La organización internacional en defensa de la libertad de expresión, Artículo 19 (A19), realizó un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto a realizar las acciones necesarias para frenar la ola de violencia en contra de los periodistas, especialmente los siete agredidos este fin de semana en Guerrero y del integrante de la red de Periodistas de a Pie, Fabián García Castrejón, amenazado en Nayarit.
Además, solicitó a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) demostrar un verdadero compromiso por mejorar un contexto adverso para el ejercicio periodístico en México.
A través de un comunicado, la organización exigió al nuevo titular de la Feadle, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, a instruir a su personal para que realice las diligencias correspondientes para identificar y llevar ante la autoridad judicial a los responsables.
“Es fundamental que tanto la FEADLE como el Mecanismo se coordinen para, en el ámbito de sus competencias, brindar las condiciones de seguridad a los periodistas agredidos a fin de realizar las denuncias correspondientes y estar en posibilidad de dar el debido seguimiento””, demandó Artículo 19.
En Guerrero, más de 150 reporteros locales y corresponsales nacionales condenaron la agresión que sufrieron siete periodistas la tarde del sábado en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente, por un grupo de la delincuencia organizada conformada por más de 100 hombres armados, quienes los amenazaron con quemarlos vivos, los golpearon y les robaron sus pertenencias, entre estas un vehículo, cámaras, celulares, dinero e identificaciones.
Los periodistas exigieron a los gobiernos federal y estatal que cumplan su obligación de garantizar la seguridad y el libre tránsito “y podamos vivir en la normalidad, circular por las carreteras sin el temor de ser víctimas de esos grupos criminales, que mantienen como rehenes a los guerrerenses”.
Los reporteros exigieron al mandatario nacional y al gobernador Héctor Astudillo Flores que activen protocolos de seguridad para los siete periodistas, ante las amenazas que recibieron por el grupo delincuencial, y criticaron el hecho de que hayan sido agredidos y robados en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que refleja que esos grupos se mueven con total impunidad y la convivencia entre las fuerzas de seguridad y los grupos del crimen organizado.
Mientras tanto, el gobierno del estado confirmó mediante un boletín que la agresión a los reporteros fue cometida “por individuos que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”, y la Procuraduría General de la República (PGR), informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició una carpeta de investigación sobre esos hechos.
El gobernador guerrerense también expresó su apoyo y solidaridad a los siete reporteros, tras la agresión de la que fueron víctimas por hombres armados y se dijo convencido de que integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana, son los responsables de los hechos.
Vía telefónica con los periodistas que se encontraban en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Astudillo Flores señaló que miembros de dicho grupo delictivo “desde el Estado de México se vinieron a meter” para ayudar a las personas que generaron los bloqueos.
Además, el mandatario estatal reconoció que este sábado se vivió un día negro y que en la región Tierra Caliente “se vivió intensamente la presencia de la delincuencia organizada”, pero finalmente “logramos librar 11 bloqueos”.
Atribuyó que a quienes originarios los enfrentamientos, “no les gustó lo que se hizo, que es enfrentarlos”, en referencia al despliegue de policías estatales y militares para capturar a delincuentes de la zona de Tierra Caliente.
El sábado, los reporteros Sergio Ocampo, Alejandro Ortiz, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Jair Cabrera, Hans Musielik -extranjero- y Pablo Pérez García -quienes trabajan para medios como el diario La Jornada, la agencia Quadratín o los portales Bajo Palabra y Vice News-, acudieron a cubrir los hechos de violencia en Tierra Caliente, y cuando regresaban a Chilpancingo, un kilómetro antes del retén militar y policial cerca del crucero de Acapetlahuaya, fueron detenidos por un centenar de hombres armados.
Después, los obligaron a subirse a una de las dos camionetas en las que viajaban y les advirtieron que si los denunciaban en el retén militar que estaba adelante, los iban a quemar con todo y la unidad, pues les advirtieron que en el retén militar tenían un halcón que iba a vigilar sus movimientos.
“Reporteros de Guerrero y del país expresamos nuestra condena y rechazo a esos hechos lamentables. Subrayamos que esos grupos criminales se mueven con total impunidad y nos parece extraño que hayan actuado con total anarquía en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que confirma la convivencia entre las fuerzas del orden y esos grupos del crimen organizado”, dice el escrito, firmado por los más de 150 periodistas.
