La responsabilidad apunta a Santiago
Leal Amador, director general de la
Consejería Jurídica del XV Ayuntamiento
de La Paz. Desde el principio regidores y
funcionarios públicos fueron “engañados”
por la parte jurídica, expresa Gerardo
Jáuregui Quezada, apoderado legal de
GIRRSA, empresa concesionada a la que
el municipio adeuda 26 millones de pesos
A principios de junio de 2015 se dio a conocer el punto de acuerdo del Cabildo del XIV Ayuntamiento de La Paz, en el cual se resolvió entregar por 15 años la concesión del servicio de alumbrado público a la empresa nayarita Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, S.A. de C.V. (GIRRSA), la cual se encargaría desde ese entonces del mantenimiento, reparación y sustitución de las más de 18 mil luminarias que existen en la capital de Baja California Sur.
“Lo veo muy preocupado antes de tiempo. Él va a tener tres años para preocuparse, ya llegará el tiempo de ocuparse por el municipio, y le va a hacer falta tiempo para preocuparse por todos los problemas que se vienen”, expresó Francisco Monroy Sánchez, alcalde en turno del Ayuntamiento y suplente de Esthela de Jesús Ponce Beltrán, quien fuera precandidata por la gubernatura del Estado.
Ese mensaje envió Monroy al sucesor de las deudas municipales, Armando Martínez Vega, el cual es notorio no encuentra una salida a los problemas que su equipo le ha generado, poniendo al descubierto un millonario quebranto para las arcas municipales.
La responsabilidad apunta a Santiago Leal Amador, director general de la Consejería Jurídica del XV Ayuntamiento de La Paz, quien en principio hizo lo conducente para hacer llegar a los integrantes del Cabildo las supuestas irregularidades que cometió la empresa para ser seleccionada de entre cuatro más.
Fue en la Segunda Sesión Pública de Cabildo da La Paz donde se contaron 13 votos a favor y uno en contra para la revocación del título de concesión a la empresa para la prestación, explotación, administración y conservación del servicio de alumbrado público municipal. Ahí se expusieron los puntos que, en la opinión de Leal Amador y dado a conocer a Rosa Evelia Solorio Ramírez, síndico municipal, son los puntos que declaran irregularidades en el proceso de entrega de la concesión.
GIRRSA mantiene trabajos en las calles de La Paz, pese a que ha sido negado por el Ayuntamiento y el Consejero Jurídico
Entonces se señalaron cinco puntos primordiales:
- 1. La anterior administración falló al aprobar dicha concesión por no revisar a detalle el resto de los proyectos presentados en la convocatoria de licitación;
- 2. El resultado no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado;
- No contaba con la firma del tesorero municipal;
- Supuestamente tenían la autorización de la alcaldía ni del Estado;
- Por Ley está prohibido otorgar concesiones de los servicios públicos a particulares.
Sin embargo, desde un inicio tanto regidores como algunos funcionarios públicos del Ayuntamiento fueron “engañados” por la parte jurídica, según expresa Gerardo Jáuregui Quezada, apoderado legal de GIRRSA.
“Dentro del proceso lo que ha sucedido es simplemente la presentación de escritos dilatorios, pero lo único que demuestran es lo tendencioso con que se conducen y las falsedades. Me atrevo a decir que la Consejería Jurídica se conduce con falsedad ante el pleno del Cabildo, y el pleno del Cabildo no está enterado de la realidad jurídica de su estatus”.
Pese a las declaraciones vertidas en ese entonces, Jáuregui no se dio por vencido, pues existía un contrato firmado por el Ayuntamiento, y debía hacerse efectivo.
“Al inicio de los trabajos del XV Ayuntamiento determinaron desconocer el título-concesión que fue otorgado por la anterior administración, sin embargo, este desconocimiento de nuestro proceso jurídico fue sin que nos hayan respetado las formalidades del procedimiento, es decir, lo hicieron de forma unilateral, eso motivó a que la empresa nos fuéramos a promover un juicio de amparo, ya fue resuelto, obteniendo una sentencia donde nos están protegiendo y en la cual en este momento está en revisión ante el Tribunal Colegiado”.
