Oneroso, desventajoso e ilegal, así se está develando el contrato que Juan Manuel Gastélum Buenrostro signó con la empresa de Jaime Rogozinski, por el que desembolsó del erario un anticipo de 20 millones de pesos, cantidad suficiente para cubrir la compra de la primera remesa de unidades que recibió hace apenas unos días. “El Patas” fue denunciado esta semana ante la Sindicatura Procuradora, instancia a la que se le demanda investigar y anular el convenio de renta, apegándose a lo que marca la reglamentación vigente
Con un anticipo de 20 millones de pesos entregado como depósito de garantía el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro financió a Turbofin S.A.P.I. de C.V. la compra de al menos 8 camiones recolectores de basura, de los cuales solo ha recibido 7 y no en calidad de propietario, sino de arrendatario.
Aunque el argumento para la adjudicación directa del costoso contrato de arrendamiento, que la administración de “El Patas” otorgó a la empresa de Jaime Rogozinski, fue el estado de emergencia que enfrentaba el municipio por el supuesto déficit de unidades para ofrecer ese servicio a los tijuanenses. A casi 2 meses de firmado el arreglo, y de haber sido entregados 7 camiones, la ciudad continúa sin contar con la operación de las unidades rentadas.
Será hasta agosto cuando la empresa concluya con la entrega de las 52 unidades rentadas, lo que significa que a Gastélum le llevará 9 meses resolver la “emergencia” de la basura.
Para los ediles de oposición del Cabildo que preside, Gastélum tuvo tiempo para haber llevado a cabo una licitación y arrendar al mejor postor los camiones o, mejor aún, comprar equipo, como prácticamente lo está haciendo.
“El Patas” incurrió en otras omisiones que ameritan la nulidad del convenio, como el no decretar la emergencia ni turnarla al Cabildo del XXII Ayuntamiento para que la declarara como tal. Trasgresión de formalidades por las que esta semana fue denunciado ante la Sindicatura Procuradora.
Al respecto, el alcalde Gastélum sostuvo que “no está chueco nada, falta leer” y negó la falta de transparencia en el contrato con Turbofin e insistió que si el convenio se dio en esos términos “fue por la emergencia” que representaba no atender el problema de la basura.
Las cuentas de “El Patas”
A decir de Ricardo Chavarría, Tesorero Municipal, la renta de la maquinaria arrendada se cubrirá por unidad y ante la demora en la entrega de los camiones por parte de la empresa contratada, el pago estimado para 2017 podría disminuirse de 80 millones a 61 millones de pesos, contando los 20 millones que se entregó en depósito de garantía a Turbofin.
Explicó que, por cada uno de los 40 camiones recolectores de desechos domésticos, se pagará una renta mensual de 93 mil pesos, mientras que, por los 12 camiones de transferencia, la mensualidad unitaria se fijará en 179 mil pesos, cantidades que multiplicadas y sumadas dan los 5.8 millones de pago mensual. “Pero se pagará conforme vayan llegando las unidades”, anotó.
Cuestionado sobre el depósito de 20 millones de garantía, dijo que dicho pago es normal en una transacción de este tipo. En este caso, hasta resulta ventajoso para el municipio, ya que al final del contrato de renta (finales de diciembre de 2017), ese depósito podría amortizar la compra del equipo, si se decidiera por esa opción.
Estado que guardan las unidades municipales de bassura
También se podría optar por renovar el arrendamiento a un costo más bajo, de 73 millones al mes y sin depósito de garantía, utilizando los 20 millones usados anteriormente como garantía para amortizar mensualidades.
El funcionario destacó la conveniencia de contratar en 2018 la renta del equipo a Turbofin, dado que después de 2 años de arrendamiento, la empresa podría bajar de un 50% a un 60% la opción de compra de las unidades que han sido rentadas previamente. Pero si la renta se extiende por 3 años, la opción de compra por unidad se estaría ofreciendo hasta en un 15% de su valor actual, y con el desgaste que 3 años de uso representa.
Derroche con análisis previo
En febrero de 2016 el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro dijo haber optado por la renta de 60 camiones recolectores de basura para atender la problemática de la basura que se le desbordaba por toda la ciudad.
Para esa cantidad de unidades tenía estipulado un arrendamiento mensual de 4 millones 200 mil pesos, cantidad que se desprendió de un análisis previo, lo que hacía que la renta fuera la mejor opción, ya que “resulta un 40% más barato arrendarlos que comprarlos”, expuso a ZETA Raúl Felipe Luévano Ruiz.
