Mientras que Javier Duarte, preso en Guatemala, reclama espacio para hacer deporte y tener con quién platicar, Tomás Yarrington recibe en Italia la noticia de la revocación de un amparo que ordenaba a la PGR desarchivar una averiguación previa contra ex funcionarios de esa dependencia
De los cargos fincados hasta el momento a través de carpetas de investigación consignadas y órdenes de aprehensión obtenidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no figura ninguna de las 52 denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre irregularidades detectadas en el manejo y desvío de recursos públicos en esa entidad.
El auditor Juan Manuel Portal aseguró que es responsabilidad de la PGR determinar las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas conforme a las denuncias presentadas por la ASF y se conviertan en causas penales contra Duarte. Más cauto que en otras ocasiones, cuando el auditor acusó a la lentitud de la PGR como causante de la fuga del ex mandatario, Portal explicó que las denuncias provienen desde 2011 y engloban un monto de aproximadamente 45 mil millones de pesos, faltando aún de revisar la cuenta pública 2016.
Entretanto Javier Duarte conoce las incomodidades que brinda la privación de la libertad en la prisión militar de Guatemala, donde está albergado desde el 16 de abril pasado, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, anunció que se han recuperado bienes por más de mil 200 millones de pesos desviados por su antecesor, entre ellos una casa de Tlacotalpan, 700 millones en efectivo, que serán depositados en una cuenta bancaria para hospitales, además de bienes inmuebles en Xalapa y otros lugares, muchos terrenos, un penthouse en Boca del Río, un Learjet 4 y un helicóptero.
Por su parte, el subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparos, Gilberto Higuera Bernal, negó que Karime Macías, la esposa de Duarte, tenga calidad de prófuga de la justicia, pues aún no tiene la condición jurídica de imputada y aseguró que en caso de existir una indagatoria en contra de la mujer del ex gobernador “apenas estaría integrándose”.
Sobre la estrategia de solicitar a Guatemala la extradición de Duarte de Ochoa y no la deportación del imputado, al comparecer ante diputados, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, defendió la postura del Gobierno Federal y explicó que de haber optado por la deportación “podría darle al detenido una ventaja procesal que condujera a su posible liberación, por fallas al debido proceso. Por lo tanto, la decisión es continuar con el proceso de extradición”. Y es que, recordó, que el veracruzano fue detenido en Guatemala, por las autoridades de aquel país en cumplimiento de una Ficha Roja de Interpol México, la cual fue emitida como orden de detención con fines de extradición.
Otro que figuró en medios y redes sociales fue Jesús Antonio Macías Yazegey, el suegro de Duarte, quien a través de un video expuso que su riqueza se debe a que en 2009 ganó el premio mayor de 50 millones de pesos, de la lotería nacional, gracias a una serie que le obsequió su yerno. El hombre asegura que las autoridades cuentan con los documentos probatorios de su dicho y el respectivo pago de impuestos realizado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Revés a Yarrington
Mientras que en Italia, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, lucha en contra de su posible extradición internacional a los Estados Unidos de América, en México un Tribunal Colegiado en Materia Penal le propinó un revés en su intento de enjuiciar a ex funcionarios de la PGR y periodistas por presunta difamación de honor.
Luego de que el 30 de octubre de 2015 el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal le concedió el amparo y protección de la justicia a Yarrington para que el Ministerio Público de la Federación desarchivara la averiguación previa en cuestión, ahora el Quinto Tribunal Colegiado en la materia revocó el fallo y ordenó la reposición del juicio de garantías a efecto de que se dictamine si la firma del escrito inicial de demanda corresponde al quejoso o no.
En caso de comprobarse la firma tildada de falsa o que no es de la autoría del ex mandatario tamaulipeco, evidenciaría una de las causas de improcedencia, lo que constituye una violación a las reglas del procedimiento del juicio de amparo. En su momento, la fiscalía adscrita al juzgado interpuso el incidente para que se realizaran los peritajes grafoscópicos correspondientes, pero el juez estimó que el hecho de que Yarrington estuviese prófugo no validaba la suposición de que su firma es falsa.
En 2012 y 2013, tras los señalamientos periodísticos en contra de Tomás Jesús Yarrington de malos manejos como gobernador de Tamaulipas, presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, el político presentó demandas civiles, sin éxito, en contra de periodistas y escritores. En materia penal, con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder, denunció a ex funcionarios de la PGR, entre ellos a la saliente procuradora Marisela Morales Ibáñez y al ex titular de la SEIDO, Cuitláhuac Salinas, por ser directamente los responsables de “garantizar la secrecía de las averiguaciones previas”.
Sin embargo, los señalamientos formulados contra los ex funcionarios federales no prosperaron, determinándose el 22 de mayo de 2015 el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la indagatoria 155/AP/DGDCSPI/2013. Inconforme por esta determinación de la Visitaduría General de la PGR, Tomás Yarrington promovió un juicio de amparo el 30 de junio de ese mismo año.
Yarrington enfatizó: “La autoridad responsable dejó de realizar diligencias pertinentes y desahogar pruebas a efecto de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de las personas que fueron denunciadas”. El tamaulipeco agregó que la representación social redujo la investigación a lo publicado en el Diario Reforma de 3 de febrero de 2012, sin analizar las notas periodísticas posteriores que revelan “la filtración de datos por quienes resultan garantes de la secrecía de la averiguación previa”.
El Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la capital del país concedió la protección constitucional a Tomás Jesús para que el agente del Ministerio Público Visitador General deje sin efecto el archivo de la averiguación previa, pues se detectó que existieron pifias “de forma” que viola la garantía de seguridad jurídica del reclamante.
Al interponerse el recurso de revisión, tanto por el propio quejoso, como por el MPF como tercer interesado, éste último hizo valer la posibilidad de que la firma estampada en la demanda de amparo no sea de Yarrington Ruvalcaba, lo que debió haber motivado la suspensión de la audiencia constitucional, cosa que el juez no hizo y por ello se ordena reponer el juicio para el desahogo de los referidos peritajes.
En tanto, el ex funcionario mexicano permanece en una prisión de Florencia, en Italia, interponiendo los recursos legales a su alcance para evitar su remisión ante una Corte de Distrito de Texas, donde será enjuiciado por diversos delitos.
