La PGJE de Baja California ha resuelto apenas 3.8 por ciento de los casos de homicidio, el resto continúa en la impunidad. Asesinatos relevantes de jóvenes estudiantes, empresarios y abogados que han generado manifestaciones ciudadanas y reclamos de los sectores productivos, siguen en la injusticia después de años. Durante 2017 suman 731 asesinatos en el Estado y, con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, los casos con detenidos y testigos se están resolviendo en juicios abreviados en un año, pero los homicidas están obteniendo penas mínimas
A Eneyda Rosario Ramos Noriega “Chayito”, estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma de Baja California, la asesinaron hace un año y 27 días en Tijuana.
A los días fueron capturados sus victimarios, Alejandro Castellanos Espinoza y Vanessa Garza, también estudiantes de la UABC, él de Medicina, ella de Derecho.
El homicidio de “Chayito” sigue impune. Ninguno de los dos detenidos ha sido sentenciado por el crimen; de hecho, el joven Alejandro ni siquiera ha rendido su declaración.
No es el único caso en la impunidad. De los expedientes que ha acumulado en 2017, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo de la licenciada Perla del Socorro Ibarra Leyva, únicamente el 3.8 por ciento han sido resueltos. El 96.2% restante continúa en la impunidad. En la mayoría de los casos, sin detenidos.
De acuerdo a investigaciones, a Eneyda Rosario Ramos Noriega sus verdugos la inyectaron con insulina, la golpearon en la cara, la asfixiaron con una cuerda y envolvieron su rostro en una bolsa de plástico mientras -sin éxito- se defendía de su ex novio Alejandro Castellanos Espinoza, y de la nueva pareja de éste, Vanessa Garza.
La mataron la tarde del viernes 29 de abril de 2016. El cadáver fue localizado un día después en la casa de Garza, a una cuadra de las instalaciones de la PGJE. La joven estudiante de Derecho confesó el crimen, pero fue dejada en libertad por ausencia de flagrancia. Para el miércoles 4 de mayo de 2016, la PGJE concluyó la integración del expediente y, la madrugada del 5, la juez Ignacia Fimbres, del Juzgado Cuarto de lo Penal de Baja California, concedió las órdenes de aprehensión y se ejecutaron.
68 ejecuciones en 14 dias en Tijuana
Vanessa Garza ratificó su declaración de culpabilidad y Alejandro Castellano negó todos los cargos desde su declaración preparatoria. Hasta que el 11 de mayo se les dictó orden de formal prisión.
Más de un año ha pasado del asesinato, más de un año de la captura, y “Chayito” sigue sin conseguir justicia. El expediente sobre el asesinato sigue sin movimientos. De acuerdo a fuentes de la PGJE consultadas, Castellanos permanece sin declarar, algunas personas han sido citadas y no se han presentado, lo que ha provocado que varias comparecencias se hayan diferido.
En ese periodo el Ministerio Público presentó una apelación en la que no ha tenido repuesta, por la reclasificación del delito. La procuraduría había imputado a Castellanos por feminicidio y la juez modificó a homicidio calificado.
El abogado del joven también interpuso un amparo contra el auto de formal prisión, argumentando violaciones al debido proceso, el cual tampoco ha registrado repuesta.
Para el próximo 7 de junio están citados ante la juez, dos de los policías ministeriales que participaron en la investigación; los peritos químicos fueron convocados para los días 8, 9 y 12 de junio. Hasta ahí va el expediente.
“Son prácticas dilatorias del abogado para alargar el proceso, y así se puede llevar cinco años”, es la advertencia desde la Fiscalía.
Impunidad 2017
68 personas fueron asesinadas en Tijuana en 14 días, entre el jueves 18 y el miércoles 24 de mayo. El municipio acumula ya 125 muertes violentas en el mes que está por concluir, 576 en casi cinco meses. En ese lapso, la PGJE ha resuelto 26 expedientes, de los cuales 22 corresponden a homicidios cometidos en 2017, otros tres sucedieron en 2016 y uno en 2014, lo cual significa que del total de asesinatos perpetrados en Tijuana este año, solo el 3:8% se ha resuelto, y el 96.2% permanecen impunes. La ausencia de justicia plena se determina así:
- En los casos considerados como relevantes, por el perfil de sus víctimas. Homicidios que han generado manifestaciones ciudadanas o el reclamo público de los sectores, en lo que los bajacalifornianos no aceptan la excusa oficial de las autoridades, de “se están matando entre ellos (entre traficantes de drogas)”.
