Durante 30 años, el gobierno de Baja California pagará más de 6 mil millones de pesos a un consorcio donde participa el senador Víctor Hermosillo, y construirán una de las vialidades más importantes en Tijuana. El panista dice estar “tranquilo”, pero piden su renuncia
Una de las obras más ambiciosas en la administración de Francisco Vega de Lamadrid y que implica un contrato por el que el Gobierno del Estado de Baja California pagará más de 19 millones de pesos al mes (con IVA incluido) durante 30 años, será ejecutada por una de las empresas del panista Víctor Hermosillo y Celada.
El diseño, construcción, operación, mantenimiento y conservación del Periférico Aeropuerto-Zapata, que contempla un segundo piso hacia Playas de Tijuana, implica una inversión inicial de mil 500 millones de pesos por parte de las empresas Cointer Concesiones México, Cointer Concesiones y Constructora Ramher, esta última propiedad del senador, las cuales resultaron ganadoras de una licitación.
A cambio recibirán, a partir de 2017 y hasta 2047, 6 mil 840 millones de pesos en pagos del gobierno de Baja California. Esto además del cobro del peaje de los miles de usuarios que estiman utilizará esa vialidad en Tijuana.
Expertos en construcción y opositores políticos cuestionan los términos en que fue entregada la obra que dejará millonarias ganancias al legislador, pero el político responde: “También soy hombre de negocios”.
El periférico será construido y operado en el formato de las Asociaciones Público-Privadas (APPs). Una vez que los diputados aprobaron la Ley, fue una de las primeras obras de infraestructura en las que el gobierno estatal comenzó a trabajar.
En octubre de 2014, un mes después de la publicación de esta legislación, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) ordenó un estudio de costo-beneficio para la construcción de esta obra.
Por medio de adjudicación directa, el Gobierno del Estado pagó 250 mil pesos a Corporación Rehovot, empresa son sede en Guadalajara, Jalisco, para que ejecutara el estudio en un lapso de once días, de acuerdo con el contrato celebrado el 12 de diciembre de 2014.
Los detalles del proyecto
La vialidad, con una extensión de 3.6 kilómetros, iniciará en el Cañón Zapata, al filo de la carretera al Aeropuerto Internacional “Abelardo L. Rodríguez” de Tijuana.
Trazo periferico aeropuerto-playas
Continuará de forma paralela al muro que divide a México de Estados Unidos y conectará al cruce internacional de San Ysidro, para continuar hasta llegar a la Avenida Internacional, rumbo a Playas de Tijuana.
Entre las especificaciones del terreno de tipo montañoso, están las pendientes pronunciadas, un promedio de 19 metros de ancho, la presencia de tubería y un sistema de succión de aguas pluviales y residuales, también cruza un canal.
De acuerdo con la descripción del proyecto, realizado por las consultorías españolas Azvi y Prointec -al cual ZETA tuvo acceso- “la velocidad del proyecto se considera de 60 kilómetros por hora, contará con un ancho de sección de 16.2 metros donde se alojarán dos carriles de 3.5 metros en cada sentido”.
Entre otros aspectos, contará con un viaducto y se prohibirá el paso a vehículos pesados.
Especialista ve riesgo de endeudamiento
El 25 de abril de 2016, el Comité Estatal de Proyectos de Asociación Público-Privadas aprobó varios proyectos, entre estos el del Doble Piso del Aeropuerto a Playas de Tijuana. Entre los argumentos que expuso Manuel Guevara, titular de la SIDUE, sobresale que la obra “permitirá reducir tiempos de traslados y mejorar la imagen urbana”. Por unanimidad, el Comité autorizó que se concursara el proyecto.
En julio de 2016, la Secretaría de Planeación y Finanzas aprobó ese acuerdo y la convocatoria para los participantes se publicó un mes después.
El 19 de diciembre de 2016, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó el Dictamen 62, publicado como Decreto 57, con once proyectos de APPs.
De acuerdo con el documento, el Doble Piso hacia Playas de Tijuana presenta una inversión inicial de mil 500 millones de pesos y con ello se generaría una contraprestación mensual de 19 millones 343 mil pesos al mes (Impuesto al Valor Agregado incluido).
Además, se contempla un periodo de inversión de 35 meses, los cuales incluyen seis meses de proyecto ejecutivo, trámites y autorizaciones, 28 meses de construcción y un mes de pruebas, mientras que la operación y mantenimiento se llevará a cabo durante 27 años.
Un especialista en construcción consultado en ese tema opinó: “Es preocupante que no se transparente cómo determinaron los aforos para manejar la carretera como autosustentable, porque se cae en el riesgo de que genere una deuda pública”.
Acerca del papel del senador Hermosillo como beneficiario de la obra dijo: “Se presta a una cuestión de conflicto de interés porque hemos visto cómo las licitaciones del Gobierno del Estado han sido solamente con dos proponentes”.
La otra concursante, favorita del gobierno
El 5 de enero de 2017 se presentaron las propuestas por parte de dos concursantes. El primer consorcio compuesto por las empresas de origen español Cointer Concesiones México, Cointer Concesiones y Constructora Ramher, perteneciente al legislador de extracción panista.
El segundo por Promotora y Operadora de Infraestructura, Grupo Concesionario de México, Equivent, Operadora Metropolitana de Carretera y Constructora Makro. Esta última es una de las empresas más beneficiadas por el Gobierno del Estado. Actualmente ejecuta la obra Nodo Vial 20 de Noviembre, con valor de 91 millones de pesos.
