Con estrategias recicladas de combate a los delitos, la entidad se ubica como uno de los estados más violentos e inseguros en el primer trimestre de 2017. Con 652 asesinatos entre el 1 de enero y el 11 de mayo, ocupa el cuarto lugar de homicidios en el país, pero también tiene los primeros lugares en cinco tipos de robo. Rosarito es el municipio más inseguro, y en Mexicali las ejecuciones aumentaron un 135 por ciento, informó el Observatorio Nacional Ciudadano
En el ámbito nacional, Baja California ocupa los primeros lugares en seis de los diez delitos de mayor impacto, sin embargo, ni los alcaldes de los cinco municipios ni el gobernador Francisco Vega de Lamadrid lo admiten, lo reportan, y menos elaboran estrategias de combate que vayan de acuerdo a la magnitud del problema.
Sin el llamado de las autoridades locales, el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto ignora también su responsabilidad en el combate a los delitos federales y el abatimiento de la incidencia delictiva bajacaliforniana que sigue a la alza.
Vega de Lamadrid admite la presencia de cárteles, dice que está preocupado, en sus declaraciones más recientes habla de instalar cámaras y botones de pánico -propuestas recicladas- como alternativa de solución. Mientras alcaldes como Juan Manuel Gastélum en Tijuana declaran que los resultados que se han tenido en seguridad han sido “buenos”. Y el Presidente Peña y sus secretarios, simplemente dejan fuera de la agenda nacional de seguridad a la entidad norteña.
De acuerdo al informe más reciente del Observatorio Nacional Ciudadano, BC ocupa:
* Primer lugar nacional en robo a vehículo con un aumento del 44 por ciento en la denuncia, al comparar el primer trimestre del año pasado y los primeros tres meses de 2017.
* Primer lugar en robo a comercio, con aumento del 53% al comparar el primer trimestre de 2016 con el del presente año.
* Segundo lugar nacional en robo con violencia, con incremento del 50% en la denuncia, al comparar el primer trimestre del año pasado y los primeros tres meses del presente año.
* Tercer lugar nacional en robo total con violencia, a pesar de que hubo una reducción del 29% en las denuncias al comparar el primer trimestre del año pasado y los primeros tres meses de 2017.
* Tercer lugar nacional en robo a transeúnte, con apenas un aumento del 2.8% en las denuncias, al comparar el primer trimestre del año pasado y los primeros tres meses del presente año.
* Cuarto lugar en homicidios dolosos, con un aumento del 63% en las denuncias, al comparar el primer trimestre del año pasado y los primeros tres meses de 2017.
“Los números son solo una referencia, lo que me preocupa es que no veo un sentido de urgencia ni en las autoridades nacionales, ni en las locales. Desde el panorama nacional no veo que se esté hablando de Baja California, y no veo que Baja California esté haciendo algo porque se hable de Baja California. ¿Cuándo escuchas hablar de Baja California al Presidente Enrique Peña, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong? Los escuchas hablar de Tamaulipas, de Guerrero, eventualmente de Michoacán, de Colima; ahorita tocaron el tema Baja California Sur porque trae un aumento substancial, pero no de Baja California”, planteó Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), quien remató:
Rosarito primer lugar en homicidios
“Y si volteas a ver a nivel nacional, esta entidad cerró 2016 como la cuarta con el mayor número de homicidios en tasa cada 100 mil habitantes, el tercero en robo total con violencia, el primero en robo de vehículo, el tercero en robo a casa habitación, segundo de robo a negocios, tercero en robo a transeúnte y cuarto en violaciones; eso no te habla de que las cosas estén tranquilas, y si volteas a ver el primer trimestre, no hay una variación sustancial. En todo caso hay un empeoramiento porque ahora en robo a negocios está en primer lugar ya no solo en robo de vehículo; en robo total, del tercero pasó al segundo, esto evidencia que las cosas no están bien”.
Un Observatorio para Baja California
El mismo análisis del ONC sobre el comportamiento de los delitos de alto impacto muestra que pese a la gran cantidad de homicidios dolosos en Tijuana -505 entre el 1 de enero y el 11 de mayo de 2017-, en el comparativo de delitos por cada 100 mil habitantes, no es el municipio con mayor incidencia en el Estado.
