Rezagados a nivel nacional, Baja California es uno de los tres estados que no han aprobado la Ley Estatal de Víctimas. En la anterior Legislatura quedaron cuatro iniciativas en el “congelador”, y ahora, ya apresurados por el plazo, hay dos propuestas y al menos un foro pendiente; se calcula que en dos meses se estaría bajando al pleno una propuesta ya unificada
Desde hace tres semanas, en el Congreso del Estado se encuentran presentadas dos iniciativas relativas a la Ley de Víctimas del Estado de Baja California. Ambas propuestas por diputadas postuladas por el Partido Acción Nacional (PAN): una por Trinidad Vaca, la otra por Victoria Bentley.
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La Ley local busca armonizar a la entidad con la disposición federal aprobada desde enero de 2013 -y reformada en 2014-. Baja California seria de los últimos estados en aprobarla.
Entre los rubros principales que contemplan ambas propuestas se incluye:
* Determinar la calidad de las víctimas resultantes de hechos delictivos y violaciones a derechos humanos.
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* Reconocer un amplio catálogo de derechos de las víctimas, como el recibir ayuda y trato humanitario, impartición de justicia, reparación del daño y conocer el proceso penal contra los agresores.
* Crear instancias de atención a las víctimas, entre estas la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas.
* Elaborar un Registro Estatal de Víctimas.
* Crear un Fondo de Ayuda Estatal para asistencia y reparación integral.
Y aunque la legislación federal marca límite julio de este año para la aprobación en los estados, en Baja California se prepara un foro para incluir propuestas ciudadanas; de acuerdo al procedimiento, la idea sería sintetizar las dos propuestas en una sola para pasarla a la Comisión de Justicia -dictaminadora- y poder llevarla al pleno de los diputados en junio-julio, a más tardar.
Son alrededor de 200 artículos de esta Ley que sería “espejo” de la nacional, solo con algunas variantes del aterrizaje local y adecuaciones particulares.
Bentley: “El Estado 29 sin Ley”
La diputada local Victoria Bentley expone su inclusión en el tema y recuerda una audiencia de noviembre 2016 ante un juez de garantías por una denuncia penal que como líder de la burocracia presentó ante la Procuraduría contra el ex alcalde Francisco Pérez Tejada: “Los abogados dijeron que nosotros no éramos víctimas”; entonces revisó la Ley federal y, en el Articulo 14, se asienta que víctima “es una persona que sufre un menoscabo a su patrimonio, a su integridad y a su situación psicológica”.
Triny Vaca, diputada distrito 01
Ante la juez asentó en esa audiencia que representaba a los trabajadores de la burocracia como víctimas, algunos ya fallecidos sin su jubilación y sin haber contado con un mejor servicio que debiera haber proporcionado el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI). La juez expuso en esa audiencia que después de desahogadas las pruebas, determinaría si se les concede o no el papel de víctimas.
“Al final la juez determina que sí tenemos la calidad de víctimas los trabajadores”, refiere la presidenta de la Comisión de Justicia. En ese contexto preguntó por la Ley de Víctimas local y encontró que desde 2003 había una Ley de Atención y Protección a Víctimas, aunque obsoleta.
“A una víctima se le debe reparar su daño psicológico, su asistencia legal, hay víctimas terceras que son las familias que son victimizadas cuando una persona sufre un secuestro, una tragedia por la que fallece por un irresponsable que se da a la fuga”, cita Bentley.
Como el caso del oficial René Ayón Ibarra -atropellado en diciembre de 2013 durante un retén-, a quien le amputaron ambas piernas y el Ayuntamiento lo indemnizó con 8 mil pesos mensuales.
“Hubo un juicio y condenaron a la persona a reparar el daño pagándole un millón de pesos, pero la persona se declara insolvente, dijo que no tenía para pagar y, como no es un delito que amerite prisión preventiva, pues el señor anda en la calle”, refiere la diputada panista, quien empezó a investigar y se dio cuenta que hay 28 entidades con Ley de Víctimas local con el marco actualizado.
En el caso de la reparación del daño, explica que se trata de hacer esto de manera integral, con asistencia legal, psicológica y un apoyo económico. Del fondo económico expone que sería a través de la creación de un fideicomiso con un recurso aportado por el Gobierno del Estado.
Pero el concepto de victima parece muy amplio, desde el que se le acusa y encarcela y luego resulta absuelto, hasta los familiares de quien fallece en un accidente y se quedan sin sustento; o la familia que es extorsionada por algún hecho de corrupción de instituciones de gobierno, también los privados de su libertad o desaparecidos.
Del hecho de haber dos propuestas, Bentley comenta que Trinidad Vaca está manejando la propia a través de la Comisión de Derechos Humanos: “La Ley estatal trata de darle más derechos a las víctimas, protegerlas más. Nos quejamos de que se les da más garantías a los delincuentes, pero no vemos el mismo equilibrio para las víctimas”.
Agrega que en la anterior Legislatura hubo cuatro iniciativas, una propuesta desde el Ejecutivo, otras dos de un par de diputados -Rossy Peralta y Alejandro Quiroga- y otra más desde la ciudadanía.
De esas iniciativas, Victoria Bentley realizó un compendio para hacer una sola. Al final de su propuesta y la de Vaca se hará una sola Ley -deberá analizarla el área de Consultoría Legislativa-, “lo peor que puede pasar es que volvamos a ser el Estado número 29 sin Ley, hay 28 que ya la tienen”, advierte.