- En las carpetas donde los homicidas han sido capturados.
Anastasia, careos aún pendientes
El 12 de junio de 2015, la fiscalía ejerció acción penal contra la joven de origen ruso Anastasia Lechtchenko Masney como presunta responsable del homicidio de su madre y su hermana menor de edad. Fue liberada y detenida de nuevo el 19 de junio.
En un primer tiempo, en diciembre de 2015 la defensa presentó un expediente de salud mental iniciado en el Hospital General en 2014 y otro dictamen donde un perito indicó “… no es posible determinar la presencia de síndrome, derivado de trastorno mental que presenta la inculpada por encontrarse sintomatología de episodio psicótico”. Ese mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la formal prisión.
En 2016 llamaron a declarar al padre de la menor y citaron para ratificar declaraciones a la joven imputada, a los peritos e investigadores que participaron en la integración de su expediente. También se ordenó la aplicación del Protocolo de Estambul para analizar si Anastasia había sido torturada.
Actualmente, funcionarios de la PGJE y del Servicio Médico Forense están siendo citados para ratificar dictámenes. Está pendiente de señalar fecha para el desahogo del careo procesal entre los testigos y la procesada.
Más estudiantes asesinados, más impunidad
Los novios Vianey Moreno Rentería (estudiante de Derecho) y Ricardo Ruiz Morales (de Ingeniería) fueron asesinados la noche del 19 de julio de 2016, mientras platicaban en el interior de un automóvil Jetta 2011 afuera de la casa del muchacho, en la calle Olas Altas de la sección Coronado en Playas de Tijuana.
Los peritos concluyeron que fueron dos homicidas y un tirador profesional. En la escena quedaron diez casquillos, Vianey recibió un tiro en la sien y otras tres balas penetraron el rostro, cuello y brazo de Ricardo; ambos quedaron muertos en el lugar.
En el inicio, las indagatorias registraron en el expediente que el objetivo del ataque había sido el muchacho de quien mencionaron, se dedicaba a cruzar enervantes hacia Estados Unidos, y que el día de los hechos, la hermana de Ruiz Morales responsabilizó a gritos a su padre, de haberlo metido en los negocios.
Anastacia Lechtchenko casi 2 años bajo un proceso lento
Tras diez meses no hay detenidos, aunque según las autoridades, ya se identificó a dos presuntos responsables.
Libres homicidas de empresarios
Hace tres años, el 8 de abril de 2014, cuando manejaba sobre la carretera Ensenada-Rosarito sobre el Kilómetro 54+400, asesinaron al empresario Jaime René García Arteaga, quien estaba acompañado de su socio Carlos Mijes. Cuatro de tres tiros impactaron en su cabeza.
De inicio la principal hipótesis estuvo relacionada con el tema laboral-empresarial.
García Arteaga era socio en Inmobiliaria y Arrendadora Capricornio Campestre Baja, S.A. de C.V.; Marena de Ensenada, S.A. de C.V.; Club Marena en Rosarito y Baja Country Club en Ensenada. También estaba asociado con la empresa Cartera Ensenada e inmiscuido en dos juicios civiles, solicitando la prescripción positiva de dos propiedades en el puerto
Después de mil 143 días, reportes periciales y testimoniales echaron abajo la versión que aún sostiene el socio de la víctima, de que fueron baleados por desconocidos mientras circulaban. La información en poder de la fiscalía indica que a García lo pararon elementos policiacos y le dispararon, y que estos oficiales corruptos habrían pertenecido a la Dirección de Seguridad Pública de Rosarito; habían cometido el crimen por orden de un empresario ensenadense, con quien la víctima tenía deudas económicas.
Sin embargo, a la fecha la PGJE no cuenta con elementos suficientes para identificar plenamente a los autores materiales, ni para implicar penalmente al presunto autor intelectual, de quien no proporcionaron datos.
