality shows dice haber recibido información del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de que hay criminales que quieren secuestrarlo a él y a su hija también.
Continuó – mientras su hermano era velado – que incluso el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, también recibió la solicitud de protección:
“Le informé al gobierno de Baja California, al señor Kiko Vega, y se hicieron pendejos, se han hecho pendejos, el director de la Policía Municipal, todos se han hecho pendejos la verdad. Están esperando que me pase algo para actuar “, exclamó.
Agregó que el supuesto secuestrador es un criminal a quien el gobierno dejó libre y” ahora anda secuestrando gente”.
Lamentó que ante la supuesta inacción de los gobiernos de Vega de Lamadrid y el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro se vio obligado a contratar seguridad por su cuenta.
El propio Chávez González aceptó que su hermano fue drogadicto “e hizo mucho daño” al igual que él mismo, pero que en tiempos recientes e estaba rehabilitado y apoyaba a personas con dependencia a sustancias a mejorar su salud.
En respuesta, Sotomayor Amezcua, dijo que cuando se acercó a la dependencia no había indicios de un riesgo inminente que acreditara medidas inmediatas, por lo que solamente se le ofreció pagar al Ayuntamiento por cuidado de la sección comercial de la Policía Municipal.