“Hay muchas realidades que desconocemos y necesitamos voces locales más informadas, por ejemplo en lo nacional hablas y te dicen ‘Tijuana está para llorar’, pero en Baja California Ensenada es un paraíso, a ver, ¿eso es cierto?” preguntó Rivas, dejando que las estadísticas hablen.
En el comparativo del primer trimestre de 2016 y 2017 por cada 100 mil habitantes, hecho por el ONC, el municipio que tuvo el primer lugar en homicidios del Estado fue Rosarito, el segundo espacio en homicidio doloso lo tiene Tijuana, y el tercer lugar Ensenada.
Rosarito también ocupa el lugar número uno en homicidios dolosos, robo de vehículos y robo a transeúnte. Mexicali tiene el primer lugar estatal en robo a negocio y robo total con violencia. Tecate tiene el primer lugar en robo a casa habitación, pese a que el número total de denuncias bajaron. Ensenada tiene el primer lugar en denuncias de violaciones, y Tijuana no ocupa ningún primer lugar en el primer trimestre.
En la misma comparación trimestral, pese a que algunos delitos no están en los primeros lugares estatales, sí presentaron importantes incrementos porcentuales en comparación con 2017.
Tijuana es el tercer lugar en extorsión en el Estado, pero el delito presenta un aumento del 121%. En Ensenada el robo a transeúnte subió 382%, el de vehículo un 104% y el robo con violencia, 176%. Mexicali tiene el quinto lugar estatal en homicidio doloso, pero en la comparación trimestral, creció un 135%.
Mientras el homicidio doloso, las ejecuciones en Ensenada crecieron un 171%, Tecate es el único municipio con incidencia a la baja.
“Entonces, necesitamos un grupo de ciudadanos comprometidos que haga que la autoridad no dé cifras alegres y no se le olvide que su compromiso es con los ciudadanos”, opinó el titular del ONC.
En esa perspectiva, en Tijuana se están dando los primeros pasos para integrar el Observatorio de Baja California, el cual se sumará a la red de 20 observatorios certificados que el ONC tiene en 13 entidades del país -actualmente siete en proceso de certificación-, lo que les permitirá tener presencia en cuatro estados más.
Para revisar procedimientos, Rivas Rodríguez estuvo en Tijuana con el licenciado Francisco García Burgos, Presidente de Fundación Educando Conseguimos Paz -renunció al Partido Acción Nacional en junio de 2015-, quien encabeza el proyecto del Observatorio local.
“El planteamiento es de organizaciones de la sociedad civil independientes, que por un lado dan a conocer a la sociedad cómo vamos en materia de seguridad y justicia, pero no es solo informar; tratan de incidir en la política pública, analizar el comportamiento de la incidencia delictiva con base en la información pública disponible, para el beneficio de Baja California, no a ver qué saco o qué obtengo; si las cosas mejoran se dice, no lo hacen, también se dice, sin acentos, sin adjetivos, sin personalizar. Aquí estamos hablando con las instituciones”, externó.
“Yo creo que el trabajo del Observatorio es hacer estos análisis, meterse a las cifras ver las causas, institucionalmente qué se está haciendo, poder tener un análisis trimestral de cuál es el estado de las cosas y dónde estamos”, agregó García Burgos.
Misma estrategia sin resultados
— Conforme a las cifras, ¿el Estado está cumpliendo?
“Por ejemplo, los robos son responsabilidad de los municipios, pero cuando ya los traes de esta manera, no puedes solo responder que se trata de un tema municipal, es evidente que hay algo más que está fallando, que algunas estructuras no están funcionando adecuadamente y por lo tanto, debe haber una mayor participación y corresponsabilidad del Estado”.
— De acuerdo al análisis, ¿cuál ha sido el resultado de la implementación, desde septiembre de 2016, del programa coordinado en 50 ciudades por la Federación?
“Es un proyecto que no tiene evidencia que vaya a funcionar, porque no es diferente en nada a lo que no han hecho los últimos diez años. Tijuana, Chihuahua y Nuevo León son muy buenos ejemplos porque eran los casos de éxito relativo, esos de ‘ya entendimos cómo, por dónde va’ y cómo vamos a hacer para abatir la delincuencia. Y ahora están intentando haciendo lo mismo, pero las cosas cambiaron; lo que pasa es que la autoridad no se da cuenta que a diferencia de ellos, los delincuentes aprenden y encuentran estrategias diferentes. Si repiten lo de 2008, los resultados no van a ir para ningún lado.
