El Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, acusó al presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia, de 76 años de edad, por corrupción pasiva, cargo que solo será aceptado tras un análisis del Supremo Tribunal Federal y con el aval de la Cámara Baja.
Según el diario local O Globo, esta es la primera vez en la historia del país sudamericano, en que un presidente es acusado de corrupción durante su mandato. Siendo vicepresidente, Temer sustituyó a Dilma Rousseff el 1 de septiembre del 2016, luego de que la ex mandataria fue removida de su cargo por irregularidades fiscales.
El primer análisis de la denuncia del fiscal será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que es la autoridad sobre el asunto por normas constitucionales, y por las cuales Temer podría suspendido de sus funciones por 180 días.
La acusación de la Fiscalía señala que Temer y el exdiputado Rodrigo Rocha Loures habrían recibido 500 mil reales de parte de Joesley Mendonça Batista, presidente de la empresa JBS, entre los meses de marzo y abril de 2017, a través de un intermediario: Rodrigo Santos da Rocha Loures.
Este lunes también se conoció un informe de la Policía Federal (PF) brasileña -filtrado horas antes de la denuncia de la Fiscalía-, el cual llegó a la conclusión de que el presidente Temer trató de obstruir la labor de la justicia en el marco de un probable esquema de organización criminal.
Las conclusiones de la PF se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, quienes han declarado que sobornaron al mandatario desde el 2010 y además han entregado a la justicia unas grabaciones que comprometen al gobernante.
En dichos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo, tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del Poder Judicial.
Las grabaciones fueron hechas por Batista durante una visita que hizo a Temer en marzo pasado, por lo que se refiere a hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato, algo que la Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de un proceso penal.
En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados, que la analizará primero en la Comisión de Constitución y Justicia y luego en el pleno del órgano legislativo.
En caso de que los diputados avalen la denuncia con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.
Si fuera finalmente condenado, en un plazo de treinta días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que en este caso concluye el 1 de enero de 2019.
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