Mucha diplomacia, pero sin resultados a corto plazo en las solicitudes formales de extradición por los ex gobernadores mexicanos Tomas Yarrington y Javier Duarte. En el caso de Roberto Borge, autoridades nacionales aún se encuentran dentro del plazo de 60 días para realizar la petición formal de entrega del ex mandatario quintanarroense. Nuevos señalamientos surgen contra ex funcionarios; a Borge le imputan el desvío de 201 millones de pesos para la campaña del candidato priista, Mauricio Góngora, en las elecciones de 2016
Los gobiernos de Italia, Guatemala y Panamá, han ofrecido a México agilizar las extradiciones -en caso de que procedan- de los ex mandatarios estatales Tomás Yarrington Ruvalcaba, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo; sin embargo, el camino por andar todavía se encuentra en fase preliminar.
Las solicitudes formales de extradición por el tamaulipeco Yarrington y el veracruzano Duarte ya fueron realizadas por la cancillería mexicana, faltando aún la petición sobre el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, aunque el gobierno nacional se encuentra dentro del plazo de 60 días con que cuenta en virtud del tratado de la materia entre México y Panamá.
A las autoridades nacionales no solo les preocupa la extradición, pues existe confianza en que las entregas de los diversos países se materializarán a más tardar en un año. Quizá la única duda, y así lo han expresado funcionarios de primer nivel, es en el caso de Yarrington, reclamado por Estados Unidos y, al parecer, llevan ventaja en el trámite.
La intranquilidad consiste en que los ex gobernadores hoy presos en el extranjero, están acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delito que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal mexicano no es considerado como grave y no se prevé la prisión preventiva oficiosa.
Pese a lo anterior, tanto el procurador general de la República, como el secretario de Relaciones Exteriores, estiman que el delito de delincuencia organizada subsana la posibilidad de mantenerles en la cárcel en cuanto pisen suelo nacional. En el caso de Borge y Duarte, se indagan diversas conductas delictivas tanto del fuero federal como del común.
Los tres políticos mexicanos se mantienen presos en las respectivas cárceles a las que fueron destinados de manera preventiva, en tanto se resuelven los procedimientos especiales que determinarán su posible entrega a su país de origen y donde se les espera para procesarles por millonarios desvíos de recursos gubernamentales.
Suman cargos
Aunque todavía no se cuantifica la totalidad de los montos y conceptos de los desvíos de recursos presuntamente realizados por el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, nuevas investigaciones periodísticas revelan la comisión de más delitos y cantidades de dinero que del erario público salieron para destinarse a actividades irregulares.
Tomás Yarrinton.
La última de las pesquisas, que el diario Reforma atribuye a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Feadle) de la Procuraduría General de la República, y a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se refiere a una supuesta entrega del gobierno de Borge de 201 millones de pesos para la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Mauricio Góngora Escalante, en el proceso electoral de 2016.
La nota detalla que existen documentos firmados por Góngora y el dinero gubernamental fue entregado en efectivo en montos de 20 a 50 millones de pesos.
Mientras esto ocurre en territorio mexicano, en Panamá, Borge se encuentra prisionero desde el 4 de junio en la cárcel de mediana seguridad El Renacer, adonde logró penetrar el periodista quintanarroense Pedro Canché, encarcelado durante nueve meses y acusado de sabotaje durante la gestión de Roberto Borge.
Relata el reportero que el ex gobernador se encuentra recluido en el módulo habitado durante una década por el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, donde cuenta con colchón, televisor con pantalla de plasma, baño privado y agua caliente, en la zona más exclusiva de la prisión, aunque -a decir de Canché- al político ya le tocó lavar los baños del dormitorio.
Después de que el 6 de junio próximo pasado compareció ante el Tribunal Superior de Apelación de Panamá, donde se calificó como legal su detención y el ex funcionario rechazó acogerse al trámite de extradición a su país, nada nuevo ha sucedido en el caso de Borge, pues el gobierno mexicano se encuentra dentro del plazo legal para solicitar formalmente la extradición.
