Pese a los retenes, los operativos de grupos especiales en horarios y zonas de mayor incidencia y los patrullajes coordinados, la violencia crece en el Valle de Ensenada y en tres de las once delegaciones en Tijuana. La mayoría de los asesinatos se cometen por la tarde en vía pública y el 90 por ciento de las víctimas son personas con antecedentes. Para contraatacar a las corporaciones, los criminales están usando narcomensajes, cabezas cercenadas y las prerrogativas que les concede el Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Esta semana hubo ejecuciones en todo Baja California. De acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se registraron siete en Ensenada, seis en Mexicali, seis en Rosarito, una en Tecate y 45 en Tijuana.
En el transcurso de 2017, BC acumula 897 muertes violentas, de las cuales 691 han ocurrido en Tijuana, donde también se suman 444 lesionados por arma de fuego, de estos intentos de homicidio fallidos, 38 casos han sido resueltos (8.5 por ciento) y 55 ocurrieron solo en las dos primeras semanas de junio.
El Consejo Estatal de Seguridad tiene un análisis de la incidencia, dos municipios son las entidades más álgidas: en Ensenada la mayor problemática la tiene el valle, donde los cárteles Jalisco Nueva Generación y Arellano Fëlix están contra el de Sinaloa, en las zonas donde llegan los cargamentos en aviones; en Tijuana son las delegaciones Los Pinos, La Presa y Sánchez Taboada, porque las áreas de venta de droga están siendo peleadas por tres grupos: CJNG (Juan José Pérez Vargas es la cabeza), aliados con los restos del CAF, que ellos bautizaron como Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG), y dos del Cártel de Sinaloa, la célula de Alfonso Arzate “El Aquiles” y la de José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, a quien ahora le dicen “El W” por “Wero”.
El análisis también indica que la mayoría de los homicidios ocurren por la tarde, el 80% en vía pública, como el miércoles 14 de junio cuando, pasado el mediodía, un hombre fue asesinado en plena vía pública de la ruta Hidalgo -en la inmediaciones de los fraccionamientos Mariano Matamoros y El Florido- frente a una zona comercial; o los dos hombres acribillados cuatro horas más tarde en la misma zona, en la calle Guamúchil del Florido tercera sección. Cabe destacar que esa demarcación está resguardada por el Ejército.
El 90% de las personas asesinadas ha estado detenido en barandillas o en los separos de la Policía Municipal, o ante alguno de los Ministerios Públicos. Concluyen que están matando a personas implicadas en la venta de droga, por ello el operativo del Grupo Coordinación consiste patrullar las zonas de venta de enervantes –tienditas y esquinas- y detener a la mayor cantidad de delincuentes en las zonas de alto riesgo, para remitirlos a la estancia municipal por 36 horas, o a los MP por 18 horas, para que en ese tiempo se reduzcan dos factores: la posibilidad de que los maten, y la venta de droga.
La delegación Los Pinos en Tijuana está convertida en la zona más violenta del Estado, acumula 13 ejecuciones en los primeros 14 días de junio, en mayo tuvo 19 y en abril nueve; la diferencia con otras delegaciones es que desde mayo dejó de ser considerada zona prioritaria, y la Policía Municipal operativa se quedó sola en el área disputada por traficantes.
Otras delegaciones como La Mesa, considerada de bajo riesgo, empiezan a tener comportamientos anómalos, con 23 homicidios, es la segunda delegación de menor incidencia homicida en Tijuana (cuatro asesinatos en junio), pero el 14 de junio, en una balacera que resultó en un muerto y dos heridos, fue dejado un mensaje reportando la presencia delictiva -antes no detectada- de “Los Uriarte”: “Esto es para todos los trabajadores del Güero Chompas”.
El principal objetivo del Grupo Coordinación es reducir el número de homicidios, con esa intención, desde el 10 de mayo modificaron responsabilidades, redefinieron zonas prioritarias y reubicaron esfuerzos -un mes y cinco días después, esto no ha cambiado-, al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Municipal le asignaron la Zona Norte-Zona Centro (20 ejecuciones en abril); a la Policía Estatal Preventiva (PEP), .la delegación Sánchez Taboada (11 homicidios en abril); al Ejército corresponde La Presa (26 ejecuciones durante abril); y a la Gendarmería, La Presa Rural (cinco asesinatos en abril). El resto de las corporaciones quedó fuera en ese reparto.