Según el abogado, de entrada fueron violentados los derechos de la empresa al negarse la audiencia.
Obligaciones omisas y desacato
“Ya cuando hay un desacato a una orden federal, es otro nivel de circunstancias que se tiene que hacer, yo creo esto no va ligado pero hace darse cuenta, de que probablemente han engañado al alcalde las partes jurídicas del Ayuntamiento, porque así como algunas denuncias que han presentado contra tu servidora o sus colaboradores, carecen de sustento, carecen de elementos, son ideas, son comentarios, son suposiciones”, dijo la diputada federal priista y ex alcaldesa de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, poniendo en duda las capacidades del director de la Consejería Jurídica.
“Los asesores jurídicos o las gentes que participan en esto, no tienen la capacidad para atender, o para diluir estas cosas, ese es el tema, por el bien del municipio el alcalde debe tomar cartas en el asunto, para que se fortalezcan estas cosas y que no sigan pasando cosas fuera de orden que lastiman a la ciudadanía”, recomendó ante la incapacidad demostrada del Área Jurídica.
Aun con un mandato del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, hubo un acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria celebrada el 13 de junio de 2016. Para resolver el incidente de revisión en materia administrativa número 505/2015, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1039/2015, la autoridad municipal entró en desacato.
“Sin embargo, en el inter del procedimiento existe una suspensión definitiva que data del 13 de junio del 2016, la cual no ha sido acatada por la autoridad, esa actitud omisiva deriva en que estemos en un incidente de incumplimiento, y ese incidente de incumplimiento lo que va a traer consigo son unas consecuencias muy delicadas”, lamentó Gerardo Jáuregui, apoderado legal de GIRRSA.
Lo cierto es que desde el principio las arcas municipales estaban indefensas en materia jurídica. Uno de los casos fue la contestación que hiciera el director de la Consejería al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, en el asunto donde se “rinde informe en el incidente para modificar o revocar la suspensión definitiva”; en primera acepta que hay una suspensión definitiva, y en segunda, llama ignorantes a los integrantes del Tribunal Colegiado:
“Falseando los hechos para tratar de sorprender a su señoría, además aplica el principio general de derecho que establece Quien afirma está obligado a probar, situación que en la especie no ocurre y que los integrantes del Tribunal Colegiado denotan una ignorancia inexcusable de la ley de la materia cuando en teoría son expertos en materia constitucional, al tomar como suyo el argumento de la quejosa, cuando no existe documento, ni prueba alguna en el expediente que acredite el dicho de la quejosa”.
El escrito fue enviado por el director general de la Consejería Jurídica a título del secretario general del municipio, Isidro Ibarra Morales, es decir, actúa desde su silla, falsea información, oculta la misma y falta al respeto a la autoridad sin firmar un solo documento, sino a través de otras figuras públicas.
Aunque la empresa ganó un amparo contra el Ayuntamiento de La Paz, y ahora el mismo debe cumplir con el pago de hasta 26 millones de pesos que adeuda a GIRRSA, el cual no ha emitido, deriva en desacato por una instrucción de un juez federal, situación que ha sido tomada a la ligera por Santiago Leal.
“La existencia de un posible desacato por no pagarle a la empresa es un juicio que aún no concluye, estamos aún en proceso, y aún no estamos en desacato, ninguna de las autoridades municipales ha caído en desacato hasta este momento”, mantiene la postura el consejero jurídico, pese a los recursos de revisión desechados por improcedencia.
Gerardo Jáuregui, Apoderado Legal de GIRRSA, asegura que la Direccion de la Consejería Jurídica se conduce con falsedad
Con documentos en mano, Gerardo Jáuregui informó que la autoridad federal ha requerido en más de dos ocasiones el pago a la administración municipal, a lo cual han sido omisos, a sabiendas de lo que marca la Ley.
“Tomado en cuenta o lo que no se ha dicho por parte de nuestras autoridades, la autoridad federal les ha requerido en más de dos ocasiones para que en 24 horas dieran cumplimiento, no lo han hecho, el área de Consejería Jurídica se ha encargado de dilatar lo que es irremediable, que es acatar la orden del tribunal, y bueno, la actitud rebelde que están tomando va a traer como consecuencia lo que marca la propia Ley de Amparo: la configuración de un delito especial, y en ese caso la inhabilitación y destitución del puesto”, lanzó el apoderado legal.
