El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) enlistó este jueves una serie de delitos -entre ellos el de peculado- en los que podría haber incurrido el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto por el supuesto espionaje que realizó con periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos, documentado en un reportaje que el diario estadounidense The New York Times publicó el pasado lunes.
En el pronunciamiento del CPC, en el que además hizo un llamado al Gobierno de la República para que aclare públicamente las acusaciones, señaló que la autoridad federal habría incurrido en los delitos de: ejercicio indebido de servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, así como peculado, todo por el uso de programas de espionaje para los fines que se denuncian en el reportaje periodístico del NYT.
El Gobierno de Peña Nieto habría incurrido en el delito de ejercicio indebido de servicio público, detalló el CPC, por afectar gravemente el patrimonio o intereses de diversas dependencias de la administración pública federal, según lo señala el artículo 214, fracción III del Código Penal Federal.
Además, el actual Gobierno Federal habría hecho un uso indebido de atribuciones y facultades, por aplicar fondos públicos de manera distinta a la que estuvieren destinados o por realizar un pago ilegal, según lo señala el artículo 217, fracción III del Código Penal Federal.
Y en el delito de peculado, por distraer de su objeto dinero o cualquier otro bien perteneciente al Estado, o bien, por utilizarlos de manera indebida a fin de denigrar a cualquier persona, según lo señala el artículo 223, fracciones I y II del Código Penal Federal.
Ante ello, el CPC, solicitó a las autoridades responsables que publiquen los contratos celebrados por la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para la adquisición de software o programas de espionaje, ente ellos el comocido como Pegasus.
Además, el organismo del SNA pidió que las dependencias correspondientes del Gobierno Federal publiquen los gastos involucrados en la compra de dichos software o programas por parte de las diferentes entidades gubernamentales, así como marco jurídico que justificó su adquisición y uso sobre comunicaciones privadas, entre ellas el espionaje.
“La gravedad de las acusaciones en contra del gobierno mexicano ameritan una investigación por parte de las autoridades competentes, en tal virtud, solicitamos al Gobierno de la República que instruya a la Visitaduría General de la PGR, así como a los Órganos Internos de Control de la propia Procuraduría, de la SEDENA y del CISEN, para que investiguen a fondo si los servidores públicos de dichas dependencias incurrieron en hechos de corrupción”, dijo el CPC en su pronunciamiento.
El Comité pidió al Gobierno dejar de intervenir las comunicaciones privadas de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos, así como de sus familiares, y dejar de utilizar el espionaje como “mecanismo de intimidación sobre ellos y sus familias”.
El CPC tiene las facultades de proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, sobretodo, vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Sus integrantes son: Mariclaire Acosta Urquidi, directora de la Oficina en México de Freedom House; Alfonso Hernádez Valdez, profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO; José Octavio López Presa; consejero Fundador de Causa en Común, A.C.; Luis Manuel Pérez de Acha, socio fundador de PDeA Abogados, S.C.; y Jacqueline Peschard Mariscal, profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
