Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, fue asesinada en su domicilio particular por un grupo de hombres armados la noche de ayer miércoles 10 de mayo.
Alrededor de las 22:15 horas, los victimarios llamaron por su nombre a la mujer, y al salir la acribillaron con cerca de 12 disparos de arma de fuego. La activista quedó gravemente herida, y falleció cuando era trasladada a un hospital local.
Tanto la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos de Tamaulipas, como el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, condenaron la ejecución de la activista, líder del movimiento en el municipio de San Fernando.
En 2012, un grupo delincuencial secuestró a Karen Alejandra Salinas Rodríguez, hija de la activista asesinada ayer por la noche. Dos años después ella dio con el paradero del cuerpo de su familiar en una fosa clandestina y entregó información para la captura de los responsables.
Uno de los secuestradores de la hija de la activista, de nombre Enrique Yoel Rubio Flores, fue detenido meses después e internado en el penal de Ciudad Victoria. Sin embargo, el pasado mes de marzo se escapó junto con 29 reos que se fugaron por un túnel.
La activista también sufrió el intento de secuestro de su esposo, a quien Los Zetas sacaron de su negocio. La mujer impidió el secuestro al perseguir en su automóvil a los delincuentes, a la vez que avisó a miembros del Ejército, quienes lograron detener a los secuestradores.
El mes pasado la señora Rodríguez Martínez participó en la caravana Contra el Miedo en su paso por las ciudades de McAllen y Brownsville, Texas. La Comunidad que ella lideraba pidió auxilio a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los activistas a favor de los derechos humanos en Tamaulipas.
En agosto del 2010, el grupo criminal de Los Zetas ejecutó a 72 personas -58 hombres y 14 mujeres-, en su mayoría inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Todos fueron asesinados por la espalda, para posteriormente ser apilados y sus cadáveres colocados a la intemperie.
Las primeras investigaciones señalan que fueron asesinados porque luego de ser secuestrados, no pagaron el dinero que Los Zetas les exigían para dejarlos libres, además de que también se negaron a formar parte del grupo criminal.
Desde marzo de 2010 a la fecha Los Zetas presuntamente han asesinado a más dos mil personas en San Fernando -que tiene una población de 70 mil habitantes-, 392 de ellos localizados en las fosas clandestinas de la zona conocida como El Arenal.