Pero esto va más allá de la destitución del funcionario público, hay tres momentos que se pudieran presentar:
* La apertura de una averiguación ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque se configura un delito especial;
* La solicitud ante el Congreso del Estado para el desafuero y destitución de los funcionarios municipales, es decir, regidores, alcalde, síndico municipal y tesorero.
* Un cumplimiento sustituto, que puede ser el embargo del Ayuntamiento, el congelamiento de cuentas o alguna alternativa para que se paguen las tarifas acordadas en el contrato.
Ha quedado claro que autoridades desconocen en gran proporción el fondo del asunto, incluso la síndico Rosa Evelia Solorio Ramírez, el propio alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega y el jurídico, estuvieron enterados y no notificaron al Cabildo paceño de lo que ocurre en este caso en particular; ahora todos están en desacato por la mal función de un servidor público, el cual a decir de la empresa, “ha actuado de mala fe”.
Pero algunos, por no decir la mayoría, “la actitud que han tomado los funcionarios municipales, a excepción de algunos, es ser omisos, es tener los ojos cerrados a lo que es evidente, una parte de los funcionarios, viendo cómo está la situación, han tratado de buscar una alternativa o una solución a esto”, lo cual también los hace responsables del mal trabajo que se hace desde este puesto jurídico.
Mentiras y engaños jurídicos
Son facultades de la Consejería Jurídica “dar seguimiento a los juicios y controversias en los que sean parte las dependencias y entidades de la administración. También se erigirá en Consejera Jurídica de todas las dependencias de la administración municipal; contribuirá en la revisión de los convenios, acuerdos y contratos en los que sea parte el municipio, y brindará asesoría sobre la integración y seguimiento de los procedimientos administrativos. Asimismo, será la responsable de incoar los procedimientos y actas administrativas en materia laboral, así como dar seguimiento a los juicios laborales en los que el Ayuntamiento o el Municipio sea parte”.
Además, dicha dirección “dará al Síndico Municipal la asesoría necesaria para el desempeño de sus facultades y será la responsable de dar seguimiento a los juicios en los que por motivo de sus facultades deba comparecer la Sindicatura Municipal”, determina la Ley Orgánica del Municipio.
Dicho esto, el servidor público encargado de la Dirección General de Consejería Jurídica, la síndico municipal y el propio alcalde, han quedado a deber en sus responsabilidades, el primero por “tener desempeñando una función que no llena, no sabe, o de plano está jugando; la síndica ha fallado mucho en los documentos, los documentos que presenta aquí frente a los regidores carecen de siquiera sentido común, falta de orden y compromiso; y el alcalde los está dejando ser, cuando lo están poniendo en mal”, expuso una fuente.
Para dejar en claro el desconocimiento de la Ley por parte de Leal Amador, “el amparo 1039/2015, relativo al tema conocido públicamente como el de la luminarias, es un asunto que aún no se resuelve en definitiva, que se encuentra actualmente en proceso de revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito con sede aquí en la ciudad, estamos dando seguimiento y esperamos una resolución, esperemos pronta”, sin embargo, ya ha sido solicitado y de igual forma desechado por el Tribunal Colegiado, situación que omitió el servidor público.
Aun cuando el propio Ayuntamiento ha registrado otros recursos de revisión, los cuales se desecharon por ser “notoriamente improcedente el recurso de revisión que hace valer la Síndica Municipal del Ayuntamiento de La Paz (Rosa Evelia Solorio Ramírez)”, quien es mencionada en el “Amparo en revisión número: 779/2016 en la Subsecretaría General de Acuerdos Sección de Trámites de Amparos, Contradicciones de Tesis y demás Asuntos”.
Con documentos en mano, el representante legal de la empresa GIRRSA aseguró que sus representados recibieron un Amparo para continuar con las labores de mantenimiento del alumbrado público de La Paz
Según Santiago Leal Amador, recurriendo a su verdad, “hay un resolutivo que no es definitivo, donde el Juez Segundo toma una determinación, sin embargo, ese resolutivo es una parte en todo el procedimiento, éste termina hasta la sentencia que pueda emitir el Tribunal Colegiado, que hasta este momento no la ha emitido”, sostiene.