“La segunda es que sí importa la calidad, no es lo mismo la figura que tuvo el General (Sergio) Aponte Polito, que sí estuvo involucrado en todos los procesos y donde sí se sentía esa coordinación en todos los órdenes de gobierno; sí veías esta corresponsabilidad, hoy probablemente no se ve igual”, refirió Francisco Rivas.
En el ámbito local, se le pregunta a Francisco García Burgos si los resultados están bien, como mencionó esta semana el alcalde Juan Manuel Gastélum:
508 asesinados en Tijuana entre el 1 de enero y el 11 de mayo de 2017
“Creo que Marco Sotomayor está bien, pero para empezar (el alcalde) se lo brinca, se la pasa hablándole directamente a los jefes de distrito, a sus directores, por encima del secretario. En la Policía algo que no puedes hacer es romper la cadena de mando, si no empoderas a tu secretario, entonces vas por muy mal camino en la operación de tu corporación. Los policías son sabuesos y huelen eso de inmediato, entonces saben que el secretario no trae el respaldo del presidente”, reflexionó.
“Son cosas que no podemos saber desde la Ciudad de México, de ahí la importancia de los observatorios locales”, complementó por su parte Rivas, quien destacó la importancia de que organismos de la sociedad y la participación ciudadana lleven con sus propuestas a las autoridades a:
- a) Una evaluación profunda para reconocer las acciones que están y que no están teniendo resultados.
- b) Un compromiso más allá de reducir los delitos, que digan “en tanto tiempo vamos a lograr hacer que…”.
Los pendientes en la entidad
También, como parte del análisis realizado por el Observatorio a Baja California en cuanto a la implementación de acuerdos nacionales e internacionales en materia de seguridad, encontraron que:
* Pese a que la desaparición de personas es un problema histórico de seguridad en Baja California, no hay registro de los desaparecidos de este Estado ni en los censos nacionales de Procuración de Justicia, de Impartición de Justicia y de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
* Aunque existe un acuerdo federal para que todas las procuradurías estatales tengan registros públicos disponibles de personas desaparecidas en los sitios web, BC es una de las once entidades federativas donde no existen.
* El Estado no cuenta con protocolos específicos para el tratamiento de identificación forense.
* Desde 2015, es uno de los estados que no ha implementado el software del Sistema de Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM), para gestionar y sistematizar la información de personas desaparecidas y restos humanos, donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
A ese respecto, la respuesta desde la PGJE fue que el personal está en México capacitando, pero aún no les instalan el programa.
En cuanto a los otros pendientes que Baja California comparte con el resto de los estados, desde el Observatorio destacaron tres:
- Las autoridades no le están pegando al dinero de los delincuentes y no hay extinciones de dominio, a lo que García Burgos agregó: “No hay ni detenidos, hay decomisos de cargamentos, pero no detenidos, porque hay pitazos; y hay pitazos porque hay contubernio. Dicen, ‘Capturamos a chorro mil bandas’, está bien, ¿dónde está el dinero?”.
- No hay un combate serio a la corrupción, los dos van de la mano, porque se encaminan al sistema penitenciario, a la administración de justicia, a la procuración de justicia y a la prevención.
- No hay un combate ni al comercio ilegal ni al tráfico ilegal de armas, las campañas de despistolización no son malas, pero esas armas que llevan no son las que se están usando en los delitos. “Los ciudadanos necesitamos hacer que las autoridades nos digan qué van a hacer respecto a estos pendientes”, concluyó Rivas.
Seis policías de Tecate vinculados a proceso por abuso y lesiones
Los policías municipales Pedro Pérez Castillo, Enrique Álvarez, Martín de Dios, Jesús Manuel Aragón, Lizet Mariñez y el subcomandante Luis Miguel Cuevas, fueron vinculados a proceso en audiencia realizada el lunes 8 de mayo, por la juez de control Cinthya Monique Estrada Burciaga, por los delitos de lesiones y abuso de autoridad.