De acuerdo a estadísticas oficiales, la reducción del número de homicidios establecida como meta en mayo fue fallida, se logró únicamente en la Zona Centro, en una de once delegaciones. A mitad de junio, los números siguen favoreciendo a Zona Norte-Zona Centro, y mejoran solo en La Presa y San Antonio de los Buenos.
Municipales en Zona Norte
Numéricamente, la Zona Centro que usualmente acumula la violencia homicida en la Zona Norte (zona de tolerancia de la ciudad), pasó de 20 asesinatos en abril, a nueve en mayo, y uno en las primeras dos semanas de junio. Por lo pronto, los últimos tres homicidios ya no fueron en las calles, de hecho los hallazgos de los dos cadáveres más recientes se hicieron en maletas dentro de un taller y el último en un hotel.
Información de la corporación refiere que en esta zona, durante el último mes, el GOE ha asegurado más de 3 mil 200 dosis de droga, decenas sujetos en posesión de armas y los ha presentado. Y los cárteles están respondiendo con narcomensajes y medidas legales.
A mediados de mayo, detuvieron a un hermano de José Luis Martínez Hernández, ambos hijos de un hombre que delinquió para el CAF desde los ochenta en la Zona Norte -murió en el primer trimestre de 2016-. Según reportes de inteligencia del Grupo Coordinación, de 2008 a la fecha los hermanos Martínez han operado criminalmente, primero para el CAF, después para Sinaloa y ahora para Jalisco; todos han sido detenidos y liberados en diversas ocasiones.
Como resultado de esta captura, el 25 de mayo en la colonia Altamira, en la barda de una escuela -fuera de la Zona Norte, pero dentro del Centro- colocaron una manta en la que se leyó el siguiente mensaje:
“VAKITAS YA ESTAMOS ENFADADOS DE SUS PUTAS EXTORSIONES Y QUE NOS KITEN EL PUTO. DINERO.PINCHES LAKRAS. NOS COBRAN PLAZA POR VENDER DROGA. Y AUN ASI ANDAN PASANDOSE DE VERGAS. VAN Y CHINGAN A SU MADRE. PUTOSYA LOS TENEMOS UBICADOS BAJENLE DE HUEVOS O SE LOS BAJAMOS. CULEROS
ATT. ZONA NORTE”.
Por otro lado se empezaron a dar casos como el de Francisco Rodríguez Sánchez, detenido el 17 de mayo en posesión de 500 dosis de cristal y medio kilo de marihuana, quien al ser presentado aseguró que los municipales le habían sembrado esa cantidad de droga y presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), desde donde el lunes 12 de junio enviaron una recomendación informando al GOE que el solo ver el uniforme (camuflaje blanco con negro) le causa mucho estrés a Rodríguez, por lo tanto, sus elementos deberán mantenerse alejados de él… y en consecuencia, de su punto de venta de droga.
PEP en Sánchez Taboada
En Sánchez Taboada, principal zona de operación del CJNG, a la Policía Estatal Preventiva no le ha ido muy bien en la misión de reducir las muertes, para el resto del Grupo Coordinación tiene que ver con que cuentan apenas con diez parejas para atender esa extensa área de accidentado terreno.
Los números indican que de once homicidios en abril, la cifra creció a 26 en mayo y acumuló nueve en las primeras dos semana de junio, aunque de seguir ese ritmo puede ser que sus números mejoren, una de las razones es que en la zona fue detenido un hombre sinaloense -autoridades se reservaron momentáneamente el nombre para evitar consecuencias judiciales- en posesión de un arma implicada en trece homicidios cometidos entre enero y junio en el área, de los cuales admitió haber cometido siete.
En esta zona las autoridades han detectado que los matones tienen asignada un arma corta que no comparten, sin embargo, tras cada asesinato, se la entregan a un hombre en motocicleta que la resguarda hasta el siguiente operativo, para evitar que el sicario sea detenido en posesión. Además, identificaron la utilización de dos cuernos de chivo y una R-15 que los del CJNG comparten para la ejecución de homicidios.