Los comunicadores también consideraron que es grave que ante dichos acontecimientos las autoridades federales y estatales no actuaron siguiendo un protocolo de búsqueda, localización y protección de los periodistas, “por el contrario, generaron falsos rumores de que los compañeros venían en camino resguardados, lo cual no fue cierto. El traslado fue por su cuenta y llegaron solos a esta capital [Chilpancingo]”.
Los firmantes recordaron que México se ubica entre los países donde ejercer el periodismo es un grave riesgo y que en Guerrero en febrero del año pasado asesinaron en Taxco a Francisco Pacheco Beltrán y en marzo de este año a Cecilio Pineda Birto, en Ciudad Altamirano, por lo que exigieron garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho que tiene la sociedad a estar informada.
Asimimso, denunciaron que en ambos casos las autoridades se comprometieron a resolverlos y castigar a los responsables, lo cual no se ha cumplido, e hicieron un llamado a los periodistas y a la sociedad para que estén observantes de estos hechos, no permitir una agresión más a la libertad de expresión y el derecho a tener una sociedad informada.
Antes, el gobierno del estado había asegurado en un boletín, que desde el momento que se conocieron los hechos se activaron mecanismos de búsqueda y localización, y que la Secretaría de Protección Civil del Estado movilizó dos vehículos, el primero partió de Iguala hacia Teloloapan y el otro de Teloloapan hacia a Iguala.
El periodista Sergio Ocampo, de quien era la camioneta color azul marca Jeep Patriot que los presuntos delincuentes robaron, narró que “Eran puros chavos, algunos hasta se estaban drogando enfrente de nosotros. No nos golpearon, la verdad, pero sí nos trataron con palabras fuertes. Nos dijeron: ‘órale, bájense cabrones, qué andan haciendo’”.
El corresponsal de La Jornada detalló que un niño de aproximadamente 13 años encabezó el comando que bajó todas sus pertenencias de los vehículos y les exigió sus carteras, “fue evidente que iban sobre el equipo, sobre la información””, explicó.
Informó que en el lugar estuvieron de 15 a 20 minutos y que al final le ordenaron que dejara su camioneta, y los obligaron a subirse todos a la otra camioneta en la que se trasladaban para que abandonaran la zona, “¿o la van a hacer de tos? Si no se van aquí las quemamos las dos y se van a pie”, advirtió uno de los pistoleros.
El periodista añadió que quien aparentaba ser el jefe les advirtió que si decían algo en el retén del Ejército que estaba adelante, “vamos a ir y nos los vamos a comer vivos”, mientras que a Hans Máximo uno de los civiles armados lo amagó con una pistola en la cabeza.
Ocampo insistió que ya sabían que los periodistas iban a pasar por el lugar, porque en cuanto los vieron pusieron palos y piedras en la carretera, para bloquearles el paso. Además, explicó que los dos vehículos en que viajaban llevaban la leyenda de prensa.
Dijo que está seguro que la intención fue quitarles el material periodístico que traían, porque antes habían pasado otros tres retenes aparentemente de la misma gente y que en todos les tomaron fotos y los filmaban, “yo creo que sí, su objetivo era el material que traíamos, porque nos anduvieron vigilando”, dijo.
En la zona que comprende los municipios de Arcelia, San Miguel Totolapan, Tlapehuala, y Ajuchitlán del Progreso se disputan el trasiego de la droga los grupos de Los Tequileros y La Familia Michoacana, que tiene influencia también en otros municipios de la región.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) condenó enérgicamente los hechos y les otorgará el acompañamiento. El presidente del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno, informó que en cuanto tuvo conocimiento de los hechos de inmediato se comunicó con las autoridades del gobierno del estado y con varios reporteros para monitorear la situación de los siete periodistas agraviados por sujetos armados que bloqueaban el crucero del municipio de Acapetlahuaya.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó hoy la agresión a los comunicadores en Guerrero, “una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México”.
“Por ningún motivo puede permitirse que grupos armados intimiden, agredan o violenten el material de trabajo de las personas que ejercen el periodismo en el estado de Guerrero o en alguna otra región del país”, señaló el organismo autónomo.
Según la CNDH, “ello obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) cumplan con garantizar la seguridad de la población y el ejercicio libre de la libertad de expresión en México”.
