Ni abogados ni víctimas del accidente protagonizado por un camión de Altisa, en el que murieron 6 personas y 11 resultaron lesionados han sido contactados por la empresa para el inicio del proceso de indemnización que desde hace 2 semanas anunciaran autoridades municipales haber acordado con Pedro Blanco, apoderado de la empresa de autotransporte público.
La omisión de la autoridad municipal al no sancionar y obligar a Altisa a cumplir vulnera el derecho a la seguridad jurídica de las víctimas, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió la queja 289/17/4VG, requiriendo a la Dirección de Transporte Público Municipal.
El director de Transporte Municipal, Javier Salas Espinoza, dijo que en la primera semana de abril se envió un expediente a Sindicatura Procuradora sobre la serie de irregularidades encontradas en torno a este caso, entre las que destaca el hecho que la unidad 290 de la referida compañía de transporte, que propicio el accidente del 12 de octubre de 2016, carecía de permiso para operar y no contaba con póliza de seguro.
Al ser cuestionado de porque hasta 4 meses después de asumir el cargo lo hacía de la noción de la fiscalía municipal, expuso que desconocía el caso del cual tuvo conocimiento “por las noticias que se publicaron del joven Brandon”, toda vez que en la carpeta de entrega-recepción no se incluyó ningún documento sobre el hecho.
Sobre alguna sanción a la incumplida empresa, Salas Espinoza subrayó que por ese caso solo podrían actuar por instrucción de Sindicatura, a quien corresponde deslindar responsabilidades administrativas. Pero a raíz de ese caso, anotó, se realizan operativos permanentes para verificar que las unidades de transporte público cuenten con toda la documentación requerida para operar.
Después de que el caso se turnó a la Sindicatura Procuradora, a mediados de abril se tuvo una plática con Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana Baja California S.A. de C.V. (ALTISA), en la que los apoderados de la firma “mostraron su interés por responder a la familia de Brandon con los gastos médicos”, reportó Raúl Felipe Luévano Ruiz, secretario de Gobierno Municipal; “nos dijeron que ya habían tenido un acercamiento con los padres de Brandon”.
Caso contrario se les advirtió: “Si no cumplen en un plazo determinado de 60 días se iniciará un proceso administrativo de cancelación de concesión”.
Al consultar a Claudio Morelos y Azucena Hernández, padres del joven Brandon Morelos, joven de 18 años que quedó casi cuadripléjico a raíz del fatal accidente, indicaron que hasta la fecha ningún representante de Altisa se ha comunicado con ellos, por lo que continúan dando seguimiento a la denuncia presentada ante Ministerio Público.
Su abogado, Jorge Escárcega, lamentó que el gobierno municipal “no le dé la seriedad que el caso requiere”, al referir que el acuerdo de otorgar 2 meses más a Altisa, el gobierno de Juan Manuel Gastélum lo tomó de manera informal, “como si fuera una plática entre amigos”.
Muestra de ello, continuó, es el hecho que desde el 17 de abril requirió al XXII Ayuntamiento que por escrito le especificaran los términos del acuerdo y la forma como se pagaría, “hasta el momento no han dado respuesta”, dijo.
Además de Brandon, acotó, hay otras víctimas, a las que Altisa está obligada a responder.