Militares en La Presa
La extensa delegación L Presa también tiene problema, en términos de gobierno el primero es que la Policía Municipal solo tiene 12 patrullas para atender el promedio de mil llamadas diarias de emergencia que reciben, el segundo, la disputa criminal que bajo supervisión de los militares contabilizó 26 ejecuciones en abril, 28 en mayo y seis en dos semanas de junio; este último número refleja una reducción, pero con 110 muertes, sigue siendo la delegación que acumula el mayor número de asesinatos en el año
Sin embargo, Gendarmería y Policía Federal no han tenido los mismos resultados en La Presa Rural, donde de cinco muertes violentas en abril, subieron a 13 en mayo y llevan nueve en lo que va de julio.
Criminales retan a Grupo Coordinación
En Baja California, los grupos criminales usaron la noche del jueves 8 de junio para hacer gala de la impunidad que disfrutan y burlarse de las autoridades. El Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) dio cuenta con dos reportes, a las 9:33 pm informaron que delincuentes habían dejado la cabeza de José Alfredo Pereira “El Churumbelo”, del Cártel de Sinaloa, a unos metros de la casa del director de Policía de Tecate, Francisco Castro Trenti, y a las 11:16 pm avisaron que en la banqueta de las oficinas de la PGJE en Delegación La Mesa encontraron una hielera con las cabezas de un hombre y una mujer.
En los dos incidentes, las cabezas estuvieron acompañadas de narcomensajes en los cuales el CJNG se atribuía el crimen y aseguraban que en Tijuana y Tecate, “ellos mandan”; en el mensaje de Tecate también hacían mofa de Alfonso Arzate “El Aquiles”, uno de los cabecillas del Cártel de Sinaloa en BC.
En ambos casos, las autoridades pretendieron desestimar la amenaza de los criminales contra los miembros del Grupo Coordinación, y aseguraron que no eran ataques al gobierno porque los mensajes no estaban dirigidos a ningún funcionario; el punto es que los cuerpos mutilados pudieron ser abandonados en cualquier parte, y los dejaron en estos sitios: donde viven y trabajan integrantes del Consejo de Seguridad, áreas supuestamente vigiladas, que deberían ser seguras.
En el caso de la PGJE, no es la primera vez que los delincuentes los retan sin consecuencias, amenazándolos en las mismas oficinas, en todos los casos se abrieron carpetas de investigación que no llegaron a ninguna conclusión:
* En abril y el 5 de mayo de 2017, en el puente peatonal a un lado de las mismas oficinas colgaron unas mantas dirigidas al subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE, acusando a la corporación de corrupción y firmada por los hermanos René y Alfonso Arzate, “Aquiles” y “Rana”.
* El 27 de octubre de 2016, en la barda trasera de las mismas oficinas en la delegación La Mesa, colgaron una manta y la acompañaron de una granada; en el texto acusaban al comandante de narcomenudeo en Tijuana y a cuatro agentes, a quienes mencionaban por nombre, de robar un cargamento de droga.
* El 11 de mayo de 2015 pusieron una manta en el puente para acusar a ministeriales de la muerte de una de sus compañeras.
Acusado de homicidio, amparado
Desde el mismo día del homicidio, 22 de abril de 2017, se emitió una alerta: Alejandro Pizarro Urquijo “El Pizarro” era buscado por el asesinato del policía municipal Rubén Sídney Robles. Lo identificó un hombre que al momento del ataque estaba sentado en el lugar del copiloto, en el mismo auto donde el agente fue baleado; el testigo declaró conocer bien a la víctima y al victimario, porque ambos eran de la colonia El Rubí. “… se ondeó”, fue su respuesta cuando le preguntaron del móvil del crimen.
Seis días después fue localizado e intervenido por elementos de la Policía Municipal, quienes recibieron la orden de liberarlo, porque este hombre señalado de homicidio de un policía, con antecedentes por robo con violencia y portación de arma prohibida en 2004, robo de vehículo y robo simple en 2011, portación de arma en 2013, cristalazo a vehículo y robo simple en 2014, robo de vehículo en diciembre de 2015, robo de auto en agosto y octubre de 2016… Portaba un amparo. Así, tranquilamente regresó a la calle.