Esa declaración, Luévano la compartió en febrero de 2017, cuando incluso ya se tenían hechas las cotizaciones con algunas empresas nacionales, las cuales, sin revelar nombres, sostuvo que se habían comprometido a tener armadas las 60 unidades recolectoras para a mediados de marzo.
También adelantó que, concluido el proceso de compra de equipo pesado para la recolección de desechos doméstico, el siguiente paso sería “arrendar patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública”.
Pero el convenio que Gastélum signó a principios de abril con la empresa Grupo Turbofin y sus filiales, resultó 1.6 millones de pesos más caro que lo estimado en el análisis previo efectuado por la administración municipal, sin contar que el oneroso contrato se firmó por la renta de 40 camiones recolectores de basura y 12 de transferencia, dando un total de 52 unidades, y no las 60 que se tenían estimadas para arrendar a un menor precio.
De acuerdo al contrato de arrendamiento, al cierre de 2017 el gobierno de Juan Manuel Gastélum habrá desembolsado 80 millones de pesos por el alquiler de las 52 unidades, inversión que para el tesorero municipal Ricardo Chavarría, “no es la óptima ni la necesaria”, al subrayar que Tijuana requiere por lo menos 100 camiones más.
Sostiene que la renta está acorde a los precios de mercado y resultó la mejor opción para la economía del municipio, puesto que, comprar 52 camiones se tendría que hacer un desembolso de 134 millones de pesos, cantidad que dijo, se encuentra fuera de las posibilidades económicas del municipio. Con el pago de la renta estimada para este año, solo se podría haber comprado 16 camiones, anotó.
Hasta agosto podrían solucionar “emergencia”
“Yo espero, cruzo los dedos para que en agosto podamos tener las unidades completas, sobre todo en agosto que el calor podría generar un problema de salud”, expresó Ricardo Lomelín Clapera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, en el evento realizado el lunes 23 de mayo para presentar públicamente los 7 camiones que después de 2 meses logró entregar Turbofin.
Para justificar la demora de la empresa de Jaime Rogozinski, el funcionario explicó que la empresa no es fabricante, sino armadora, “no se puede desgraciadamente todo junto por el armado de los mismos, el sistema hidráulico, la caja, el chasis, una serie de requerimientos técnicos que no se tienen en agencia, por llamarlo de alguna manera”.
Para el lunes 29 de mayo se espera que en Tijuana ya se encuentre 7 unidades más de las 52 que fueron contratadas. El resto del equipo se recibirá en forma escalonada, en un promedio de 7 a 10 unidades por quincena, lo que hace prever al funcionario que para agosto ya se pueda disponer del equipo completo.
Misterioso contrato
Cuestionados sobre quién tomó la decisión de adjudicar directamente la renta a Turbofin y los términos del contrato, ni Ricardo Lomelín Clapera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, ni el tesorero municipal, Ricardo Chavarría, supieron informar al respecto, “fue una decisión colegiada”, atinó a decir Lomelín, sin dar nombres de quienes participaron en el fallo.
Por el tipo de contrato, ambos funcionarios debieron haber participado en esta decisión “colegiada”, pero ninguno de los dos pudo o quiso proporcionar mayor información sobre el cuestionado contrato con Turbofin.
Mientras el Tesorero dijo desconocer los términos del proceso, Lomelín indicó que “hubo un proceso en el que se estudió y analizó la capacidad de todas las empresas, tanto la capacidad técnica como financiera y de personal especializado para poder satisfacer la necesidad”.
A pregunta expresa de cuáles fueron las bases para elegir a Turbofin, Lomelín contestó: “fue un proceso en donde no es… este digo…creo que el proceso fue específico, concreto, en donde la comisión que se dio a la tarea de hacer, que obviamente insisto, nosotros proporcionamos las partes técnicas de esa comisión”.
— ¿Fue decisión del alcalde hacerlo con esta empresa (Turbofin)?, se le preguntó.
“Fue una decisión colegiada”.
— ¿Entre quiénes?
“No, no, no; fue adjudicación, digo fue por el resultado del estudio, del análisis de capacidad técnico-financiera de la empresa, así fue”.
— ¿Cuántas compañías participaron para este contrato?
“Híjole, no sé, tengo entendido que participaron alrededor de 4 a 6 empresas”.