Vaca: una Ley de garantías para reparación del daño
La diputada Trinidad Vaca, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, comenta que en el derecho penal históricamente no existía el derecho de la víctima. Al iniciar en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos entró en contacto con la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Melba Olvera, “es quien trae en el Estado el mapa histórico de las violaciones de los derechos humanos de las víctimas. Ella es la que me dijo que uno de los grandes temas del Estado de Baja California es la Ley de Víctimas”, afirma.
El agente atropellado prueba las protesis
A eso le siguió un informe -que considera muy sustantivo- relativo a esa propuesta de Ley ya muy “foreada”, pero en proceso detenido debido a las reformas constitucionales a la Ley General y a la falta de un recurso económico para el fondo. “No es que se haya vetado, sino que se esperó hasta que se pudiera sustentar”, refiere Vaca.
Según la diputada por el Distrito 01, esta Ley viene a validar, a definir el concepto de víctima.: “Mi apreciación es que esta Ley da garantías, es un modelo de acuerdo a la Defensoría Pública de orden federal. Es el modelo que se establece para poder garantizar a la víctima que verdaderamente va a ser sujeto de derecho al debido proceso penal como tal, como víctima”.
En el caso de la reparación del daño, la legisladora considera que jamás va a existir una reparación del daño ante las pérdidas de vidas, o de daños físicos que marcan y dejan huella.
“En ese sentido, de buscar justicia, va a haber criterios muy bien fundamentados, sobre todo en la reparación material psicológica y en el tema de salud”, dice, para luego destacar que habrá una Comisión Ejecutiva que asegurará la reparación integral del daño, ya que se incluye un asesor jurídico y un muy amplio catálogo donde habrá un gran registro de las víctimas y de los derechos de éstas, aparte del fondo económico.
“Esta Ley viene a ser un cambio de paradigma en el Derecho penal y permite a los estados cumplir con esa garantía que de alguna forma ya estaba plasmada en el (Artículo) 20 Constitucional, pero no había esa garantía asentada en el recurso”.
Amplía la legisladora: “Algo que me parece extraordinario es que en muchas ocasiones existe el agresor, existe el daño y la víctima, pero como no se le identificó o no hay testigos, no se le atendía. Ahora lo único que se necesita es que se compruebe que ha sido víctima de un delito y, asimismo, a una violación de sus derechos humanos”.
Intromisión federal
Para Raúl Ramírez, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, el retraso en la aprobación de la Ley de Víctimas del Estado de Baja California se debió a la intervención de Adrián Franco, uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas -federal- que vino a la entidad para promover que la aprobación de la Ley se frenara. El argumento: había que esperar las reformas que estaban por realizarse a la Ley General de Víctimas, la federal.
El funcionario vino a hablar con representantes del Gobierno del Estado y se mandó la señal desde el Poder Ejecutivo al Legislativo para que se rompiera el quorum en la Comisión de Justicia en la fecha ya agendada para su discusión a finales de septiembre de 2016 y la idea era aprobar esa propuesta en la última sesión ordinaria de la pasada Legislatura, de hecho ya había acuerdo entre las fracciones. Recuerda que en las reuniones técnicas -como lo marca la Ley federal- hubo asistencia de víctimas, sobre todo de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos.
“Fue un trabajo consensuado, de equipo, abierto, que desgraciadamente se había frustrado por la presencia del comisionado Adrián Franco. Fue una intromisión de un órgano de Estado federal en los asuntos de Baja California, además de una violación a la autonomía del Legislativo”, opina el activista.
Ramírez Bahena considera que ahora el trabajo consiste en consensuar con las dos diputadas para que se presente un solo proyecto: “Las dos son muy similares, las dos traen lo esencial”.
Enchilados
Irma Leyva, del grupo Mujeres Unidas y Fuertes -familiares de desaparecidos- asegura que hace unas días de casualidad se enteró que en el Congreso habría una conferencia de prensa con el tema de Ley de Víctimas, la cual se pretendía “meter al pleno”.
“¿Cómo se puede meter el pleno una Ley así, sin consensuarla con las víctimas?”, pensó, sobre todo porque tienen años peleando por una verdadera y correcta Ley para las víctimas de las desapariciones.
La sesión con los periodistas la encabezaría la diputada Victoria Bentley, y, al intentar ingresar -ella y otras mujeres- le negaron el acceso. Eso la enardeció y desde fuera empezó a gritarles, hasta que las dejaron entrar.
Raul Ramirez Bahena
“Mandaron abrir la puerta, para eso yo ya estaba enchilada, ahí sí ya estaba enojada”, y refiere que la sesión terminó en una ríspida discusión sobre el tema: “Victoria es una traidora, ya no podemos confiar en ella. Estamos cansadas de la burla de los diputados que siempre que avientan una iniciativa de Ley es para chingar a la ciudadanía”, asume Leyva, quien agrega, en la anterior Legislatura participaron en reuniones para aportar opiniones.
Recientemente tuvieron una reunión con Triny Vaca, quien junto a otros organismos civiles, les expuso su propuesta y de nuevo aportaron sus ideas.
“Ahora tenemos que esperar a ver si es cierto que van a cumplir”, puntualiza la activista, recalcando que a ellas no les importa el dinero, “no vamos a vender nuestro dolor ni nuestra dignidad”. Y si va a haber in dinero, deberá servir para que se compren las herramientas necesarias para trabajar, como es el geo radar, aparato especializado para la localización de restos bajo tierra.