El ex funcionario es acusado por la PGR del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la venta ilegal de 25 terrenos del gobierno de Quintana Roo, ubicados en un área de reserva ecológica, a familiares y amigos, a un costo del uno por ciento de su valor real, aproximado a 5 mil millones de pesos.
Tutto placato
En diversos medios de comunicación se ha considerado que el procedimiento de extradición más avanzado hasta el momento en contra de los políticos mexicanos apresados fuera de su país, es el de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas. Quizá porque es el primero en tiempo de los tres, pues la detención ocurrió el domingo 9 de abril en Italia y la formalización de la solicitud por su extradición la efectuó la cancillería mexicana el 31 de mayo.
Sin embargo, la petición formulada por México ante el Departamento para los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia de Italia, ocurrió una quincena después de la petición formal del gobierno de Estados Unidos, que también busca al tamaulipeco por delitos cometidos en su territorio. La Corte Federal de Brownsville, Texas, lo reclama por conspiración para violar la Ley Federal contra Extorsión Criminal y las Organizaciones Corruptas.
En México, Yarrington es requerido en orden de aprehensión por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud. Presuntamente recibió dinero ilícito durante su campaña a gobernador por parte del Cártel del Golfo, y después se le consideró financiador de la organización criminal “Los Zetas”.
El gobierno italiano definirá a cuál de los dos países será entregado el ex titular dl Ejecutivo en Tamaulipas; sin embargo, el 19 de abril, mediante un comunicado, la PGR anunció, tras una reunión del procurador Raúl Cervantes con el fiscal general estadounidense Jeff Sessions, que Yarrington Ruvalcaba será extraditado primero a la Unión Americana.
Roberto Borge.
El boletín emitido conjuntamente, señala que después de las diferentes consultas realizadas por ambas instituciones, y una vez analizados los hechos que se imputan al ex funcionario, las pruebas disponibles y las penas que potencialmente podrían imponérsele, se llegó al acuerdo de privilegiar el trámite que cumple en mayor medida con los criterios establecidos por los convenios de extradición que Norteamérica y México tienen con Italia.
También se acordó que en caso de que el gobierno de Italia conceda la extradición de Yarrington a la Unión Americana, se autorice en el mismo acto la extradición temporal a México, para que cumpla con la justicia mexicana, una vez que sea procesado y sentenciado por las autoridades estadounidenses. Pese a lo dicho, México también solicitó formalmente la extradición a la entidad italiana.
Desde entonces a la fecha, poco se sabe de la marcha del procedimiento para extraditar al viejo político mexicano.
En ascuas
La solicitud formal de extradición más reciente es la realizada por el gobierno mexicano a las autoridades de Guatemala para traer al país al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El pedimento se formuló el 8 de junio último. A pesar de la promesa de acelerar el trámite para resolver el asunto por parte de los guatemaltecos, la audiencia para notificar este hecho al imputado fue programada para el 27 de junio.
El miércoles 14 del mismo mes, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala confirmó que ya recibió la solicitud formal del gobierno de México, en la que requieren a Duarte por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición de servidores públicos, delitos que habría cometido durante su gestión entre 2010 y 2016.
El ex mandatario cumple con la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel militar de San Rafael de Matamoros, en Guatemala, junto con otros 26 reclusos. Mientras tanto, en México, trascendió que existen investigaciones contra Duarte hasta en Brasil, donde se puso al descubierto que dos empresas utilizadas por la organización Odebrecht para el pago de sobornos transfirieron 3 millones 754 mil dólares a una compañía “de fachada” del Estado de Veracruz.
Según los documentos de la fiscalía brasileña a los que tuvo acceso la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el dinero se envió a Blunderbuss Company de México, SA de CV, empresa que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles. Presuntamente detrás de esta compañía opera una red de prestanombres vinculada al gobierno veracruzano, cuando era encabezado por Duarte de Ochoa.
