El gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro niega “categóricamente que exista alguna irregularidad en el tema de la renta de patrullas y camiones de basura”, pero confirma que el contrato que asignó en forma directa a Grupo Turbofin de Jaime Rogozinsky es por 3 años, con la salvedad de ser ratificado cada año.
Aunque se dice respetuoso de la denuncia penal presentada por un grupo de ciudadanos, subrayó que la acción legal “no tiene ningún fundamento”.
En un comunicado oficial, fue el secretario General de Gobierno del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Raúl Felipe Luévano Ruiz, quién dio la cara por la denuncia que este lunes se interpuso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado –PGJE-. Luévano forma parte del Comité de Información que el 8 de junio decidió ocultar el contrato y los anexos de la adjudicación directa otorgada el 1 de abril de 2017 a Grupo Turbofin, para la renta de patrullas y carros recolectores y de transferencia de basura.
Al respecto, el funcionario subrayó que “se cumplió debidamente con lo que marca el Reglamento de Adquisiciones del Municipio, en el procedimiento para la renta de 52 camiones de basura y 27 unidades para Seguridad Pública.
“En el caso de la renta de camiones de basura, Luévano explicó que sí existe una declaratoria de emergencia que emitió el propio alcalde Juan Manuel Gastélum, con base al artículo 34 del Reglamento de adquisiciones para el Municipio de Tijuana”, se lee en el comunicado.
Y aunque sostiene que Gastélum sí firmo dicha declaratoria, no la expone en el comunicado con el que busca aclarar la legalidad de la adjudicación directa del millonario contrato, aunque justificó: “dicha Declaratoria de Emergencia que firmó el alcalde no se publicó en el Periódico oficial del Estado, porque no lo obliga la Ley, tratándose de este tipo de declaratorias”.
En el caso de las patrullas, el Secretario anotó que “no hubo una declaratoria de emergencia ni licitación, ya que el Reglamento de adquisiciones del Municipio permite hacerlo de forma directa por tratarse de un asunto de seguridad pública. “Por lo tanto también el proceso de renta de patrullas está sustentado legalmente, no existe ninguna irregularidad”, reiteró el funcionario.
Por su parte, la Oficial Mayor, María de los Ángeles Olague, “explicó que el contrato de las Patrullas, con la empresa Grupo Turbofin, es por tres años, pero condicionado a suficiencia presupuestal, por lo que deberá ser ratificado cada año, por lo que al día de hoy sólo se ha comprometido el año 2017, lo mismo que con el contrato de camiones de basura”.
Y como en el caso de la renta de camiones de basura, la renta de patrullas también incluye su mantenimiento, pago de seguros y placas de circulación.
Sin embargo, esto no quiere decir que no habrá compra de patrullas más adelante, pues con recursos del FORTASEG, en los próximos meses se adquirirán más unidades para seguridad pública.
Actualmente existe la necesidad de reponer al menos de 480 patrullas, que se encuentran fuera de servicio.
El tesorero municipal, Ricardo Chavarría Morales, aclaró que no se ha hecho ningún pago por la renta de Patrullas, ya que se pagará en función de cómo vayan llegando; sólo se realizó un depósito en garantía por la cantidad de 3 millones 461 mil 845 pesos, concluye el boletín de prensa.