Pese al resolutivo ya emitido por los tribunales colegiados de Circuito, el director general de la Consejería Jurídica tuvo el valor de sostener una mentira a ZETA, sin embargo, el propio amparo en revisión 779/2016, emitido el 13 de junio de 2016, afirma que las sentencias pronunciadas “por los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de la revisión no admitirán recurso alguno, es decir, dichas resoluciones constituyen decisiones emitidas por tribunales terminales y son definitivas e inatacables; por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está jurídicamente facultada para modificarlas a través de la interposición de otro recurso de revisión, ya que permitirlo provocaría una impugnación interminable de resoluciones de los recursos de revisión”, lo que le da la razón a Jáuregui Quezada, quien acusa, Leal Amador “solo pretende dilatar el proceso”, pero ya con un destino declarado, la suspensión definitiva, “solo pide que nos dejen trabajar”.
En los documentos se deja en claro que el consejero jurídico mantiene la mentira, pues el incidente de revisión 505/2015 en materia administrativa, resuelve que “se concede la Suspensión Definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo”, promovido por GIRRSA.
Incluso como menciona esta edición de ZETA, el propio representante legal del Ayuntamiento reconoce: “El síndico municipal y otras autoridades, rinden el informe para modificar o revocar la suspensión definitiva”, es decir, es contradictoria la declaración a voz de Leal Amador con los documentos presentados.
Por último, menciona que no hubo notificación alguna, lo cual es falso, según el documento emitido el 21 de abril de 2017 al Tribunal Colegiado, por parte del secretario general del Ayuntamiento (oficio SG 603/2017, del incidente 1039/2015), donde afirma:
“En atención al requerimiento efectuado por este Tribunal. Y con el objeto de acreditar las acciones emprendidas por esta Secretaría General a mi cargo a efecto de dar cumplimiento en todos sus términos a dicha suspensión, me permito acompañar los oficios”, dirigidos a Raúl Adrián Calderón Jordán, Tesorero Municipal; y José Martín Guluarte Ceseña, Director General de Servicios Públicos Municipales”.
Hasta el último día y por desconocer el fallo del tribunal, el secretario solicitó los informes para hacer válidos los pagos a la empresa, lo cual denota el trabajo interno e incomunicado por la parte jurídica, al no notificar a las áreas que representa y faltando al principio por el cual fue nombrado a su cargo.
Aclaran los documentos que la condición como empleados municipales de la Consejería Jurídica, síndica, tesorero y hasta el alcalde, debe revisarse por parte del Cabildo para determinar su permanencia, porque al menos han incumplido con labores en las que deben atender a la ciudadanía.
La estocada al arca pública
Según los costos establecidos por parte de la empresa, gastos básicos como son una bombilla o un foco, como comúnmente lo conoce la población, se estima en 72 pesos, “sin embargo se tiene conocimiento de costos ingresados a través de Servicios Públicos de hasta 120 pesos”, lo que podría implicar un abuso y un “negocio” para servidores públicos.
La operación del mantenimiento de las luminarias “se ha visto complicada, no nos pasa servicios públicos los reportes, entonces, lo que hacemos es recibirlos a través de la página en Facebook GIRRSA La Paz, o bien, a través del correo GIRRSALaPaz@gmail.com”, lamentó la empresa.
Lo que se revisa por parte de los regidores, y que hay molestia entre algunos consultados, aparte del desconocimiento de fondo, es que se habla de un recurso o soborno que se solicitó por servidores públicos de La Paz, en particular en área jurídica, mismo que no ha sido revelado, al evidenciar abuso de poder, “son ocho millones que se solicitaron vía telefónica a la empresa para dejarla operar, petición que fue negada, situación que mantiene en la lucha por la permanencia de ciertos funcionarios”, destacó la fuente consultada.