Ataques a uniformados
En mayo, ZETA fue informado por policías municipales de tres ataques a balazos contra agentes de esa corporación, uno en Sánchez Taboada y dos en la delegación La Presa, después que la tarde del viernes 12, cuando en la delegación Mesa de Otay un hombre no identificado recibió a los elementos de una patrulla a balazos.
En el Bulevar Cuauhtémoc, a la altura de un expendio de gas, sobre el acotamiento y el carril de circulación, estaba estacionado un vehículo, por estar en lugar prohibido los policías creyeron que necesitaba ayuda y se acercaron, el hombre salió del auto y entre groserías les gritó que no se dejaría revisar y empezó a dispararles.
Después huyó por el cerro, los agentes pidieron apoyo y cuatro uniformados iniciaron la persecución, el hombre se agazapó y nuevamente los sorprendió a balazos, hiriendo al agente Alfredo Lejarza Soto. Después de eso, fue abatido por los otros tres agentes.
Las noches del sábado13 y domingo 14 de mayo, los oficiales reportaron por radio por lo menos tres ataques, recibían llamadas de emergencia en ciertas zonas y al llegar, desde puntos no específicos, los baleaban, ninguno reporto lesionados. Consultadas las autoridades, no confirmaron estas versiones respaldadas en los reportes de radio.
Antes, el lunes 6 de febrero, hombres no identificados agredieron a tiros a dos policías que circulaban en las inmediaciones de la Clínica 1, hubo operativo de búsqueda sin detenidos.
Caso similar el 4 de marzo, cuando desde un cerro les dispararon a los elementos que circulaban a bordo de una patrulla en la calle de la Cruz del Sur en la delegación Sánchez Taboada.
El 11 de junio, Erasmo Valdez Hernández también decidió que era buena idea dispararle a dos policías, con menos suerte que Pizarro, él murió de una herida de bala en una pierna en el Hospital General. Solo en lo que va de 2017, Erasmo se había librado en tres ocasiones del laxo brazo de la Ley: el 12 de marzo lo habían detenido por posesión de un arma larga en compañía de una mujer y de Luis Genaro Santana Hernández, con quien compartía antecedentes delictivos desde 2006 -este sujeto apareció encobijado el 1 de mayo de 2017-.
El 4 de abril, Valdez fue detenido nuevamente con droga y un cuerno de chivo, y el 31 de mayo lo capturaron otra vez con un arma R-15. Todas las veces quedó libre.
El domingo 11 de junio, mientras veía el partido México-Estados Unidos en su casa en el fraccionamiento Camino Verde, Valdez Hernández celebró disparando al aire, uno de sus vecinos, un hombre de la tercera edad, le reclamó y pidió que les permitiera ver el juego en paz, lo que no le gustó a Erasmo, quien se dirigió a la casa del vecino, tumbó la puerta, hincó a la familia -ya le había dado un cachazo al hombre mayor- y escuchó el ulular de un patrulla que tras los disparos recibieron un llamado al 911. El informe policiaco indica que Valdez intentó huir y al dispararles en el camino, los agentes quienes respondieron y lo hirieron en las extremidades inferiores.
A las siete balaceras anteriores, habría que sumar el asesinato del agente Rubén Sidney Robles en abril, cuyo expediente alberga un presunto responsable, en el mismo mes, el intento de homicidio del subjefe de Policía, Hugo Hernández, donde el responsable está detenido; al igual que el intento de homicidio -que la juez reclasificó como lesiones porque los asaltante no llegaron al lugar con la intención de matar a los agentes- cometido en contra dos policías que impidieron el asalto de un comercio en la delegación La Mesa.
En cinco meses y medio, la Policía Municipal de Tijuana ha sido atacada en nueve ocasiones y la PEP una, cuando siete sujetos trataron de quitarle la vida al subjefe de inteligencia el 18 de mayo, y la PGJE en dos ocasiones: 19 de abril-, cuando los detenidos Brayan Torres y Beatriz Pérez participaron en el homicidio del agente ministerial Jesús Enrique Andrade Lugo, y 20 del mismo mes, cuando dos sujetos de apellidos Carrillo y Díaz fueron capturados por el intento de homicidio del coordinador de Ministerios Públicos de Homicidios, José André Kato Pico.
