“La corrupción está mutando más rápido que la propia legislación”, señaló el experto en derecho fiscal, Adolfo Solís Farías, para referirse al desarrollo del Sistema Estatal Anticorrupción que actualmente sigue en análisis, en el Congreso del Estado de Baja California.
En el primer foro de análisis sobre el Sistema realizado el miércoles 31 de mayo, el abogado apuntó que las declaraciones de intereses patrimonial y fiscal “no revelan una verdad económica ni financiera” de los servidores públicos, por lo que sigue habiendo mecanismos para desviar fondos públicos.
La titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Melba Adriana Olvera Rodríguez, señaló que la corrupción y el desfalco al erario público no sólo vulneran la dignidad de los contribuyentes, sino que dañan sus derechos humanos, como los casos en que la crisis del Hospital General de Tijuana (HGT) ha afectado la prestación del servicio de salud y con ello, el derecho humano a la salud.
Erika Santana González, presidenta de la barra de abogadas “María Sandoval de Zarco” y organizadora del evento, denunció que hay un retraso de los diputados locales para desarrollar el Sistema. En primer término, se debe reformar antes del próximo 18 de julio, la Constitución Política del Estado de Baja California para “dar vida” al Sistema Estatal Anticorrupción. A partir de ahí, se deben desarrollar las ocho leyes secundarias que reglamentarán su funcionamiento.
Pero los trabajos que iniciaron en julio de 2016, orientados a reforma la Constitución, se han tardado diez meses, lo que genera incertidumbre, dijo.
La diputada Iraís Vázquez Aguiar, justificó el retraso de, por lo menos siete meses con el proceso electoral del año pasado, la renovación de la mesa directiva del Congreso y las manifestaciones en la sede legislativa del Estado.
Vázquez Aguiar enfatizó que la necesidad de que el gobierno del Estado, prepare un presupuesto en el ejercicio fiscal de 2018 para sustentar las figuras que se crearán junto al Sistema Estatal Anticorrupción, aunque no otorgó un monto estimado de lo que costará a los contribuyentes la persecución de los desfalcos al erario público.