“Los actuales encargados del área de Servicios Públicos pretenden ver esto como un negocio, cuando no, simple y sencillamente se debe respetar un contrato, si no quieren respetar el contrato, simple y sencillamente que hagan bien las cosas, que guarden las formalidades de un juicio y que venzan en un tribunal”, denunció el apoderado legal de GIRRSA, dejando entre líneas la posible corrupción a la que han sido expuestos y acosados por funcionarios municipales.
Aunque el acoso jurídico y telefónico se ha dado, la empresa mantiene las labores en las calles de La Paz, todas las denuncias por el servicio se atienden el mismo día, según Jáuregui, incluso se estima que la misma haya invertido 14
millones de pesos solo en equipo de trabajo, herramientas, lámparas y cableado.
“Estamos laborando desde el primero de julio de 2015. Podrá darse de la atención que se ha hecho a los reportes ciudadanos. La inversión que se ha hecho es de 14 millones de pesos aproximadamente, está la infraestructura enterrada en la calle, en el cableado, en todas las refacciones que se han cambiado. A la fecha son aproximadamente 26 millones de pesos que se nos debe”, aseguró.
Por su parte, el director general de la Consejería Jurídica indicó que la empresa actualmente no trabaja en el servicio de alumbrado público, “nosotros hemos seguido prestando el servicio de alumbrado público, Servicios Públicos Municipales le da mantenimiento con su equipo de trabajo, con trabajadores del Ayuntamiento. No veo dónde exista una deuda a favor de esta empresa, no está justificada, no existe, nosotros hemos hecho cargo de este servicio público”, reiteró.
A lo que la empresa respondió: “Tenemos bitácoras de todos los trabajos que se han hecho”, incluso el Ayuntamiento acepta el trabajo de GIRRSA, y que son ellos mismos quienes recibieron las bitácoras de trabajo, como obra en un informe de bitácoras, dicho cuadernillo se denomina “GIRRSA, reporte periodo 1 de agosto al 31 de agosto del 2015” y fue recibido por el XIV Ayuntamiento de La Paz el 18 de septiembre de 2015. Documento que existe en el expediente del Ayuntamiento y que “se hicieron de la vista gorda u omitieron su existencia a la llegada de la nueva administración”.
Aunque el propio gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, ha apostado por la llegada de Asociaciones Público Privadas (APPs) para el mejoramiento del servicio público, por la falta de una “negociación” al servicio de unos pocos, el Ayuntamiento ha decidido cancelar una concesión que no sirve a los intereses de los servidores beneficiarios.
Fuego amigo en La Paz
A través de una nota periodística, recientemente salió a relucir la supuesta destitución del secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Isidro Ibarra Morales, aduciendo malos manejos y por haber recibido un soborno, así como su participación para que fuera aceptada la licitación y concesión de la empresa.
“Acusaciones que fueron infundadas”, por dos razones: “el secretario, en carácter de servidor público, no tiene influencia para la entrega de una concesión, en todo caso sería todo el cabildo; segunda, la concesión fue entregada en la anterior Legislatura”, afirmó un jurídico consultado por ZETA.
Rosa E Solorio Ramírez, Síndica Municipal la cual tuvo conocimiento de los movimientos juridicos y legales y fue omisa, la cual podría estar en desacato
Los hechos fueron señalados supuestamente de manera jurídica, lo cual implicaba su inminente salida, al respecto ni la propia área jurídica del Ayuntamiento tiene sustento, mucho menos conocen tal determinación de manera oficial, lo cual queda en una falacia, o bien, un distractor de lo que es un millonario menoscabo al arca municipal.
“Una nota que ha salido en redes sociales, hasta donde sé, no tengo ninguna información oficial en ese sentido, nosotros hemos dado seguimiento legal a la parte del tema y desconozco esa parte”, expuso Santiago Leal Amador.
Dicha información sale a relucir luego que la empresa con la concesión de alumbrado público (GIRRSA) prácticamente tiene atada de pies y manos a la administración, lo que significaría una pérdida millonaria, el propio Ayuntamiento debe acatar la disposición del juez, a través del amparo otorgado a la empresa.
Mientras tanto, el asunto del supuesto soborno se analiza de manera legal, a lo que Isidro Ibarra manifestó que compete al área jurídica y no como se manejó la información, lo que recalca fue mero distractor, emanado desde el Ayuntamiento, en un fuego amigo para que la atención se centre en asuntos que no tengan que ver con el grave quebranto financiero al que se expondrá el municipio.
