El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz comparecerán ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para abordar el tema de las intervenciones telefónicas de las que han sido víctimas defensores de los derechos humanos y periodistas.
La cita será el jueves 29 de junio y de acuerdo con el diputado panista Jorge Ramos Hernández, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, el jueves 22 de junio fue notificado por la Secretaria Técnica, Amparo Brindiz Amador, que la solicitud presentada hace un par de días fue atendida.
Días antes, Ramos Hernández, fue designado por el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, como encargado de dar seguimiento al escándalo de espionaje telefónico que denunciaran las asociaciones la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), SocialTic y Artículo XIX.
Según el amplio informe, entre 2015 y 2016, el gobierno federal, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, utilizó el software Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, para espiar periodistas y activistas de derechos humanos, a pesar de que este malware está diseñado para intervenir comunicaciones de terroristas o en casos de seguridad nacional.
Tras el anuncio, Ricardo Anaya anunció públicamente que recibió mensajes de texto similiares a los explicados en el reporte, que llegan a los teléfonos celulares de los blancos de manera personalizada, haciéndose pasar por allegados o sitios con noticias falsas y un enlace malicioso, el cual permite la descarga del software de espionaje que da acceso no solo a contactos, mensajes, documentos y correos, sino también el uso de la cámara y micrófono.
“Si el presidente Enrique Peña Nieto sabía del caso de espionaje es grave, pero si no lo sabía es aún más grave, pues es el principal responsable de lo que sucede en el país”, sentenció el legislador y ex alcalde Tijuana, quien se dijo convencido de que el resultado de la investigación conducirá a los culpables y no habrá impunidad.
El panista aseguró que se sabe de al menos 729 personas fueron espiadas a través de sus equipos de telefonía celular.“Es muy importante puntualizar que no se trata de un espionaje tradicional, de escuchar conversaciones, se trata de una cosa mayor, que invade la intimidad de periodistas, deportistas, activistas, funcionarios electorales y líderes de partidos”, manifestó.
Remarcó que no existe ninguna resolución de un juez federal para proceder a intervenir la comunicación de las víctimas, por lo que el Gobierno Federal está obligado a dar una explicación y a entregar información precisa sobre esos procedimientos.
Hasta donde se sabe, el software de espionaje tiene un costo promedio de 85 mil dólares por equipo, por lo que el gasto ascendería a más de 62 millones de dólares, lo que también se deberá esclarecer, porque se trata del uso de recursos públicos.
Ramos Hernández expresó que con los actuales niveles de inseguridad, es muy lamentable que se desvíen recursos para fines de espionaje de figuras públicas, en lugar de destinarlo a ubicar a líderes del narcotráfico y saber cómo operan o qué movimientos van a realizar para el trasiego de droga.
El diputado por Baja California insistió en que es un acto de parte del estado que no tiene precedente y es un claro reflejo de las prácticas a las que siempre le ha apostado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para mantener controlado al país.
Recordó que en la Comisión Bicameral participarán tres diputados federales y senadores, que estarán citando a los funcionarios responsables de la seguridad pública para que expliquen los casos de espionaje.
De ser necesario, propondrán que intervengan organismos internacionales para que haya transparencia y claridad en la investigación.