Con equipo de una tercera empresa, REPSA, Turbofin armo camiones
¿Y las patrullas?
Con Turbofin, el gobierno de Juan Manuel Gastélum también contrató la renta de 12 patrullas tipo panel para el traslado de reos. Equipo que tampoco se ha entregado al municipio.
“Están en camino de llegar, no traigo el detalle cuando llegan, pero estarán programadas para este mes”, expuso Ricardo Chavarría, tesorero municipal.
Indicó que, para la renta de las unidades de seguridad, se presupuestó para 2017 una renta de poco menos de 10 millones de pesos, recursos que saldrán del propio presupuesto que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tiene destinado para el actual ejercicio fiscal.
“No hay ampliación, tenemos recurso propio y federal, con recurso propio se arrenda”, sostuvo.
El funcionario adelanto que este mismo año se contempla comprar tanto patrullas como camiones recolectores de basura, los cuales se estarían adquiriendo con fondos federales.
Contrato con Turbofin violenta reglamento
Por adjudicar en forma directa los millonarios convenios de arrendamiento a la empresa Grupo Turbofin y sus filiales y “sin que mediara decreto alguno de emergencia o fuerza mayor por parte del Ayuntamiento”, el convenio resulta violatorio a los artículos 19, 20 y 34, entre otros, del Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana.
Razón por la cual, los regidores del Partido Encuentro Social (PES) denunciaron al alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro por responsabilidad administrativa, transgresión de formalidades legales en la adjudicación directa de al menos tres contratos de arrendamiento de camiones recolectores de basura.
En la denuncia presentada ante la Sindicatura Procuradora, también se incluyó a la Oficial Mayor, María de Los Ángeles Olague y al jefe del departamento de Adquisiciones, José Luis Gil Laborín, así como al propio comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor.
Los ediles Manuel Rodríguez Monárrez, Mónica Vega y José Manuel Ortiz Ampudia, demandaron a la síndica, Marcela Guzmán Valverde, investigar, anular el contrato con Turbofin y denunciar a funcionarios involucrados en la adjudicación directa.
En el documento recibido en las oficinas de la Sindicatura Procuradora, a cargo de Marcela Guzmán Malverde, los ediles dan cuenta de la falta de transparencia con la que el gobierno de Juan Manuel Gastélum manejó el tema de la adjudicación del contrato millonario de alrededor de los 80 millones de pesos para la renta de 52 camiones.
“En razón de la falta de transparencia y rendición de cuentas, se concluye que nunca estuvo en el interés del presidente municipal de Tijuana, Gastélum Buenrostro, salir a demostrar con cotizaciones en mano que arrendar unidades recolectoras de basura resulta más conveniente y es menos oneroso que adquirir las propias”, exponen.
En ese sentido, concluyeron, “el mencionado acto administrativo se encuentra viciado y es sujeto de nulidad”.
Y “por si los hechos no le son suficientes a esta Sindicatura Procuradora municipal para iniciar la investigación administrativa, que de oficio debió de haber iniciado conforme al artículo 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Baja California”, los regidores le precisaron en la denuncia presentada el miércoles 24 de mayo cada artículo trasgredido (de Leyes o Reglamento), con afán de facilitarle su trabajo.
Manuel Rodríguez advirtió que, si en un tiempo prudente no hay respuesta de la fiscalía municipal, recurrirán al Tribunal Federal Fiscal.
Coinciden gobiernos panistas en crisis de basura
Con el 50% de los camiones de basura inoperantes, la recolección de basura colapsó desde diciembre de 2016, “es urgente regular la recolección de basura”, expuso la autoridad municipal, pero no la de Tijuana, sino la de Aguascalientes.
Al igual que en Tijuana, en aquel municipio una nueva administración entró en función el primero de diciembre de 2016. Igual que en Tijuana, de inmediato enfrentó una caída en la recolección de residuos doméstico. Del mismo modo, igual que en Tijuana, el gobierno que arribó al hidrocálido municipio es de extracción panista.
Pero a diferencia de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, la alcaldesa Teresa Jiménez optó por invertir 18 millones de pesos en la adquisición de siete camiones compactadores (2.5 millones de pesos por unidad). Si bien la compra también fue cuestionada al declararse desierta la Licitación Pública Nacional GMA 00517, lanzada en febrero, el equipo de recolección de basura fue entregado al municipio de Aguascalientes sin anticipo y a pocos días de emitido el fallo (el 30 de marzo).