No hay Ley que me impida participar: Hermosillo
Víctor Hermosillo y Celada es fundador de Constructora Ramher, empresa constituida en 1975, de acuerdo con el Registro Público del Comercio. En aquel entonces, el panista y Juan César Romeher Martínez registraron 100 acciones a su nombre, lo cual los colocó como los socios mayoritarios de un grupo de cinco.
Victor Hermosillo
Un documento de la misma oficina gubernamental indica que el 11 de febrero de 2016, por medio de un acta protocolizada, el senador registró el 24.18 por ciento de las acciones, con valor de más de 82 millones de pesos.
De los once socios restantes, le siguen Leopoldo Joaquín de la Maza Téllez y Miguel Ávila Ferrer, cada uno con el 10.94% de las acciones.
En entrevista, Víctor Hermosillo aclara: “Soy senador, pero también soy hombre de negocios y constructor desde hace 51 años”.
Para el panista “no hay conflicto de intereses porque fue una obra abierta. A nosotros nos invitó una empresa española a participar con ellos, porque conocemos bien el Estado, somos minoritarios en esa situación. No soy pariente de ninguno que está en el Gobierno del Estado, soy senador de la República en el Gobierno Federal. Es otra cosa. Estoy muy alejado de las decisiones de mi negocio porque estoy de senador”.
— Si bien Usted no forma parte del gobierno estatal, ¿entiende que esto despierta sospecha entre la ciudadanía?, que un político del mismo partido consiga una obra de esta magnitud.
“Soy miembro de un partido, pero no me quita mi posición de ciudadano y de empresario. Yo estoy tranquilo, tengo mi reputación por muchos años y por supuesto que habrá gente que no piense como yo, eso no lo puedo evitar”.
— ¿No cree que sería pertinente para quien ejerce un cargo público, a pesar de ser un hombre de negocios, no entrar en negocios que tienen que ver con gobiernos para evitar este tipo de…?
“No hay esa Ley”.
— Pero por decisión personal, ¿no cree que es mejor no entrar a ese tipo de negocios para que la ciudadanía no sospeche de cómo se otorgó la obra?
“Hay gente que puede pensar diferente a mí, para eso hay leyes, reglamentos, un dictamen técnico. Está todo perfectamente detallado, fue un concurso muy extenso, no hay nada malo. No tengo ningún interés en lo oscurito, que la obra se revise en el Congreso”.
Si quiere hacer negocios, que renuncie como senador: Luis Moreno
El diputado Luis Moreno Hernández pidió la renuncia del senador Víctor Hermosillo por considerar que existe un conflicto de intereses en la licitación que ganó.
Vista del muro desde la Via de Juventud Oriente hasta la Vía Internacional
“Hago un llamado al senador a que se retire de su cargo si quiere seguir haciendo negocios”, apuntó el representante del Partido Encuentro Social (PES).
El también presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Infraestructura, Conurbación, Comunicaciones y Transporte del Congreso de Baja California, opina que “para cualquier funcionario que tenga empresas constructoras, es una obligación moral y ética, además de legal, hacer a un lado sus funciones empresariales para asumir sus tareas como funcionario público”.
Sobre todo en un ambiente como el que se vive en Baja California, donde la ciudadanía ha señalado la corrupción en el gobierno de “Kiko” Vega.
“Este gobierno se encuentra rebasado por la capacidad de gobernar y la sospecha. Es impresionante que en medio de la circunstancia social que estamos viviendo, de sumo rechazo a la clase política, sigan existiendo casos como éstos en que el senador, a través de su empresa, gana una licitación”, añadió.
En marzo, el diputado del PES presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para abrogar el Decreto 57, el cual aprueba la construcción de once obras de APPs, entre las cuales se encuentra el doble piso hacia Playas de Tijuana.
Aunque la fracción del Partido Acción Nacional rechazó la propuesta, el resto de los diputados aprobaron que ésta se turnara a la Comisión de Hacienda -presidida por Iraís Vázquez- para su análisis, donde todavía se encuentra.
De igual forma, el legislador busca modificar la Ley de APPs “para que quienes terminen tomando las decisiones sean sectores de la sociedad civil como especialistas y no siete funcionarios, de los cuales existe la sospecha que tienen intereses económicos detrás de cada obra que se realiza, las obras que se están planificando a través de la Ley de APPs son aprobadas por un comité integrado solo por siete funcionarios ligados al gobernador, pero no se le consultan a la ciudadanía sus prioridades”, expone.
En efecto, la obra otorgada al senador Hermosillo se aprobó, entre otros, por Miguel Ángel López Arroyo, subsecretario de Planeación y Presupuestos de la Secretaría de Planeación y Finanzas; Manuel Guevara, titular de la SIDUE; e Isauro López Cárdenas, coordinador general del gabinete.
También por Alfredo Babún Villarreal, subsecretario de Desarrollo Económico, quien anteriormente aprobó la entrega de fondos federales a Industrias Zahorí, propiedad de su jefe directo, Carlo Umberto Bonfante, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.
“Mientras no reformemos las leyes y estén hechas a modo para beneficiar a unos cuantos, este tipo de situaciones, como la obra entregada al senador, van a seguir ocurriendo”, finaliza Moreno.
