Gracias a los funcionarios y gobernantes corruptos, de cualquiera de los tres Poderes que integran el Estado Mexicano, y que viven en la impunidad, en este país las instituciones han ido perdiendo presencia, credibilidad y fuerza. La Ley, los Reglamentos, son letra muerta si quienes están encargados de hacerlos valer, de supervisar su aplicación, y sancionar las conductas que se dediquen a lo contrario, renuncian a esa facultad para entrar a un sistema corrupto que sobrevive porque es un pacto entre partidos, y un hecho oculto a la sociedad.
En sobradas ocasiones en esta columna, en este medio y en otros más, se ha escrito de cómo un personaje como Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz hoy preso en Guatemala y acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa, peculado, y que además dejó aquella entidad en bancarrota, no pudo hacerse solo de ese círculo de corrupción e impunidad que lo rodeó –a la vista de todos- sin la ayuda, complicidad y en el mejor de los casos, omisión, por parte del resto de las autoridades. Del Congreso del Estado, del Órgano de Fiscalización, de la Auditoría Superior de la Federación, de los Alcaldes, y otros funcionarios, todos quienes le abonaron el camino para robar, aprovecharse de los recursos ajenos, y amasar una fortuna grosera a costa del erario.
Esa situación no es, desafortunadamente, exclusiva de Veracruz.
Las alianzas políticas que inician en las campañas electorales, fuera de toda ideología y con el objetivo único de ganar el poder por ganar el poder, se convierten en círculos de corrupción que rodean a los gobiernos en todo México. Los diputados que se aliaron con el PAN para ganar distritos, no supervisarán las cuentas de sus gobernados; de igual forma los coaligados con el PRI durante las campañas, la presidencial, alguna estatal o municipal, no han de criticar una acción, por más evidente, abusiva o corrupta que sea, porque son eso: aliados en la campaña, cómplices en el poder.
Cuando se trata de gobiernos sin contrapesos, como Baja California, donde el Gobernador es emanado del Partido Acción Nacional, lo mismo que trece de veinticinco diputados (la mayoría simple), y tres de cinco alcaldes, los círculos de complicidad son peores. Con una oposición debilitada y hambrienta de negociaciones, el PAN gobierna prácticamente de manera homogénea.
Estos dos escenarios han acabado con las instituciones. Han convertido a las Auditorías Superiores de los Estados en comparsas del gobierno en turno; los Congresos Estatales terminan siendo cómplices de gobernadores abusivos y alcaldes ventajosos. La administración pública secuestrada por aquellos que responden a sus partidos, y a sus intereses y deseos personales, antes que al Estado y a la sociedad.
Aparte de Javier Duarte, de Roberto Borge, de César Duarte, de Tomás Yarrington, y de muchos que hoy son Gobernadores y se convertirán en prófugos, esta semana en San Luis Potosí sucedió un caso que puede ser emblema del corrupto sistema mexicano, donde unas instituciones se ponen al servicio de otras para que unos cuantos de carne y hueso saquen provecho económico a costa de otros que fueron omisos, que cometieron irregularidades o fueron ineficientes.
Un caso, por cierto, dado a conocer por un funcionario que no respondió de manera condescendiente a la amenaza, que videograbó el encuentro donde la hacen la propuesta para entrar al círculo de corrupción, y lo exhibió públicamente. Él ha sido identificado como Crispín Ordaz, Presidente Municipal de Ébano, San Luis Potosí, y quien según le dicen sus extorsionadores, su cuenta pública trae observaciones por unos 40 millones de pesos. Por limpiar dicho expediente, por dejar limpio el resultado de la Auditoría Superior del Estado, y que el Alcalde no tenga que subsanar duda alguna, ni entregar más documentos que prueben que el recurso fue gastado legítimamente (como se supone sucede con las observaciones de Auditoría, cuando no hubo caso de exceso, sino de omisión), los extorsionadores del círculo de corrupción le cobran el 10 por ciento (por ser cuate, de lo contrario sería el 15 o el 20 por ciento) del total del recurso observado, en este caso, 4 millones de pesos.
En el video, donde se aprecia claramente a quien es identificado como el hasta ayer coordinador de los diputados del PAN y Presidente de la Junta de Coordinación Política, Enrique Flores Flores, explicar al Alcalde cómo le limpiarán el expediente, cómo se irá por la libre, cómo 4 millones no son nada comparado con los beneficios que trae, y cómo 4 millones los invierte en su campaña. Aunque reitera que él no cobrará ni un peso, sí conmina al Presidente Municipal a hacer el acuerdo con el resto de los extorsionadores, entre los cuáles Flores es la liga.
El del Partido Verde Ecologista de México. Manuel Becerra Guillén, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el perredista y Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, José Guadalupe Torres Sánchez, el del priista Óscar Bautista Villegas, vocal de la Comisión de Vigilancia, y el panista Enrique Flores Flores, Presidente de la JUCOPO del Congreso del Estado de San Luis Potosí, así como Abraham Reinhart, coordinador general de auditorías de la Auditoría Superior del Estado, son los integrantes, al menos visibles y ya señalados, del grupo de corruptores, y quienes ofrecen manipular las auditorías a las entidades públicas, y que estas sean aprobadas en la Cámara local.
Es como un chiste, ¿qué hacen juntos en un cuarto un verdecologista, un priista, un panista, un perredista, y un auditor? Transar. Y convertirse en el clarísimo ejemplo de cómo funciona la corrupción en el sistema de gobierno y supervisión mexicano, que ha sido origen de notorios como Javier Duarte y muchos más ex gobernadores delincuentes en potencia.
¿Quién supervisa esto? ¿Quién castigará a estos funcionarios y legisladores? ¿El mismo Estado que encabezan personas de sus respetivos partidos? ¿La Procuraduría General de Justicia del Estado en manos de un priista, la Procuraduría General de la República titulada por un priista, la Contraloría de san Luis Potosí de un gobierno priista, el Congreso del Estado integrado por todos los partidos ya mencionados, o los partidos políticos?
En México la corrupción es la madre de la impunidad, y ésta el origen de la mayoría de los males. Un sistema donde las complicidades políticas están por encima de la Ley, de la buena administración pública, y las instituciones en manos y mentes de políticos que responden a sus intereses y a los de los suyos.
Seis días antes que se diera a conocer, a través del diario Pulso, este entramado de corrupción que implica a diputados, empleados de la Auditoría Superior del Estado y Alcaldes, uno de los inmiscuidos, el Diputado priista Óscar Bautista Villegas, reflexionaba sobre quiénes deberían ser nombrados Fiscal General, Fiscal Anticorrupción, y Fiscal Electoral. Textualmente dijo el legislador tricolor potosino: “Antes de pensar en nombres de quién podría ser nombrado como Fiscal General del Estado, Fiscal Anticorrupción y Fiscal Electoral, primero se deben de fijar los lineamientos y requisitos que deberán cubrir los profesionistas que puedan aspirar a ocupar dichos cargos”.
Sí, de entre ellos, del voto de cuatro de los señalados en el acto de corrupción, saldrá el nombramiento de Fiscal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí. A menos que la sociedad obligue a los partidos, a hacerlos solicitar licencia y retirarse del Congreso, a los cuatro, al verdeecologista, al priista, al panista y al perredista. Que sean investigados, lo mismo que los funcionarios de la Auditoría Superior. De otra manera, el círculo vicioso de la corrupción continuará en lo que parece ser una historia interminable de vergüenza para México.