La juzgadora consideró necesario investigar más respecto a las agresiones físicas y verbales inferidas en contra de Roberto Ramírez, su esposa Sonia López, sus dos hijos menores de edad y un amigo de éstos, también menor de edad, en el operativo policiaco realizado entre la noche del 10 de febrero y la mañana del 11 en Tecate, Baja California, en el cual las mujer y los menores resultaron con lesiones que no tardaban más de 15 días en sanar; mientras que el padre de familia resultó con lesiones que pusieron en peligro su vida, al reventar el intestino delgado, por lo cual debió ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas.
Después de escuchar el contenido de las diversas declaraciones de las victimas ante el Ministerio Público, la identificación de los policías involucrados hecha ante Sindicatura, de los partes informativos y el Informe Policíaco Homologado, los reportes del Centro de Control Comando, Comunicación y Cómputo (C4), los informes médicos y la única consignación al MP, la juez Estrada consideró:
“… son suficientes para acreditar la posibilidad de los delitos de abuso de autoridad y que los hoy imputados hicieron violencia sobre Roberto Ramírez y sus hijos Alejandro, su esposa Sonia y el menor amigo Carlos, violencia física y moral, amenazas verbales”.
También dijo que conforme a las evidencias mostradas hasta el momento -la defensa de los policías no presentó pruebas a su favor, ni los agentes declararon- , había indicios de “falta de legitimidad para intervenir en los hechos”, y “… aprovechando su cargo”.
Por el momento solo se presume como responsables a Pérez, Álvarez, Aragón, Mariñez y De Dios; respecto al comandante Joel Núñez, dictaminó que el Ministerio Público no presentó evidencias que mostraran que él era responsable de omisión al estar presente y haber permitido los abusos, sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que la fiscalía solicite una imputación más adelante si obtiene pruebas.
De las declaraciones de las victimas expuso “… son coincidentes y consistentes”, “hacen suponer veracidad” y “les da valor probatorio”.
En sus alegatos, el abogado de los policías intentó restar valor a la identificación que las victimas hicieron ante Sindicatura de los siete elementos señalados, porque no se hizo de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero la juez le informó que por tratarse de un procedimiento administrativo no debe responder a las normas jurisdiccionales, y le explicó que independiente del valor que le puedan dar o no a esa identificación en la siguiente parte del proceso judicial, la familia Ramírez identificó a sus presuntos agresores en un álbum con más de 100 fotos y, además, señalaron que los policías que los atacaron eran más, pero en el material que les pusieron al frente no estaban todos.
Antes de finalizar, la juzgadora recordó que la obligación de cualquier representante de la autoridad es servir y auxiliar “en nuestro ámbito de competencia y dirigirse con un respeto que debe ser mutuo (…) tratar a los ciudadanos como seres humanos
Recordó que la Ley contempla el “uso razonable de la fuerza legal, racional, oportuna y proporcional”, lo que en este caso “no aconteció”.
Tras conversar con los agentes imputados, instruyó las medidas cautelares que en el caso de Aragón -tuvo abogado distinto- fue la firma cada 15 días ante un juez. Y para los otros cinco policías -algunos ya suspendidos de sus funciones- fue la orden de no salir del país durante los próximos tres meses que durará la investigación.
La juez programó la próxima audiencia para el 8 de agosto, y al mismo tiempo informó a las víctimas que podían realizar acuerdos con sus victimarios, lo cual podría anular o acortar el juicio.
Incrementan crímenes en un 45 por ciento
A once días de mayo transcurridos, Tijuana ya supera las 500 ejecuciones en 2017. A comparación de 2015, en los primeros cinco meses del año se registraron 226 crímenes, mientras que en 2016 la cifra alcanzó 348 muertes. En porcentaje, los asesinatos en esta ciudad fronteriza incrementaron en un 45% respecto al año pasado.
57 asesinatos se han cometido en lo que va del presente mes, y entre los hechos delictivos más recientes, destacan dos muertes ocurridas en las primeras horas de ayer jueves 11 de mayo:
Alrededor de las 2:35 am se reportó a la central de emergencias que en el interior de su domicilio en Calle Higo, entre Ciruela y Piña de la colonia La Morita, Ernesto Lavenant Marroquín, de 23 años de edad, fue ultimado con arma de fuego.
Después, a las 12:40 pm se notificó que en la vivienda de un rancho abandonado ubicado sobre la calle Monumento, en la colonia Lomas de San Antonio, se localizó un cadáver masculino, atado de pies y manos y en estado putrefacción.
