La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) “está rebasada” ante la cantidad de asesinatos de periodistas que han acontecido durante los últimos tiempos, dijo ayer su titular Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien en días recientes tomó posesión en su cargo, en sustitución de Ricardo Celso Nájera Herrera.
Entrevistado por el periodista Carlos Loret de Mola en la cadena Televisa, Sánchez Pérez del Pozo aseguró que “hay absoluta disposición” del Gobierno Federal por esclarecer las agresiones contra periodistas que se han suscitado durante los últimos días.
“Tenemos clarísimo que existe un reto importante, que existe una situación que nos está rebasando como Fiscalía. El primer acto que tuve como fiscal fue sentarme con las ONG y platicar con ellos de manera transparente; hay un plan de trabajo que estamos estructurando de manera conjunta con ellos”, señaló el fiscal especial.
A escasos días de haber tomado posesión como titular de la Feadle, Sánchez dijo que ha sido “una semana muy dura”, en donde las autoridades federales han tenido que reaccionar de manera inmediata ante tres situaciones que ponen en peligro la libertad de expresión y así lo han hecho.
“La instrucción del procurador general de la República, Raúl Cervantes [Andrade], es muy clara: buscar a responsables; en ningún momento descalificar o ser reduccionistas”, señalo Ricardo Sánchez, quien también abundó que se está tomando en cuenta en las líneas de investigación de los asesinatos de periodistas que el trabajo de los mismos pudo haber sido el móvil de los delitos.
Sin embargo, a pesar de las declaraciones del funcionario federal, a pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto asegura estar comprometido con la seguridad de los comunicadores, su Gobierno no asignó este año una partida al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Este sistema, creado en el año 2012 y que actualmente ampara a 509 personas, ofrece entre otras medidas escoltas, patrullajes, manuales de autoprotección y un botón de pánico para alertar a las autoridades en caso de estar en peligro.
“Actualmente se utilizan remanentes de años anteriores”, denunció en el pasado mes de abril la Comisión de Nacional Derechos Humanos (CNDH). Según miembros de la comisión especial de seguimiento a las agresiones contra la prensa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Uniíon, sólo quedan 180 millones de pesos para el Mecanismo.
Esta situación “muy probablemente provocará que en los últimos meses de 2017 se terminen los recursos y exista imposibilidad de continuar financiando las medidas de protección”, alertó la agencia francesa AFP en un despacho.
Lo mismo ocurre con la FEADLE, creada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, ya que desde que Peña Nieto llegó al poder, su gobierno ha ido recortando su presupuesto. En 2013 le otorgó 38 millones de pesos, pero este año sólo le dio 18.4 mdp.
Reporteros Sin Fronteras (RSF), que considera México el tercer país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, acusa, según AFP, que la falta de recursos es debido a que no existe “voluntad política”.
“Si no tiene presupuesto la Fiscalía, si no tiene presupuesto el mecanismo, es porque para el Estado [el asesinato de periodistas] no es un problema público y ahora tiene que serlo”, declaró por su parte, la directora en México de la organización Artículo 19, Ana Cristina Ruelas Serna, en entrevista con la cadena Televisa.
Dicha organización internacional en defensa de la libertad de expresión criticó en su informe anual del 2016 que los mecanismos de protección, tal y como están elaborados, “no han demostrado ser una garantía para detener las agresiones contra la prensa”, lo que ha disuadido a muchos reporteros de acogerse a este plan.
Así lo dijo alguna vez el propio periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, asesinado el pasado lunes: “ser periodista es como formar parte de una lista negra. Ellos van a decidir, aunque tú tengas blindaje y escoltas, el día en que te van a matar”.
Además, la FEADLE tiene un grado de 97 por ciento de ineficacia en la investigación y sentencia de los crímenes cometidos en contra de los informadores mexicanos, según sus propios datos.
En abril pasado, la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Irene Herrerías Guerra, se presentó ante la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República, donde expuso que de 2000 a 2017 habían ocurrido 114 homicidios de los cuales, la fiscalía especializada sólo había atraído 48.
