Empresarios aseguran que la efectividad policial no es resultado de la falta de tecnología, sino de problemas de operatividad por la falta de presupuesto en materia de seguridad. Las carencias de las corporaciones se distinguen por la escasa presencia policiaca, poca capacitación y desabasto de combustible para atender emergencias
La decisión de elevar el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) a Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) en los cinco municipios de Baja California es una incongruencia, opinaron representantes del sector empresarial y empleados del servicio en Ensenada.
“Para qué meter más tecnología cuando ni siquiera tenemos lo indispensable para trabajar. Ocupamos que contraten más elementos de la Policía, que den gasolina, reparen unidades, más armamento. No pedimos imposibles, sino lo básico para que el personal pueda atender de manera eficiente las llamadas de auxilio de la gente”, indicó uno de los trabajadores.
Aun así, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid tiene programado para 2019 el inicio de operaciones del C5, el cual funcionará a través de una Asociación Público Privada (APP) que invertirá al menos 600 millones de pesos en programas preventivos, fortalecimiento institucional y sobre todo en tecnología de punta, conforme a un modelo implementado en Guanajuato y otros estados del país.
Una ex trabajadora del C4 (que opera desde 2001) reveló a ZETA el caos que se vive en el interior de las oficinas donde, a pesar de la coordinación, capacidad y tecnología de la que disponen, las corporaciones policiacas no se dan abasto.
Platicó que si bien hay llamadas de broma, cientos son auténticas y no se atienden debido a que tan solo en la estación de la Zona Norte hay tres patrullas y cuatro oficiales disponibles.
La peor parte la enfrentan familias de la zona rural, donde no hay unidades, menos aún policías.
“Apenas atienden una emergencia, requieren apoyo y no alcanzan a llegar a la emergencia que está en el otro sector”, narró.
La situación empeora en los meses de septiembre, octubre o noviembre, cuando las administraciones finalizan ejercicio y se quedan sin presupuesto, no hay combustible para circular, ni fondos para reparar las patrullas.
Por otro lado, Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró como delicado que una empresa privada tenga injerencia en temas de seguridad, pues a su criterio, es una labor propia del gobierno.
“No vaya a ser que el día de mañana el gobierno no cumpla con los compromisos y se quede el sector privado con el equipo e información que contemple la operación de un centro con estas características”, respondió en espera de que tengan contemplados estos imprevistos.
Aunque la cuestión de inteligencia, así como tecnología, es básica para inhibir el delito, el empresario tiene dudas acerca del proceso de licitación, y espera se lleve a cabo un proceso transparente, “solo basta con revisar el historial de cómo se han dado contratos a través de la figura APP”, dijo con desconfianza.
Pide IP mejorar la estructura policiaca
“No es el momento ni la forma de arrancar con un C5, primero es necesario mejorar las estructuras policiacas, revisar en qué está fallando el C4, entonces ya pensar en mejorar la tecnología”, evaluó León Ptacnik.
El empresario del ramo de la seguridad no dudó que el proyecto sea una estrategia mediática ante el problema de inseguridad que enfrenta la región, sobre todo en la zona sur de Ensenada, donde en los últimos meses han muerto 81 personas de forma violenta.
Enumeró los conflictos sin resolver por el Ejecutivo y que figuran como amenaza a la seguridad: escasa capacitación de agentes policíacos, pocos policías -muy por debajo de lo marcado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-, además la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas.
“El narcotráfico es el que no va a remitir, ni con el C5, ni C6, C7, ni C8, alcanza para combatir el crimen organizado, si no hay una base efectiva que permita la operación de esta tecnología”, sostuvo.
Si bien el C4 está en un nivel inferior que el C5, la realidad es que es un instrumento eficaz que, de haber funcionado, los índices delictivos no se hubieran disparado.
Armando León.
“Es como comprar una aeronave de lujo, última categoría, pero no contratas a los pilotos adecuados, entonces lo van a estrellar. O es como como entrar a la secundaria cuando no tienes terminada la primaria”, ironizó el empresario, al tiempo que desechó declaraciones del gobernador y titulares de seguridad en municipios donde aseguran que más del 50 por ciento de las llamadas hechas a C4 son de broma o falsas alarmas.
“Hay evidencias documentadas de casos donde se manda una señal real de un incidente y la Policía no acude al llamado, es como hemos comprobado que C4 sí funciona, pero no opera como debe”, explicó.
