El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó que diez miembros de la organización delictiva identificada como Ruelas Torres, dedicada al tráfico de heroína bajo las órdenes de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapito” Isidro, ingresaron a la lista de sanciones financieras para narcotraficantes, las cuales congelan sus bienes en ese país y prohíben a ciudadanos estadounidenses entablar negocios o transacciones financieras con ellos.
La organización, liderada por José Luis Ruelas Torres, está identificada una de “las principales causantes de la epidemia de heroína en nuestra nación”, apuntó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve T. Mnuchin.
Entre las ciudades a las que llegan la heroína producida en Sinaloa por la familia Ruelas Torres, están Los Ángeles, Nueva York, Phoenix, Sacramento y Detroit. Además, la célula del Cártel de Sinaloa se encarga del tráfico y distribución de esta droga.
“Esta acción dificultará su habilidad de tranferir y usar las ganancias ilegales de esta actividad”, precisó el funcionario estadounidense. La organización se encargaba también de lavar el dinero que les dejaba la venta de drogas en Estados Unidos, por medio de varias empresas de envío de dinero a México.
En 2015, la Fiscalía de Distrito en Colorado presentó cargos contra Ruelas Torres y su hijo Joel Efrén Ruelas Ávila por delincuencia organizada, así como delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
La acusación también señalaba a Héctor Librado Rivera Sandoval, Toribio Alberto Lugo León y José Carlos Bazzara Aceves por narcotráfico y a María de Jesús Espinoza Rodríguez por cargos relacionados con drogas y lavado de dinero.
A todos ellos se les congelaron bienes en Estados Unidos, así como a Gilberto Ruelas Torres, Sigi Alfredo Mondaca Ávila, Jesús Ángel Ruelas Ávila, José Luis Ruelas Ávila y Leobardo Ruelas Ávila.
Por medio de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Kingpin Act), el Departamento del Tesoro congela los bienes de aquellas personas o empresas identificadas por la Agencia Antidrogas (DEA, por su siglas en inglés) de dedicarse a esta actividad ilícita, como parte de una estrategia para desmantelar su poderío económico.
Desde el año 2000, más de 2 mil personas y empresas han entrado a esta Ley. Las sanciones que contempla esta legislación van de lo civil hasta multas de hasta 10 millones de dólares, además de condenas de 30 años en prisión.
