A la nueva invasión de la canalización del Río Tijuana por parte de narcomenudistas, migrantes deportados, o personas sin hogar, se unen integrantes de dos grupos marginados de la sociedad: los indigentes que sufren de alguna enfermedad mental, y los indigentes adictos a las drogas o el alcohol. Organizaciones de la sociedad civil, y de hecho consejos de seguridad, han intentado conocer las cifras que de este fenómeno se tienen en la Secretaría de Salud de Baja California, que titula el doctor Guillermo Trejo Dozal, pero no han encontrado información alguna. De hecho, han sido enterados que en Baja California, uno de los estados con mayores problemas de inseguridad producto del narcotráfico y el narcomenudeo, no hay estadísticas sobre las adicciones en la población. Nada. Cero. De igual manera se carece de información, padrón, noción, de la cantidad de enfermos mentales que deambulan por la ciudad. Y si para los adictos existen centros de rehabilitación que son subvencionados por el Estado o el Municipio, y reciben a quienes tienen la intención de rehabilitarse, para tratar a los enfermos mentales no hay un hospital psiquiátrico que los atienda de manera altruista o gubernamental, pues el único hospital de ese tipo, hace algunos meses dejó de aceptar personas que incluso contaban con el Seguro Popular. Total, que el doctor Trejo admite la falta de información y trabajo por parte de su dependencia ante los interesados en que ese fenómeno social sea atendido, pero nada hace por dar el primer paso.
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