La puesta en marcha del C5 en Baja California tiene varias vertientes, dijo que conoce el centro en Morelos, donde sí alcanzaron buenos resultados, pero con una inversión millonaria en etapas.
En contraparte, la de Guanajuato también fue una gran inversión, sin embargo, los resultados dejan mucho que desear, ya que el índice delictivo no bajó, sino que va a la alza en esa entidad.
Seguridad es responsabilidad del Estado, no del vecino
Armando León Ptacnik calificó de inaceptable el foro “Seguridad, trabajo para todos” que promueve el Gobierno del Estado, porque es la manera en que la actual administración diluye la responsabilidad de mantener la paz.
“¡Yo no coincido con eso!, ese trabajo es para el gobierno, porque los demás estamos trabajando, pagamos impuestos, educamos a los hijos y evitamos exponernos, mientras que los mal habidos no van a colaborar con la autoridad, por eso no nos pueden pedir eso. No voy a llegar a mi casa, cansado, para vigilar la casa del vecino”, renegó.
Describió que hay excelentes policías en todos los niveles, con carrera policial, honestos, trabajadores y comprometidos en lo individual, el problema es la disfuncionalidad de las corporaciones.
“Son malas porque no tienen planes, no tienen estrategia o no están capacitadas para cierto tipo de delitos”, comentó.
Desconocen proyecto, pero lo respaldan
La propuesta para elevar el C4 a C5 tiene que pasar primero por los diputados del Congreso del Estado, sin embargo, el coordinador de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Job Montoya Gaxiola, desconoce de qué se trata.
“Solo escuché que hubo visita y visualización por parte del gobernador a Guanajuato, pero no tengo el dato, no ha llegado la propuesta por escrito”, informó.
“Sabemos que este centro implica modernización, coordinación y mayor capacidad de trabajo, para eso se necesita mucho presupuesto, por lo que vamos a evaluar la posibilidad para el siguiente ejercicio fiscal”, agregó el legislador del partido Movimiento Ciudadano.
Una vez que tengan el plan en papel, lo pasarán a la comisión, donde revisarán el tema de la fiscalización o aplicación de recursos económicos.
“No sé cómo funciona este sistema en Guanajuato, desconozco la figura, no estamos en contra siempre y cuando se verifique las situaciones de los contratos en el sentido de la tasa de interés”, determinó.
A la par, Montoya reconoció que el nivel de violencia en Baja California es alarmante y la sociedad “está despierta”, por lo que negó cabida para cualquier acto de corrupción, asegurando que la comunidad no dejará firmar un contrato con beneficio a los empresarios y no a la sociedad.
Atemorizan las APP a BC
Según el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, existe desinformación respecto a la figura de Asociación Público Privada (APP), pero elogió lo que se puede llegar a crear con ellas.
“No nos deben asustar las APP porque es una herramienta del orden federal, que se utiliza a lo largo y ancho de la República; lo que tiene que darse es transparencia entre las partes, y eso se los garantiza”, comparó el mandatario, quien ya tuvo una reunión con diputados del Congreso del Estado, en la que les planteó la necesidad de emprender el C5, tomando como ejemplo el modelo de Guanajuato, cuyo costo total de obra y equipamiento fue de 2 mil millones de pesos.
Insistió en que mantener la seguridad es un trabajo coordinado entre sociedad y gobierno para mitigar los problemas.
C5 es el remedio, no la medicina
Aunque el alto índice de homicidio obliga a buscar soluciones eficientes para retomar el clima de tranquilidad, ésta no es la única medida que debe tomar el gobierno, considera la diputada Rocío López Gorosave, quien se ha involucrado en el tema de la violencia en Ensenada. De ahí la necesidad de utilizar toda la tecnología disponible para hacer más eficiente el trabajo de las diferentes corporaciones de seguridad que operan en Baja California.
Los C5, agregó, han demostrado en diferentes estados de la República su efectividad, sin embargo, “este tipo de infraestructura por sí sola no representa la solución total a la situación por la que atravesamos”, advierte la regidora.
De ejecutarse, el Centro tiene que ir de la mano con estrategias integrales que además de la labor policial y combate frontal a la delincuencia, contemplen medidas preventivas y de impulso al desarrollo económico y social.