En cuanto al asesinato del empresario Jorge Kalb Zarmati (37 años) y el intento de homicidio de su padre, Daniel León Kalb Ronay (71), el 14 de julio de 2016 en el hotel Marriott en Tijuana, las autoridades también lo atribuyen a un tema de dinero. El autor material del homicidio se les esfumó, “lo mandaron traer de fuera y lo sacaron de la ciudad inmediatamente”, aseguran.
Sin embargo, el móvil más fuerte lo ubican en una inversión de millones de pesos en proyectos falsos, que estos empresarios radicados en Miami, Florida, dedicados a la venta de equipos de seguridad, creyeron que realizarían con el Gobierno del Estado de Baja California.
El día del homicidio, el padre, Daniel Kalb, culpó a José Eduardo Schobert, su socio en Tijuana para los mencionados negocios, de la muerte de su hijo, “¡Tú mataste a mi hijo!”, le repetía entre insultos. Diez meses han pasado. En su momento Schobert fue entrevistado y la PGJE sigue sin elementos para imputar por el operativo homicida.
Similar impunidad existe en el homicidio de Daney Angulo, joven empresario y administrador de Plaza Pabellón Rosarito, asesinado el 19 de septiembre de 2016 en Calle Úrsulo Galván de la colonia Ejido Mazatlán. Le dispararon a bordo de su pick-up, mientras esperaba a su novia.
La hipótesis principal fue que los vendedores de droga de la zona lo confundieron con un competidor y lo mataron, pero siguen sin identificar al o los presuntos responsables.
Tampoco hay avances en la carpeta de investigación por el asesinato del empresario gasolinero Alejandro Sánchez del Palacio, apuñalado el 9 de enero de 2017 en su casa, ubicada en el número 270 de Avenida del Puerto, Fraccionamiento Playa Ensenada. Por lo menos esa fue la respuesta dada a ZETA desde la fiscalía ensenadense, donde indicaron que todo seguía igual que cuatro meses atrás.
Ausencia de justicia para abogados
Tampoco registra avances el expediente que tiene como víctimas a Guillermo Ruiz Hernández “El Titi”. El único detenido está a punto de ser liberado. Mencionan autores intelectuales presuntamente inmiscuidos en procesos penales, pero nada ha sido acreditado en el expediente.
En el homicidio de Eneyda Ramos, su ex novio y presunto homicida Alejandro
Castellanos continúa negando su responsabilidad.
Uno de los abogados más conocidos, con una de las carteras de clientes más adineradas en Tijuana y su chofer, fueron baleados cuando la mañana del 10 de noviembre de 2016 cuando llegaban a sus oficinas en Calle Misión de San Ignacio; cuarenta cartuchos de arma larga calibre.223 quedaron en la escena y habían sido disparados por un comando a bordo de un vehículo Dodge Caravan color gris.
La misma mañana fue localizado el auto de los homicidas en la calle Juventino Rosas de la colonia 20 de Noviembre, con un arma larga en el interior, y detuvieron al ex policía Enrique Hernández porque estaba sacando cosas del carro y lo presentaron como presunto cómplice de los homicidas. De acuerdo a la versión de la fiscalía, el ex uniformado está a punto de comparecer y no tienen elementos suficientes para retenerlo como presunto participante en el operativo criminal contra el abogado; tampoco tienen identificado a ningún otro autor material.
En cuanto a los autores intelectuales, pese a que Ruiz aseguró a la fiscalía y a la prensa que los expedientes que lleva son mercantiles, se pudo conocer que su despacho también lleva casos penales y dos llamaron la atención de las autoridades: El relacionado con un amparo a Jesús Méndez Vargas “El Chango”, y un amparo por el delitos de posesión de armas que involucra a los hermanos Jerónimo y Jorge Vera Ayala. Sin embargo, a la fecha el expediente no incluye ningún sospechoso oficial como autor intelectual del atentado.
Como tampoco contempla presuntos responsables la carpeta de investigación por el homicidio del abogado de Ensenada, Jaime Xicoténcatl Palafox Toscano, a quien le dispararon el 7 de febrero de 2017 cuando llegaba a su casa en la colonia Moderna. El caso no presenta avances y está en integración, reportó la procuraduría.
