La Subprocuraduría de Justicia de Tijuana informó que un juez penal ordenó un plazo de diez días para que el grupo de alrededor de 300 personas que desde el 21 de mayo invadieron predios próximos a los fraccionamientos Ke Casas y Hacienda Las Delicias, cerca del bulevar 2000, salgan del lugar pacíficamente o de lo contrario, serán desalojados con el uso de la fuerza.
De acuerdo con Jorge Álvarez Mendoza, subprocurador de Tijuana, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recibió un ordenamiento judicial para que en un plazo de 96 horas (4 días) acudan a los terrenos invadidos a notificar a las personas que los ocupan, que por una orden judicial, deben salir de los lugares en menos de diez días.
El propietario legítimo, el Grupo Muzquiz, interpuso una denuncia por desalojo y la PGJE logró la vinculación a proceso de dos acusados, Aracely Campos, quien es identificada como la lideresa de los invasores, así como de Germán Huerta, según datos obtenidos por ZETA.
Ambos imputados se encuentran bajo proceso penal y como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva a ambos. El martes 13 de junio, día de la audiencia de Aracely Campos, un grupo de personas se manifestaron a las afueras de los tribunales para exigir su liberación.
En la conferencia de prensa llevada a cabo en la PGJE, este jueves 15 de junio, el subprocurador detalló que se encuentran integrando dos carpetas más de investigación, por lo que esperan se giren dos órdenes de aprehensión en contra de otros implicados en el delito.
También participó Enrique Méndez Juárez, subsecretario de Gobierno en Tijuana, quien refirió que acudió a un recorrido el martes 13 de junio a dialogar con los invasores. Ya que estas personas se encuentran dispersas en los extensos predios, el funcionario calcula que alrededor de 300 ocupantes permanecen en el lugar.
Detalló que, a través del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI), el gobierno del Estado, tiene disponibles 100 predios, en otra zona de la ciudad, para que puedan ser adquiridos por los invasores, ya que varios de ellos han denunciado que fueron engañados e incluso, pagaron por terrenos.
Con casas de campaña, los invasores permanecen en el predio, a pesar de que se les explicó que los propietarios de los terrenos no tienen interés de venderles espacios. Incluso, exigieron que los dueños acudan al lugar para demostrar con documentos, la propiedad del inmueble.
La semana pasada, acompañados de policías comerciales, representantes de Grupo Muzquiz intentaron recuperar los terrenos, pero sin una orden judicial de por medio, por lo que el intento resultó en un encuentro violento entre los invasores y los oficiales.
El subprocurador Jorge Álvarez expresó que espera que estas personas cooperen con la autoridad y que no sea necesario utilizar agentes para cumplir con la orden judicial.