Expulsión, licencia y desafuero para diputados extorsionadores
Mientras dos de los legisladores del Congreso de San Luis Potosí señalados de extorsión enfrentan posibles expulsiones de sus partidos (PAN y PRI), los de PRD y PVEM se cobijan en la complacencia u omisión de sus dirigentes, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exige desafuero para los cuatro y que pidan licencia a sus cargos.
Con el video en el que el diputado panista en San Luis Potosí, Enrique Flores, aparece solicitando dinero a un alcalde a cambio de sanearle sus finanzas públicas de 2016, quedó al descubierto una red operada desde el Congreso del Estado, en la que estarían involucrados legisladores de otros partidos, así como personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En la grabación difundida por Pulso Diario de San Luis el 12 de junio, se aprecia a Enrique Flores explicarle a su interlocutor (presuntamente el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz) el funcionamiento del esquema de cuotas para eliminar irregularidades señaladas por la ASE. Como copartícipes menciona a “Bautista, Lupe Torres, Manuel Barrera”, quienes legislan respectivamente por el PRI, PRD y PVEM. “Están haciendo los business en la Auditoría”, asevera y le asegura al munícipe: “Te van a pedir lana por dejarte limpio”. Finalmente se asume como implicado: “Lo que queremos hacer –dice- es, a ver, ésta es tu notificación; si jalas, yo ahorita doy la instrucción para que todo este cagadero quede limpio”.
La cantidad a pagar estribaría entre 10 y 20 por ciento de los “montos observados”. El alcalde abordado habría de desembolsar “4 millones de pesos”, a propósito de un monto observado por “40 millones…”. En los municipios de Ahualulco y Tamazunchale, supuestamente se manejó “20%”.
Según expone Flores, la “red de corrupción” ejercía control sobre funcionarios de la ASE, la Comisión de Vigilancia y parte de la bancada priista.
El miércoles 14 de junio, la Coparmex exigió que los cuatro diputados sean desaforados, soliciten licencia a sus cargos y que el titular de la ASE, Jesús Martínez, renuncie.
Mientras que PAN y PRI procedieron contra sus representantes parlamentarios, el PRD solapó a Guadalupe Sánchez, quien a raíz del escándalo, presentó denuncia en la Procuraduría de Justicia.
“La verdad no tenemos dudas sobre su honestidad, sabemos de su trayectoria”, asumió el dirigente estatal perredista, José Luis Fernández. Acerca del recurso interpuesto por el diputado, sostuvo “era un paso necesario para que no se trate de involucrar su nombre y el del partido”. En todo caso, atribuyó, “pareciera así, que estamos ante una práctica recurrente de los panistas, a quienes una y otra vez se les ha señalado por pedir moches”.
Por su parte, Enrique Flores renunció como coordinador de la fracción panista y como presidente de la Junta de Conciliación Política. Afirmó que denunciaría al alcalde de Ébano, al cual se refiere como quien filtró el material. Según el líder estatal panista Xavier Azuara, el diputado será expulsado del PAN.
El priista involucrado Óscar Bautista, tampoco quedó en buenos términos con su partido. “Le pedimos que renuncie a la Comisión de Vigilancia”, según reveló a ZETA el delgado nacional del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Chafino.
“En el PRI hay una molestia con nuestro diputado, en el caso que de que salga culpable”, aseguró, “el presidente nacional (Enrique Ochoa) ha sido muy claro: no defendamos lo indefendible”.
Según expuso, el caso se reportó a la comisión de justicia partidaria y se solicitó al Congreso “una investigación a fondo” y “que se revise la Auditoría”.
De resultar responsable, Bautista podría ser expulsado del PRI.
ZETA buscó vía telefónica al legislador por el PVEM, Manuel Barrera. No se le pudo localizar en la sede potosina del partido, donde funge como secretario, ni en el Congreso, donde preside la mesa directiva. Por parte del CEN del Verde Ecologista tampoco dieron respuesta. Eduardo Andrade Uribe