En Mexicali también “sin avances substanciales” se reportaron los casos de los abogados
Dionisio Arévalo Corona, José Martín Dimas Palafox Cervantes y Juan Antonio Rodríguez Moreno (también catedrático de la UABC), desaparecidos el 5 de septiembre 2015 y localizados calcinados dentro de un auto el 8 de septiembre, en un cañón en la delegación La Presa en Tijuana.
Los litigantes fueron secuestrados y asesinados cuando se dirigían a reunirse con Eliú Quezada Ibarra, para tratar de llegar a un acuerdo en un pleito jurídico que llevaron por once años, por la propiedad de unos terrenos ubicados en el Kilómetro 14.5 en Valle Bonito.
Sin presuntos responsables ubicados o detenidos, sigue también la desaparición de los abogados Hugo Fonseca Meza y Jesús Alberto Zambrano Vizcarra, ocurrida en Mexicali el 10 de septiembre de 2015.
Asimismo, el Colegio de Abogados Libres del Derecho en la capital del Estado, ha denunciado y reclamado la ausencia de detenciones y la falta de resultados de la procuraduría en los asesinatos de los licenciados Víctor Hugo Navarro Avilés (20 de enero de 2014), Everardo Gudiño Anaya (diciembre de 2014) y Jesús Miguel Alanís Ahumada (junio de 2015).
Mínimo avance en los de casa y por acciones de la Policía Municipal
Dos hombres, César Carrillo y Javier Díaz, fueron detenidos como sospechosos de haber disparado contra el coordinador de Ministerios Públicos de Homicidios en Tijuana, José André Cato Pico, lesionado a balazos la noche del 20 de abril. Nada han declarado al respecto.
Sus compañeros saben que la tarde del evento, personas ligadas a Beatriz Pérez, una de las detenidas (el otro es Brayan Torres) por el asesinato el 19 de abril del agente ministerial Jesús Enrique Andrade Lugo, intentaron entrevistarse con él, pero no se concretó.
Del 1 de enero al 25 de mayo 731 muertes violentas en Baja California.
Al día siguiente del ataque a Cato, el 21 de abril, delincuentes colgaron una manta presuntamente firmada por René Arzate “La Rana”, responsabilizándose del ataque al coordinador porque no lo apoyó, y el 5 de mayo apareció otra manta argumentando que la PGJE había recibido dinero para “liberar a la vieja” y no cumplieron. Además, advirtieron con mensajes anónimos de los 33 mil pesos y 2 mil dólares encontrados en el auto de Cato, dinero que el padre de la víctima aseguró haberle prestado.
En los casos de estos dos empleados de la Procuraduría, la Policía Municipal de Tijuana detuvo a cuatro presuntos autores materiales, la fiscalía los retuvo, pero ante la resistencia de los presuntos responsables en sus declaraciones, permanecen sin avances respecto a los autores materiales y los móviles de los crímenes.
Casos resueltos y los tiempos
De acuerdo a información proporcionada por la PGJE, además de los cuatro detenidos por el asesinato de Lugo y el atentado a Cato, en el transcurso de 2017 han sido capturados 29 homicidas más, por crímenes cometidos en el presente año:
- Diana Gaona por la muerte de Misael Mendoza.
- Flavio Perales por la muerte de Fernando Rodríguez.
- Osmín González por la muerte de Armando Guerrero.
- Alejandro Castillo por la muerte de Mardonio Flores.
- Roberto Zapata por la muerte de Nubia González.
- Rubén González por la muerte de José Estrada.
- Giovanni Gochez por la a muerte de Luis Botom.
- Roberto Cruz por la muerte de Felipe Díaz.
- César Ramírez por la muerte de Manuel Nieto.
- Manuel García, muerte de no identificado en Sánchez Taboada.
- Javier Bolaños por la muerte de Jesús Arce.
- Rafael Arroyo por la muerte de Jorge Campos.
- Jesús Zedillo por las muertes de Ricardo Roach y Rafael Hernández.
- José Mendoza por la muerte de Daniel Carmona.
- Pablo Anderson, Francisco Ramírez y Víctor Garcés por las muertes de Javier Torres Rodrigo Haro, Manuel Flores y otro.
- Adrián Díaz en el homicidio de Josefina Chávez.
- Alberto Aldana en el homicidio de un masculino desconocido.
- Emanuel Martínez en el homicidio de Luis Ramos.
