Osvaldo Antonio Santín Quiroz, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer que se investiga hasta 70 mil empresas, como las gasolineras, que emiten facturas falsas para comercializar combustible robado, cuyas operaciones superan los 900 mil millones de pesos.
El jefe del SAT explicó que aunque la evasión fiscal ha disminuido gracias a las nuevas tecnologías y a los primeros resultados de la reforma en la materia, la compraventa de estos documentos, que no soportan una operación real, es uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan.
“El robo de combustibles también tiene un componente fiscal. Cuando se enajena combustible robado no se están pagando el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y el impuesto al valor agregado (IVA).”, señalo Santín Quiroz.
“Por lo tanto, nosotros estamos verificando en todas las estaciones donde presuntamente existe robo de combustible, que no haya omisiones en el cumplimiento de obligaciones fiscales”, dijo el jefe del SAT al participar en la presentación de un estudio sobre evasión fiscal, organizado por la Universidad de las América Puebla (Udlap) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm).
“Las investigaciones son diversas y tienen que ver con los operativos que realizamos… estamos buscando qué empresas han tenido operaciones con estas estaciones de servicio, que se pueda presumir que han comprado combustible robado o que estén comprando o vendiendo facturas. También, desde el punto de vista de Pemex, estamos identificando quiénes pueden justificar su nivel de consumo de combustibles, dada la naturaleza de su negocio””, detalló Santín.
El jefe del SAT puntualizó que se trabaja en todo el país, con el mayor número de operativos en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, donde se cancelaron estaciones de servicio.
Por otra parte, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó que las pérdidas totales del robo de combustible ascienden aproximadamente a 20 mil millones de pesos, el SAT actualmente no tiene una estimación de lo que el fisco ha dejado de recaudar en términos de IEPS e IVA por este mismo delito.
Ayer miércoles, el diario Milenio dio a conocer que en la compra del combustible están implicadas grandes empresas, entre ellas industriales mineras que consumen entre 5 mil y 10 mil litros semanales por mina, según testimonios de “huachicoleros” entrevistados por el rotativo.
La venta masiva de combustible ilícito también beneficia al sector sindical, que ha servido, por ejemplo, para la construcción de la planta de la automotriz alemana Audi. Incluso las fuentes del medio señalaron al líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez, como quien instruyó a conductores para cargar diésel en puntos determinados en Acatzingo y Tepeaca, Puebla.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que el gobierno federal no solo busca detener a quienes extraen combustible de manera ilegal, sino que quiere dar “con las cabezas” de estos grupos delictivos.
“Queremos dar con los que son cabeza de todas estas organizaciones delictivas, que incluso ponen a la población por enfrente de sus actos y que por supuesto los ponen en riesgo”, aseguró Osorio Chong.