La madrugada del miércoles 10 de mayo se reportó el cuerpo sin vida de un masculino, de entre 35 y 40 años. Estaba envuelto en bolsas de plástico y expuesto en la vía pública sobre Avenida Abeto, en la colonia Encina La Morita.
Por la noche, un sujeto apodado “El Terco” fue ejecutado en la colonia Nueva Tijuana, por heridas provocadas por arma de fuego. El hecho tuvo lugar en Bulevar Bellas Artes, esquina con José López Portillo.
También al culminar ese día, el cuerpo de un joven de entre 25 y 30 años fue localizado envuelto en cobijas sobre la calle Uxmal, esquina Teotihuacán y Bulevar Blake Mora, en la colonia Mariano Matamoros Centro.
Mientras que el martes 9, un hombre identificado como Ulises Cota Velázquez fue ejecutado de un balazo en la cabeza cuando se encontraba sobre la Privada Alejandrina de Colina en Villas del Sol, Tercera Sección.
De la misma manera, Pablo Gutiérrez Treviño, de 31 años, resultó muerto en la calle Segunda, entre Revolución y Madero, en la Zona Norte.
Javier Lázaro de La Torre, alias “El Lázaro”, de 42 años; Sergio Leonardo Barrientos, de 52; Giovanni Martín López de la Cruz, de 32; Fridzia Fielo Ramírez, Salvador Espinoza Ramírez, Luis Gerardo Uribe Rosales, de 20; Juan Modesto Alvilla Muñoz, de 46; Cristian Alexis López Benítez, de 25; Daniel Alejandro Valenzuela Solís, de 22; Carlos Sánchez Aguilar, de 52; Francisco de los Santos Vargas, de 28; y Juan Cruz Navarro, de 45, se suman a la estadística de muertes ocurridas entre el viernes 5 y lunes 8 de mayo.
A la fecha en Baja California se han registrado 652 asesinatos, de los cuales 508 corresponden a Tijuana.
Propuestas de COPARMEX para combatir la violencia en el país
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hizo público su Diagnóstico de Delitos del Fuero Común en México durante el primer trimestre de 2017, al mismo tiempo, convocaron a un acuerdo nacional, e insistieron en el necesario combate a la corrupción y exigieron al Congreso de la Unión:
* Discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior que permita a las Fuerzas Armadas participar de las labores de Seguridad Pública cuando así lo soliciten los gobernadores de las entidades federativas.
* Expedición de una Ley General de Seguridad Privada, para que a nivel general, las empresas dedicadas a este giro cuenten con criterios homologados en cuanto a la operación.
* Aprobación de la Iniciativa de Mando Mixto Policial y la elaboración de un Plan Emergente de Seguridad para las entidades y municipios más afectados por la violencia, como lo son Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Michoacán.
Apoyándose en cifras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), COPARMEX contextualiza la situación e informan que en el primer trimestre de 2017, se presentaron en el país 5 mil 775 homicidios, un promedio de 21.8 crímenes por cada 100 mil habitantes en el territorio nacional, lo que representa un incremento del 28.2 por ciento respecto del primer trimestre de 2016.
Refieren que el porcentaje de aumento en tasa de homicidios supera las alcanzadas durante el periodo de violencia vivida en 2008-2010. Y advierten que de seguir ese ritmo, se alcanzaría una cifra de 26 mil 964 muertos en el presente año.
En el país, el aumento de la incidencia en delitos del fuero común lo reportan en un 19.1%, destacaron los robos con violencia a transportistas que crecieron en un 65.9% y las lesiones culposas por arma de fuego, que se elevaron un 191.9%.
El mismo análisis revela que la inseguridad alcanza niveles críticos en algunas entidades del país, como Colima, San Luis Potosí y Tamaulipas, donde los aumentos de las incidencias criminales alcanzan el 194.5, 107.8 y 88.4%, respectivamente, en el comparativo del primer trimestre de 2016.
“Es urgente que las autoridades federales, estatales y municipales den a los ciudadanos señales contundentes e inequívocas de que trabajan para encontrar una solución de fondo a los graves problemas de inseguridad y violencia. Es preciso revisar la estrategia que se ha adoptado en los años recientes para realizar los ajustes necesarios y las mejoras que hagan falta”, concluye el diagnóstico del organismo patronal. Héctor Ortiz