- Javier Gómez por los homicidios de José Avala y un hombre de apodo “El Veneno”.
- Iván Olmedo por el homicidio de Pablo Gutiérrez.
De 2016:
- Melisa Morales por el asesinato de Jazmín Gopar.
- Omar Estrada, Roberto Carbajal y Esteban Betancourt por el asesinato de María Heriberta Dora Olguín de la Fuente.
También detuvieron a Agustín Luna por el asesinato de un hombre en 2014, y reportaron la captura de Octavio Leal Hernández en marzo de 2017 por homicidios en Tijuana, pero no indican cuáles.
Respecto a los tiempos que tardan en concluirse los pocos expedientes que llegan a término, los hechos muestran un año como mínimo, pero se trata de los juicios abreviados donde los asesinos confiesan para obtener penas mínimas en un delito penado hasta con 50 años de prisión. En los recientes 60 días se han dado algunos ejemplos:
La Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) informó a través de comunicado que el 1 de marzo, en “juicio abreviado”, Antonio “N” recibió sentencia por 15 años por haber asesinado -el 19 de junio de 2016, once meses atrás- a un hombre con un cuchillo y haber lesionado a otro.
En otro “juicio abreviado”, del 31 de marzo, dictó sentencia de 17 años de prisión en contra de Fidel “N”, quien el 20 de junio de 2016, asesinó a puñaladas a un varón frente a su esposa en el Cañón de las Carretas.
Los tiempos en lo que queda del viejo sistema son más amplios e impunes. Joel Iván Olmedo “El Osek”, cuya detención se anunció el 18 de mayo, era buscado desde 22 de abril de 2015 como presuntos responsable del asesinato de un hombre frente a varios familiares suyos. Caso similar al de Lucio “N”, detenido apenas el 19 de mayo por participar, el 9 de octubre de 2015, en el homicidio-linchamiento de un hombre señalado como violador, al cual no se le comprobó cargo alguno.
Narcotraficantes de “El Chapito Isidro” en lista negra de EU
Identificada como una de las organizaciones responsables de la epidemia de heroína en Estados Unidos, la familia Ruelas Torres, al servicio de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapito Isidro” del Cártel de Sinaloa, se anexó a la lista de narcotraficantes extranjeros sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
A través de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras (Kingpin Act), la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, congela los bienes de los narcotraficantes señalados y prohíbe a ciudadanos estadounidenses mantener negocios o realizar transacciones con ellos.
El 24 de mayo, esa agencia norteamericana anunció que diez miembros de la organización delictiva identificada como Ruelas Torres, liderada por José Luis Ruelas Torres e integrada por sus hijos y demás familiares, conforma una de las principales redes de manufactura, tráfico y distribución de heroína en Estados Unidos, así como de lavado de dinero.
“Esta acción dificultará su habilidad de transferir y usar las ganancias ilegales de esta actividad”, precisó el secretario del Tesoro, Steve T. Mnuchin.
Según información dada a conocer por el gobierno estadounidense, la familia Torres Ruelas produce la heroína en Sinaloa y se encarga de su distribución a lo largo de la Unión Americana, en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Phoenix, Sacramento y Detroit.
Una acusación radicada en la Fiscalía de Distrito de Colorado, en 2015, señaló por primera vez a Ruelas Torres y a su hijo Joel Efrén Ruelas Ávila de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Por medio de dos agencias de envío de dinero, el líder de la célula delictiva depositaba grandes cantidades de efectivo para hacer transferencias electrónicas que se cobraban en México.
Conforme las agencias federales investigaron los depósitos, encontraron que se trataba del dinero producto de la venta de heroína.
La acusación también señalaba a Héctor Librado Rivera Sandoval, Toribio Alberto Lugo León y José Carlos Bazzara Aceves por narcotráfico, y a María de Jesús Espinoza Rodríguez por cargos relacionados con drogas y lavado de dinero.
A todos ellos se les congelaron bienes en Estados Unidos, así como a tres hijos más del líder de la organización: Jesús Ángel Ruelas Ávila, José Luis Ruelas Ávila y Leobardo Ruelas Ávila, además de Gilberto Ruelas Torres y Sigi Alfredo Mondaca Ávila. Inés García