Aunque la culpa se la quisieron echar cuatro regidores, y el propio alcalde en compañía de jurídicos, Ibarra Morales se defendió.
“Les aclaré que soy el secretario general, que no soy el jurídico, yo no he llevado los temas jurídicos, yo no he intervenido, aparte que no conozco, no me han informado de los procesos que se han llevado de los expedientes, de la resolución, de los recursos de revisión, de las notificaciones; firmamos de buena fe porque nos entregan los informes de todos los casos, incluyendo este de las luminarias, al 15 para que se venza el término”, y culpó a los jurídicos de hacer su función a última hora.
Ibarra negó rotundamente la presunción de un soborno que recibió por parte de la empresa dedicada al mantenimiento del alumbrado público, para que la misma pueda desempeñar el mantenimiento, y advierte, no hará las cosas a periodicazos o notas en internet, como lo hicieron para desviar la atención; lo hará a través de los medios legales conducentes.
“La otra cuestión que quiero aclarar y negar rotundamente, y ante eso voy a poner mis recursos legales, para quien me señaló, me pruebe que yo acepté un soborno, me lo tiene que probar, pero en un juicio, y eso ya lo estoy trabajando, ya lo estoy preparando para que todos los que me acusaron, o me sugirieron o los que filtraron, incluyendo los medios; porque ya me hicieron un prejuicio, ya me afectaron, también los voy a llamar a cuentas, pero donde debe ser”, denunció.
Lo que buscaban fuera una caja china que pretendía desviar la atención de la pérdida millonaria a la que será acreedor el Ayuntamiento, destapó la cloaca municipal, poniendo en tela de juicio, y sobre todo en duda, si las cosas se están haciendo bien en el municipio.
La destitución de Ibarra Morales fue acordada desde el seno de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Cabildo de La Paz, orquestada por el alcalde Armando Martínez, la síndico municipal Rosa Evelia Solorio Ramírez y los regidores Arlen Ivet Palacio Villanueva, Jorge Arturo Barrón Pinto, Pablo Ojeda Meza y Julio Cervando Higuera.
Aunque el alcalde mencionó que no haría reuniones de este tipo, la Primera Sesión Privada Extraordinaria se realizaría el viernes 28 de abril a las cuatro de la tarde, en la Sala de Sesiones de Cabildo “C.P. Manuel Jorge Santa Ana González”, de Palacio Municipal.
En la orden del día destacaban dos puntos principales:
* Análisis, discusión y en su caso, acuerdo sobre la actuación y situación actual del titular de la Secretaría General del H. XV Ayuntamiento de La Paz;
* Propuesta y análisis de acuerdo por el cual el H. Cabildo acuerda acatar el resolutivo una vez que cause estado del juicio de amparo 1039/2015.
Ante el acuerdo en lo oscurito, es inminente la solicitud de cesar del cargo a Isidro Ibarra Morales, ya que no hay atribuciones legales para la salida del servidor público, lo que lleva de nuevo a pensar en si la actuación jurídica del H. Ayuntamiento se realiza bajo legalidad.
Armando Martínez Vega estaría dejando próximamente su encargo por una licencia médica, mientras se esperan resolutivos del Tribunal Colegiado de Circuito, el cual podría enviar el cese de funcionarios que hayan entrado en desacato y juzgarlos por responsabilidades.
Santiago Leal Amador ha estado involucrado en estos temas desde su gestión jurídica en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, donde contaba con un récord de hasta 80 juicios perdidos por montos superiores a 200 millones de pesos; él mismo reconoció en una entrevista otorgada a NoticiasPV.Com (11 de noviembre de 2013) que “son temas que desafortunadamente, cuando se originaron, se les dio seguimiento en nuestro concepto, no fue el mejor, por eso tenemos sentencias en contra. El total de los juicios que están ahorita desfavorables al Ayuntamiento importan un total de 200 millones de pesos. Estamos hablando de unos 80 juicios entre laborales, administrativos, etc”, concluye la nota.
