¿Dónde están José Antonio Gali Fayad y Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Los dos son Gobernadores, los dos son panistas, y los dos han destacado por su ausencia en la estrategia para combatir al crimen organizado y al narcotráfico que tiene azotados a los estados que gobiernan, Gali en Puebla, García en Tamaulipas.
La semana pasada y la que transcurre han sido difíciles para muchos estados, la inseguridad en México crece, mientras los cárteles de la droga son arropados por autoridades federales y locales que les proveen de impunidad, a la par que gobernadores y funcionarios corruptos crean con la defensa de sus intereses, zonas de ingobernabilidad.
Ahí está el reporte del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, donde su director John Chipman, declaró esta semana que México en el 2016 se convirtió en el segundo país donde más muertes ocurren (producto de la violencia) con prácticamente 23 mil ejecuciones, solo superado por las 50 mil personas caídas en la guerra civil que se libra en Siria.
Y por más que se quiera culpar enteramente al Gobierno Federal de esta situación de inseguridad, violencia, corrupción, impunidad, la realidad es que considerando que la violencia inicia en los Estados, los gobernadores tienen una parte de responsabilidad muy trascendental, lo mismo que los alcaldes. Ambos niveles de gobierno poseen las Policías Preventivas y Ministeriales, las mismas que deberían estar atacando y previniendo los delitos del fuero común que son la base para los del fuero federal, narcotráfico, delincuencia organizada y crimen organizado.
Sin embargo, los gobernadores no actúan en consecuencia. Esperan que miles de soldados o marinos sean enviados a sus Estados para que otro gobierno haga frente a los problemas de inseguridad propios. Las ejecuciones producto del narcotráfico y el crimen organizado, son delitos del fuero común que las Procuradurías de Justicia de los Estados, o las Fiscalías Estatales en su defecto, deberían resolver, investigar, procesar y solicitar órdenes de aprehensión contra los asesinos, que resultan ser sicarios, lugartenientes, e integrantes de los cárteles, quienes ante la incapacidad estatal para generar una orden de captura, matan todos los días en las calles, avenidas e incluso en otros Estados. En Baja California, por mencionar la entidad desde donde esta columna se escribe, el nivel de impunidad en el caso de los homicidios, es de 85 por ciento. Lo mismo sucede con el narcomenudeo, es un delito que se investiga también en los Estados, pero al que no le dan seguimiento.
Ciertamente, la persecución del narcotráfico es una responsabilidad federal, y en ello el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha fallado (ahí está el dato del segundo País con más muertes violentas en 2016), lo mismo que su coordinador de la Comisión Nacional de Seguridad, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong (su idea de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal no funcionó).
La estrategia de Peña parece ser la misma a la del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, detener a los cabecillas de los cárteles, confiscar algo de droga, y nada más. Cero combate real al lavado de dinero, nada de congelamiento de bienes y cuentas bancarias, ni hablar de cerrar las rutas de la droga, como tampoco han logrado desmantelar no solo las estructuras financieras de los cárteles y el crimen organizado, mucho menos acabar con la estructura humana del narcotráfico. Por eso cuando un narcotraficantes capo es detenido, las narcoguerras inician, porque solo detienen al líder, acaso a su primer círculo, le confiscan unas cuantas casas y hasta ahí.
Lo que sucede ahora en Tamaulipas, particularmente en Reynosa, es muestra de ello, de la incapacidad del Gobierno Federal para desmantelar un cártel, y la ineficacia de los gobiernos Estatal y Municipal para combatir los delitos de homicidio doloso y narcomenudeo. El Cártel del Golfo ha sido liderado por, aproximadamente, unas siete, ocho personas, desde hace por lo menos unas tres décadas; sin embargo, a pesar que algunos de ellos han sido detenidos en los últimos sexenios, y otros abatidos, el Cártel del Golfo sigue de píe, y tan solo del 2 al 9 de mayo, sumó en Reynosa 23 ejecuciones producto de una guerra interna por el poder criminal de esa mafia.
Mientras los grupos de la sociedad civil, empresarios, algunos políticos y pocos gobiernos locales piden ayuda a gritos que no se alcanzan a escuchar de tanto balazo, del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, poco se sabe, tan poco que los gobernados ya no voltean en su búsqueda, van por el Presidente, para pedirle ayuda porque ya no aguantan más. Negocios extorsionados, muertos por todos lados, enfrentamientos a balazos, calles tomadas, una total ausencia de Estado de Derecho.
Lo mismo ocurrió en Puebla, cuando ladrones de combustible que suelen ordeñar los ductos de Pemex, armaron una incendiaria guerra ¡contra el Ejército! Tomando calles, amedrentando ciudadanos, matando; al final de un día, el 4 de mayo, 10 muertos el resultado y millones de pesos perdidos (y hurtados), en gasolinas, diésel, crudo, que se llevan de manera impune los huachicoleros.
Antonio Gali, Gobernador de Puebla, no supo estar a la altura para enfrentar el problema, han debido intervenir la Fuerzas Armadas, pero eso sí, pasada –un poco, o acaso solo suspendida-, la guerra de los ladrones de combustible adheridos al crimen organizado, se niega a que las ciudades poblanas donde se lleva a cabo el mayor número de delitos en este sentido, sean consideradas en un estado de excepción. Seguro cree, que ahora sí podrá.
La realidad es que entre el crimen organizado, el narcotráfico y los delincuentes comunes, tienen tomadas ciudades y estados, ante la incapacidad de los gobernadores para combatir la inseguridad, y la falta de compromiso y una estrategia integral del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en medio de todo, una sociedad gritando de dolor, muriendo poco a poco, o migrando, yéndose del país.
