Luego de reunirse con altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR), una decena de directivos de medios locales y representantes de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), expusieron al Gobierno Federal sus dudas frente la crisis actual que vive el periodismo en los estados y sobre las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto para atenderla.
A la reunión asistieron directivos y representantes del Noroeste de Sinaloa, AM de León, El Debate de Sinaloa, El Diario de Juárez, El Diario de Yucatán, El Mañana de Nuevo Laredo, El Mundo de Córdoba, el semanario Ríodoce de Sinaloa, el diario El Siglo de Torreón y la Asociación de Editores de los Estados (AEE).
Ante Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; y Patricia Colchero Aragonés, jefa de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob; los directivos de medios expresaron su enojo por el alto nivel de vulnerabilidad y el estado de indefensión en el que operan en sus respectivos estados.
En la reunión los directivos de medios afirmaron que la crisis que los afecta es resultado no solo de la narcoviolencia que afecta muchos puntos del País, sino también de autoridades municipales y estatales que mantienen una relación de hostilidad frente a la prensa.
Todo ello a pesar de la existencia del Mecanismo de Protección Federal a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como de varios organismos y protocolos existentes a nivel estatal.
A pesar de que los funcionarios federales brindaron aclaraciones en cuanto a las medidas anunciadas el pasado 17 de mayo por el Gobierno Federal, la delegación de directivos de medios dejó constancia de su profunda desconfianza por la creación de unidades a nivel estatal para fortalecer los esquemas de protección del Mecanismo a nivel federal, una de las medidas clave anunciadas.
“Los medios de provincia tienden a ser los más vulnerables en la crisis actual de violencia que atraviesa la prensa mexicana […] Ven con mucho esceptisismo la decisión de incorporar a las autoridades estatales en el trabajo de protección porque no solo estas han fallado sistemáticamente en su rol de impartición de justicia, sino que en reiteradas ocasiones han estado involucradas en los propios ataques a periodistas y a los medios”, señaló Rodrigo Bonilla, Gerente para América Latina de WAN-IFRA.
Los directivos recalcaron la importancia de trabajar en la impartición de justicia sobre los crímenes ya cometidos, ya que la tasa actual de impunidad sobre las agresiones a periodistas, expusieron, es cercana al cien por ciento, lo cual constituye la base del problema, ya que protege a los criminales, incitándolos a seguir atacando a la prensa.
Además, la delegación reiteró la urgencia de invitar a los relatores de libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, con el fin de reunirse con todos los actores involucrados en esta crisis, evaluar de forma independiente el funcionamiento de los organismos de protección e fiscalías existentes a nivel federal y estatal, así como formular recomendaciones.
